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En medio de la creciente polémica con la llamada ‘ley mordaza’, hay dos caminos: aprobar la conciliación, incluido el polémico artículo que algunos sectores han advertido limitaría los derechos a la libertad de expresión y de prensa, o negarla, con lo cual, sin embargo, se archivaría la totalidad de la ley.
El senador Carlos Abraham Jiménez, conciliador en Senado y quien junto al representante César Augusto Lorduy tienen la responsabilidad de elegir si acogen el texto de Senado o el de Cámara, ambos de gran controversia, dijo a BLU Radio que la decisión anunciada por el presidente de objetar esa disposición es la salida más “salomónica”, porque se pondría punto final a la polémica, pero salvando el resto del articulado de la ley anticorrupción.
“Nos alegra que el presidente lo coloque, porque evita que los conciliadores caigamos en una ilegalidad. Hace ocho años, aproximadamente, los conciliadores de la reforma a la justicia intentaron modular algunos artículos y eso fue lo que les provocó una denuncia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Con este trino del presidente da tranquilidad a todos los colombianos de que ese artículo va a ser objetado por él y claramente el Congreso lo acogerá”, dijo.
Entre tanto, el senador Guillermo García Realpe, uno de los autores del llamado ‘mico’, dijo que va a pedir que el artículo no quede en la conciliación que votarán la próxima semana.
“Requiero formalmente a los conciliadores, conforme el artículo 161 de la Constitución Política y 186 y siguientes de la Ley 5 de 1992, excluir completamente este artículo del texto final de conciliación. Para tranquilidad de todos los colombianos y especialmente de los medios de comunicación”, argumentó Realpe.
El congresista agregó que, de no acoger su petición, votará negativo el artículo o, de ser necesario, todo el informe de conciliación del proyecto de ley.
Fuentes del Congreso señalaron, sin embargo, que el procedimiento indica que se debe escoger ya sea el texto de Senado o el de Cámara, pero no se puede modificar o eliminar en este punto ningún artículo.
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En ese orden, la salida más viable sería la aprobación de la conciliación, que posteriormente el presidente objete el artículo y el proyecto regrese al Congreso. En caso contrario será la Corte Constitucional, donde empezarían a llegar demandas, quien tenga la última palabra.
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