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La iniciativa establece un agravante al delito de falsedad personal cuando se utilicen tecnologías como los deepfakes para suplantar identidades. Se busca aumentar la multa en una tercera parte como mecanismo efectivo para la reparación del daño.
El objetivo principal de esta medida es que el infractor compense a la víctima, especialmente en delitos donde el perjuicio es económico y reputacional, como ocurre con la suplantación de identidad. Al enfocar la sanción en una multa reforzada, se busca garantizar una reparación proporcional, disuadir la conducta delictiva y responder a una amenaza creciente en el entorno digital.
"Esta ley no regula la inteligencia artificial; protege a las personas del uso malicioso de esa tecnología", dijo la representante Marelen Castillo. La preocupación radica en el uso indebido de herramientas de IA para replicar la imagen, voz o cualquier rasgo de una persona sin su consentimiento, lo que representa un riesgo real para la privacidad y la fe pública.
El proyecto surge como respuesta a la rápida evolución tecnológica y la necesidad de que la legislación avance al mismo ritmo. Según sus autores, no se puede esperar a que la IA sea estudiada en una comisión a largo plazo mientras ya está siendo usada con fines delictivos.
Con esta decisión, Colombia se posiciona entre los países que comienzan a responder de forma concreta a los riesgos legales y sociales derivados del avance tecnológico. Según sus defensoras, la norma refuerza la necesidad de adaptarse con agilidad y responsabilidad a los cambios del entorno digital, sin limitar el desarrollo tecnológico, pero sí cerrando la puerta a su uso criminal.
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