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Por cerca de nueve horas y bajo la oscuridad de la noche y la madrugada, el Congreso de la República evacuó las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional para discutir dos proyectos claves: la adición presupuestal y la definición de la fórmula para calcular el número de diputados en las asambleas departamentales en todo el país.
La iniciativa que agrega $1,6 billones de pesos al presupuesto de 2023, producto del recaudo de la reforma tributaria, tiene previsto la destinación de recursos en los sectores de educación ($2,2 billones de pesos), salud ($2,03 billones), Vivienda ($1,5 billones), Transporte ($1,4 billones), minas y energía ($1,4 billones), agro ($1,3 billones), Policía ($1 billón), entre otros.
El debate estuvo centrado no tanto en la ponencia mayoritaria y que debió ser votada tal cual, porque tenía aval del Ministerio de Hacienda y cumplir la regla fiscal, sino en una ponencia alternativa presentada por el senador Miguel Uribe, quien sostuvo que como gran parte de los recursos irán dirigidos a funcionamiento, el Gobierno mintió con los propósitos de la reforma tributaria.
Pero también la polémica estuvo centrada por tres micos: el primero, denunciado por la senadora Paloma Valencia, de que metieron un párrafo que establece que los excedentes en materia de salud en los departamentos y municipios sean a estrategias de atención primaria, imponiendo los preceptos de la reforma a la salud; el segundo, el giro de 1 billón de pesos para los sistemas de transporte público del país como TransMilenio, el Mio o el Metro, condicionado a que se renegocien los contratos con los operadores privados; el tercero, denunciado por el senador Miguel Uribe, que alertó porque al programa “Mi Casa Ya” le van a quitar casi 1 billón de pesos para crear un nuevo rubro de mejora de viviendas en el país.
El otro problema que varios congresistas identificaron, especialmente de la región caribe, tiene que ver con el déficit que tendría la asignación de subsidios para el servicio de energía para los estratos 1, 2 y 3. Así mismo, los 16 representantes de las curules de paz discutieron al Gobierno que no se les agregaron 500.000 millones de pesos al presupuesto de víctimas, en un acto que consideraron un desprecio hacia ellos.
Sumado a la adición presupuestal, tanto las plenarias de Cámara y Senado aprobaron con mucha prontitud el proyecto que determina el número de diputados en el país y que resuelve un vacío jurídico por cuenta de una ley de 2022 que derogaba el decreto regulatorio de 1986.
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La norma aprobada establece que los departamentos con menos de 300.000 habitantes tendrán asambleas de 11 diputados y si superan esa cifra, se pondrá un diputado más por cada 150.000 habitantes, hasta llegar a 31 diputados, límite máximo establecido por la Constitución.
El proyecto también establece que, cada vez que se apruebe un nuevo censo, este número de diputados crecerá proporcionalmente en cada departamento hasta completar el número de 31 diputados; sin embargo, el Congreso aprobó un parágrafo que determina que, para las elecciones regionales de 2023, se mantendrá el mismo número de diputados elegidos en los comicios de 2019
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