La Contraloría General de la República alertó que la implementación del acuerdo de paz corre el riesgo de quedarse sin recursos. Aunque se han invertido cerca de $100 billones de los $138,1 billones previstos para 2025, la plata no alcanza para cumplir lo pactado y hoy solo se ha cumplido el 57 % de los indicadores.
Fabio Alberto Alzate, contralor delegado para el posconflicto, advirtió que existe una brecha económica estructural debido a que el componente financiero no se ha actualizado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que provocó que se calcularan mal y se subestimaran por completo los costos reales de la ruralidad dispersa y de las zonas más golpeadas por la violencia.
Al hacer un balance a largo plazo, la entidad reveló que, si bien entre 2017 y 2026 el esfuerzo fiscal del Estado suma la ejecución de $138 billones de pesos, esta cifra apenas cubre el 37 % de las necesidades financieras reales estimadas para lograr una transformación integral.
El sector rural es el que concentra la mayor cantidad de dinero, absorbiendo $102,4 billones, el 74 % de la inversión total. Sin embargo, la Contraloría denunció que este presupuesto rinde a un ritmo alarmantemente lento, por ejemplo, a pesar de que entre 2023 y 2025 se asignaron más de $8,2 billones de pesos para la reforma en el campo, del Fondo de Tierras solo se ha ejecutado financieramente el 3,5% de la meta comprometida.
El informe financiero destaca además una peligrosa dependencia económica de una sola fuente. El 67 % de los recursos invertidos en el acuerdo provienen directamente del Presupuesto General de la Nación, una cifra que se disparó hasta el 76% en el periodo de 2023 a 2026. En contraste, otras vías de financiación claves diseñadas desde el principio, como la cooperación internacional, el programa de obras por impuestos y las recaudaciones regionales, han perdido fuerza o son marginales.
Ante este panorama, Alzate señaló que es urgente revaluar el costo total de la paz, definir de dónde saldrá la plata faltante y abrir la discusión para crear un impuesto exclusivo para cubrir el billonario déficit.
Publicidad
Otra de las grandes alertas por el manejo del dinero se encuentra en los recursos del OCAD Paz, una bolsa presupuestal que acumula $14,05 billones de pesos distribuidos en 1.464 proyectos aprobados. De acuerdo con el ente de control, el 91% de esta millonaria cifra se concentró de forma masiva en solo cuatro sectores tradicionales, devorando el sector de transporte $6,45 billones de pesos, más del 40% del total.
El contralor delegado cuestionó fuertemente esta distribución del gasto, señalando que se corre el riesgo de usar el dinero etiquetado para la "Paz" en financiar obras de infraestructura convencional y corriente, desplazando el presupuesto que debía ir directo a la salud, la educación rural y la reactivación productiva.
Finalmente, se destapó que el dinero de la paz está sufriendo graves pérdidas por mala ejecución, sobrecostos y contratos mal planeados. Tras realizar auditorías a 170 entidades encargadas de manejar estos fondos entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República detectó 276 hallazgos con incidencia fiscal directa.
Publicidad
La cuantía del dinero público que se perdió, se desvió o se ejecutó de forma irregular bajo la bandera del posconflicto ya supera la alarmante suma de $1,1 billones de pesos, dejando en evidencia que el verdadero desafío financiero del país ya no es solo asignar presupuestos, sino frenar el desperdicio de los recursos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.