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El Ministerio de Hacienda salió a defender su proyecto de ley sobre el impuesto predial en Colombia, luego de la avalancha de críticas que desató al conocerse la noticia.
Según la entidad, el proyecto no busca propiciar aumentos en el impuesto predial sino al contrario: ponerles un límite. El impuesto predial aumentará en unos 128 municipios por cuenta de la actualización de los avalúos catastrales que está haciendo el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), pues en varios de esos municipios las viviendas y predios aún tienen avalúos de principios de siglo.
“El proyecto de ley que se está radicando en el Congreso es un alivio a los contribuyentes cuando los municipios les liquiden el impuesto predial”, dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
“La construcción de este sistema de alivios lo que le da es claridad y transparencia a los consejos municipales y a las alcaldías para que no presionen el pago del impuesto predial, aunque el avalúo catastral esté al día”, dijo el funcionario.
El proyecto establece un límite de incremento de máximo del 300 % anual para los predios de mayor valor. Con las leyes actuales no hay ningún límite y la actualización del catastro puede hacer que la gente pague 20 o 50 veces más.
Esos límites se aplican a los municipios que no habían actualizado su catastro en los últimos cinco años. La mayor parte de los municipios más poblados y grandes ciudades del país, como Bogotá, actualizan su catastro con frecuencia y de ahí que el predial suba año a año.
A pesar de las explicaciones del Gobierno, hay molestia entre los gremios por el anuncio del proyecto de ley.
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Para Camacol, el gremio de las constructoras de vivienda, lo único que haría este proyecto es profundizar la ya grave crisis que vive el sector.
“Los colombianos no aguantamos más impuestos improvisados y confiscatorios, que afectan seriamente la iniciativa privada, la inversión, el empleo y el derecho de propiedad”, dijo por su parte el presidente de Fenalco Jaime Alberto Cabal.
La actualización del catastro en Colombia es parte del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc y forma parte de la reforma rural integral. También es una de las puntas de lanza de la reforma agraria que impulsa el gobierno de Gustavo Petro.
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Al actualizar los catastros, las alcaldías de los municipios más afectados por el conflicto y las zonas rurales recibirán más recursos. Además, al causar mayores impuestos sobre la tierra se espera que se incentive su uso productivo porque tenerla sin hacer nada con ella saldría mucho más costoso que en la actualidad. Los dueños de grandes extensiones de tierra en Colombia no solamente tendrán que pagar más impuesto predial, sino que además podrían terminar pagando más impuesto de renta.
El proyecto de actualización del catastro avanzó en el Gobierno anterior en algunos municipios, pero el plan es hacer una actualización masiva en 128 municipios priorizados por el gobierno este año. Esa iniciativa no solo se está llevando a cabo con plata del gobierno nacional sino también con recursos que los donantes internacionales han aportado directamente a la iniciativa y a la implementación del acuerdo de paz.
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