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¡Es un hecho! Prorrogan por 10 años Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

La prórroga había sido aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre y con ella la ley estará vigente hasta el 10 de junio de 2031, detalló el presidente Iván Duque.

345901_Ley de Víctimas // Foto: AFP
Ley de Víctimas // Foto: AFP

El presidenteIván Duque, sancionó este viernes una prórroga por diez años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está vigente desde el 2011 y permite indemnizar a los civiles afectados por la confrontación y la devolución de terrenos usurpados a los campesinos.

La prórroga había sido aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre y con ella la ley estará vigente hasta el 10 de junio de 2031, detalló la Presidencia.

La nueva Ley, que ahora será reconocida como 2078 del 8 de enero de 2021, modifica la Ley 1448 de 2011 'por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones'
Dice

En ese sentido, la nueva norma determinó que "el Gobierno Nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas".

Igualmente, el Congreso deberá pronunciarse sobre la ejecución y cumplimiento de esta norma un año antes de que se venza, agregó la información.

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Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretende reparar las pérdidas materiales y morales de los afectados por el conflicto armado en Colombia, que se estima son más de 8,7 millones de personas.

La iniciativa fue firmada en junio de 2011 por el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una ceremonia en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo, y que tuvo como testigo de honor al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

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En diciembre de 2019, la Corte Constitucionalamplió la vigencia de la ley, que culminaba en junio de este año, al estudiar una demanda presentada por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, que aseguraban que la finalidad de la norma no estaba cumplida y que también afectaba la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farcen noviembre de 2016.

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