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El abogado Mauricio Pava, quien defiende al exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, anunció en BLU Radio que presentará un recurso ante organismos internacionales con el que buscará que la Fiscalía no se tome los 120 días que tiene por ley para presentar el escrito de acusación.
En otras palabras, lo que se busca es que el juicio empiece y termine antes de elecciones presidenciales.
“Es irrazonable que la Fiscalía se demore 120 días en acusar después de una investigación de 5 años. Que presenten la acusación la semana entrante, esto evita que el juicio coincida con las elecciones a la presidencia el año entrante. El control de convencionalidad puede ser directo, concentrado o difuso. Con cualquiera de esos instrumentos internacionales queremos exigirle a la Fiscalía que no se tome un tome un plazo irrazonable así la ley lo consagre”, dijo el abogado.
Además, dijo que el crédito por el cual es investigado Fajardo, “ofrecido por Findeter, diseñado por Findeter y tomado por Antioquia, se explicará en mucho menos tiempo que lo que se tomó la fiscalía en la imputación”.
Este miércoles, la Fiscalía le imputó cargos a Fajardo como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por las presuntas irregularidades encontradas en un contrato suscrito entre el departamento de Antioquia y el banco Corpbanca S.A., durante su gestión al frente del departamento el 5 de diciembre de 2013.
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Según la Fiscalía, Fajardo fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito que terminó ocasionando un supuesto detrimento al departamento por casi 320.000 millones de pesos.
Dice el ente acusador que el contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos, que en el momento del empréstito el dólar se cotizaba en 1.926 pesos, pero ya en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos y que, por lo tanto, el departamento pasó de una deuda de 600.000 millones de pesos a una de cerca de 1.2 billones de pesos colombianos.
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