La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, hizo un llamado al gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, para que garantice los recursos de la entidad en 2027 y mantenga la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz.
La advertencia se da después de que el mandatario electo anunciara su intención de cerrar o modificar varias entidades relacionadas con ese proceso.
Durante la presentación del balance de gestión de la ARN, Miller señaló que la principal preocupación de la entidad es la financiación para el próximo año. “Durante este año la ARN sigue funcionando con el presupuesto que le fue asignado para 2026, pero esperaríamos que para 2027 se sostenga no solamente el presupuesto, sino la institución como tal”, afirmó Miller.
La directora recordó que la implementación del Acuerdo de Paz no depende de la voluntad de un gobierno en particular, sino que constituye un compromiso del Estado colombiano, consignado en su Constitución.
“El gobierno que no cumpla con el Acuerdo y con su implementación es un gobierno que rompe la institucionalidad de este país”, afirmó.
Además del llamado presupuestal, Miller pidió al gobierno entrante frenar los mensajes que, según dijo, estigmatizan a los excombatientes que continúan en el proceso de reincorporación. “El 85 % de los firmantes siguen comprometidos diez años después con su palabra, con lo que firmaron. Están aquí haciendo su proceso de reincorporación, construyendo paz, democracia y reincorporación”, señaló Miller.
La funcionaria agregó que no se deben reproducir narrativas en las que se compate a los firmantes con las disidencias de las FARC. Además, la directora de la ARN dijo que solo un porcentaje “muy marginal” volvió a las armas, mientras que la mayoría permanece en la vida civil, pese a que ya han sido asesinados 500 firmantes del Acuerdo.
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Finalmente, Miller pidió preservar la institucionalidad creada para la implementación del Acuerdo de Paz y moderar los discursos que presentan de manera generalizada a las entidades del Estado como corruptas o ineficientes.
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