El trámite del proyecto de ley de ajuste y rescate fiscal propuesto por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella afronta un ambiente de alta tensión política en el Congreso de la República. En el marco de los preparativos para la cumbre de las comisiones económicas en Barranquilla, el senador Christian Garcés, integrante de la Comisión Tercera del Senado por el Centro Democrático, ratificó la postura unificada de su colectividad frente a las pretensiones fiscales del Ejecutivo.
Reducción del gasto como condición innegociable
Frente al déficit de cerca de 90 billones de pesos argumentado por la administración nacional, la bancada de oposición ha supeditado cualquier análisis de nuevos tributos a una reestructuración profunda del presupuesto estatal. Según explicó el congresista, tras una extensa jornada de trabajo de seis horas con el expresidente Álvaro Uribe, tributaristas y expertos, el partido acordó que la prioridad absoluta debe ser frenar el gasto burocrático antes de tocar el bolsillo de los ciudadanos.
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En palabras textuales del senador Garcés: "Centro Democrático lo ha estado diciendo y se mantiene en su posición firme de que aquí debe haber máximo de reducción de funcionamiento". Asimismo, enfatizó que este ajuste presupuestal debe cobijar a la totalidad de las ramas e instituciones del poder público: "Yo creo que el apretón del gasto de funcionamiento no se puede quedar en el gobierno central únicamente. Yo creo que aquí nos toca ver es todo el estado completo, o sea, estamos hablando de órganos de control, justicia, Congreso de la República".
El legislador cuestionó que actualmente el 62% del presupuesto nacional se destine a gastos de funcionamiento y apenas un 14% a la inversión.
Alertas por el golpe a la economía familiar y la viabilidad técnica
Uno de los ejes centrales de la preocupación opositora radica en el impacto que las medidas tributarias tendrían sobre los sectores de ingresos medios y el tejido empresarial. Garcés advirtió que gravar servicios esenciales como la medicina prepagada representaría una carga desproporcionada para los hogares.
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Al respecto, manifestó: "En las personas de altos ingresos porque tienen un salario bueno, hay personas que con la prepagada cubren no solamente su salud, cubren la de la esposa, la de los hijos, la de los papás y hasta los abuelos. Y ahora esas personas, ¿cuánto van a quedar pagando? Un millón más, 1,5 millones más. Y eso no golpea una familia, eso tenemos también que revisarlo".
De igual manera, el parlamentario puso en duda la efectividad práctica de la devolución del IVA como mecanismo de compensación social. "Ese es un tema grueso que hasta el momento no ha convencido, yo creo que a todo el Congreso, no solamente a Centro Democrático", aseveró, señalando las severas dificultades logísticas que afrontaría una habitante de zona rural en municipios golpeados como Buenaventura para tramitar y recibir dichos reembolsos.
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Respecto a los tiempos legislativos para la eventual aprobación de la norma antes del 31 de diciembre, el congresista descartó posturas de rechazo automático pero garantizó que no se aprobarán reformas de manera apresurada ni improvisada. "A la carrera nosotros no vamos a probar algo que afecte el bolsillo de los colombianos o las empresas. Eso no lo vamos a hacer", puntualizó.
Escuche aquí la entrevista: