Si Colombia hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la violencia, el país tendría que quedarse callado durante más de 19 años. Esta impactante cifra abrió las discusiones de un gran Congreso Internacional organizado para revisar qué ha pasado a 10 años de la firma del Acuerdo de Paz.
Con un registro oficial que ya escala a las 10.370.000 víctimas, el evento dejó claro que, aunque la pobreza multidimensional en los municipios PDET bajó del 39.8% en 2018 al 24.4% en 2024, una reducción de 7.8 puntos frente al promedio nacional, gracias a 21.861 iniciativas locales impulsadas por más de 200.000 ciudadanos, las deudas con la gente del campo todavía son enormes.
Por el lado de los avances del agro y los derechos, se destacó la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto especial de protección, y el Acto Legislativo 01 de 2025, que declaró la alimentación como un derecho humano. En conectividad, se logró el 100% de las cabeceras PDET con redes de alta velocidad, el acceso a internet en hogares rurales subió del 41% al 56% en un año y se instalaron centros digitales en 14.000 escuelas rurales.
Además, en justicia transicional la JEP dictó sus primeras sanciones y el primer fallo por secuestro contra el antiguo secretariado de las FARC, se reconoció a más de 4.000 desaparecidos. También se resaltaron el Estatuto de la Oposición, las 16 circunscripciones de paz y que más del 85% de los 12.000 firmantes desmovilizados siguen firmes en el proceso.
La otra cara de la moneda la puso la Contraloría al alertar sobre los graves retrasos en la Reforma Rural Integral. De los 7 millones de hectáreas que se deben formalizar, se han logrado 3.25 millones, el 46%. Sin embargo, lo más preocupante es el Fondo de Tierras: de las 3 millones de hectáreas prometidas para entregar, solo se han adjudicado 107.099 hectáreas, a este paso, el Estado tardaría 47 años en cumplir.
Además, de 282.900 hectáreas entregadas entre 2023 y 2025 pese a tener recursos por más de $8.2 billones, el 56.5% no se ha registrado en las oficinas de instrumentos públicos, dejando a los campesinos en la inseguridad jurídica. Tampoco hay apoyo para producir: solo el 2% de los beneficiarios recibe asistencia técnica, menos del 1% cuenta con proyectos productivos PIDAR y apenas el 6.11% accede a créditos y seguros agropecuarios.
El Congreso también criticó con dureza en qué se gasta la plata a través del OCAD Paz, una bolsa de $14.05 billones de pesos repartida en 1.464 proyectos. La Contraloría denunció que el 91% del dinero se concentró en solo cuatro sectores tradicionales: transporte devoró $6.45 billones, 593 proyectos, más del 40%; vivienda, ciudad y territorio se llevó $2.2 billones, 268 proyectos; agricultura y desarrollo rural obtuvo $2.06 billones, 148 proyectos; y minas y energía recibió $2.05 billones, 302 proyectos.
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Esta inversión se concentró en regiones específicas: Antioquia lidera con 117 proyectos ($1.29 billones), seguido por Caquetá con 103 proyectos ($1.03 billones), Cesar (98 proyectos), Putumayo (98 proyectos), Córdoba (98 proyectos), Cauca (más de $1 billón) y Bolívar (cerca de $973.000 millones). El ente de control advirtió que se está usando el nombre de la "Paz" para financiar obras públicas comunes, quitándole el presupuesto a la salud rural, las escuelas y la reactivación productiva.
Como gran conclusión del encuentro, la Contraloría y los expertos dejaron claro que el verdadero desafío de la próxima década para consolidar la paz no consiste únicamente en seguir asignando millonarios presupuestos. El éxito real del proceso depende de la capacidad del Estado para coordinar de manera eficiente sus instituciones y erradicar la corrupción que desvía los fondos.
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