La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación priorizar las investigaciones sobre los hechos denunciados por la joven Deicy Jiménez, quien aseguró que el expresidente Gustavo Petro presuntamente habría ofrecido contratos estatales a cambio de favores sexuales. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, afirmó la defensora.
Marín también señaló que las autoridades deberían actuar con autonomía e independencia y garantizar la protección de las posibles víctimas. “Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, dijo Marín.
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El pronunciamiento se produjo después de que Deicy Jiménez denunciara en la revista Semana que presuntamente habría recibido contratos en distintas entidades del Estado por recomendación de quien entonces era el presidente de la República, Gustavo Petro. “Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero. En el Senado, con María José Pizarro. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, afirmó Jiménez.
La denunciante también aseguró que habría tenido contratos en otras entidades del Estado. “En el Ministerio del Interior. Con Armando (Benedetti, el entonces ministro del Interior) nunca hablé. Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima”, afirmó. Según el relato de Jiménez, estas vinculaciones laborales se habrían extendido durante aproximadamente cinco años.
Sobre las condiciones en las que presuntamente habría obtenido los contratos, Jiménez sostuvo que estos habrían estado relacionados con favores sexuales. “Él usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, aseguró. Según su versión, no habría sido la única mujer que habría mantenido este tipo de relación con el expresidente.
“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, afirmó. Jiménez también señaló que algunas de las mujeres que, según ella, habrían sido contratadas durante la anterior administración continuarían trabajando en entidades públicas. “Sí, incluso antes de salir (de la Presidencia) las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares”, aseguró.
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La denunciante también manifestó que, presuntamente, se habría tratado de mujeres jóvenes, muchas de ellas vinculadas al trabajo como modelos webcam y, en su mayoría, bachilleres. Sostuvo que algunas habrían recibido amenazas para evitar que hablaran sobre los hechos que ella denuncia. “Había unas mujeres amenazadas por él. De muerte, seguramente para que no hablen. Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero”, afirmó Jiménez.
En la misma entrevista con Semana, la joven aseguró que, supuestamente, el dinero utilizado para pagar esos encuentros no habría salido del patrimonio personal del expresidente, sino de recursos del Estado. “El sexo no lo pagaba con su propio sueldo. No, de su bolsillo no”, afirmó.
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Al referirse a los encuentros que, según su relato, habría sostenido con Petro, Jiménez afirmó que presuntamente habrían estado relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. “Aparte del romance, cosas como drogas. Todo, pero en especial cocaína”, señaló.
También aseguró que, cuando Petro todavía era senador, le habría pedido que le comprara drogas y le habría entregado dinero para hacerlo. Según su versión, el expresidente habría sabido que las sustancias serían adquiridas a una banda criminal. “Él me dio plata, en efectivo, tres millones de pesos. La traje por el aeropuerto”, afirmó.
Entretanto, después de que Jiménez solicitara protección al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por temor a posibles represalias tras sus declaraciones, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) pusieron en marcha una ruta para evaluar y atender sus necesidades de seguridad. Ambas entidades confirmaron este domingo, 25 de octubre, que la medida tenía como propósito salvaguardar la vida y la integridad de la denunciante.