A pocos días de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, continúa la controversia por varios nombramientos en notarías del país, firmados por la ministra de Justicia (E), Cielo Rusinque, quien además ejerce como superintendente de Industria y Comercio.
La discusión se centra en designaciones realizadas bajo la figura de interinidad, mecanismo que permite ocupar temporalmente una notaría vacante cuando el cargo no puede proveerse mediante concurso o lista de elegibles, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio.
Uno de los casos que ha generado cuestionamientos corresponde a la Notaría 61 de Bogotá, donde fue designado el abogado José Gregorio Beltrán Pérez, quien ocupará la vacante dejada por Pablo Méndez Barajas y actualmente designada en encargo a la notaria Oriana Ospina.
El documento lo justifica por la ausencia de una lista de 2016 con elegibles vigentes, la cual caducó en julio de 2018. "Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018”,.
Abogados consultores cercanos a los procesos notariales denuncian que estos nombramientos podrían desconocer los principios que rigen el acceso a las notarías, al explicar que los notarios no son funcionarios de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo y que, por mandato constitucional, estos cargos deben ser ocupados mediante concurso de méritos.
Señalan que la intervención del Gobierno Nacional únicamente procede de manera excepcional cuando existe un vacío que pueda afectar la continuidad del servicio.
Los expertos cuestionan que, en el caso de la Notaría 61, no existiría una interrupción en la prestación del servicio que justificara un nombramiento en interinidad.
Publicidad
Según explican, la notaría venía funcionando con normalidad y no se presentaban circunstancias que hicieran necesaria una designación excepcional por parte del Gobierno.
Adicionalmente, quienes han denunciado la situación sostienen que la funcionaria que venía ejerciendo la labor notarial es madre cabeza de familia y tendría una condición que la convierte en sujeto de especial protección constitucional.
La rapidez con la que se han expedido estos actos administrativos ha llamado la atención debido a la cercanía del cambio de gobierno entre Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo De La Espriella, en medio de un ambiente de cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en los últimos días de la actual administración.
Publicidad
La polémica por los nombramientos en notarías ya había generado consecuencias dentro del Gobierno. Uno de los episodios más relevantes fue la salida del entonces ministro de Justicia, Iván Cuervo, quien manifestó públicamente su desacuerdo con que la Presidencia mantenga injerencia para designar notarios y propuso trasladar esa competencia a un órgano colegiado, con el fin de garantizar mayor independencia y transparencia en estos procesos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.