Por primera vez desde que asumió el poder, el gobierno de Abelardo De La Espriella objetó una ley aprobada por el Congreso, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
Se trata de un proyecto de autoría del entonces representante a la cámara y actual senador Hernán Cadavid, que busca impedir que las entidades públicas disminuyan los requisitos mínimos para acceder a cargos de nivel directivo.
Dentro de las razones de inconstitucionalidad, la Presidencia cuestiona que para reducir requisitos sea necesario un concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Según la carta, esto terminaría dándole a ese tribunal un papel que va más allá de su función.
“Al erigir su concepto en un requisito de procedibilidad habilitante e inexcusable para expedir un acto administrativo particular, el Legislador le atribuye funciones de coadministración y control previo activo desnaturalizando su condición de órgano consultivo supremo”, señala el documento.
El Gobierno también sostiene que la prohibición de disminuir requisitos hacia el futuro podría limitar las facultades del Ejecutivo para ajustar los perfiles de los cargos según las necesidades de cada entidad.
“El legislador incurre en una grave extralimitación competencial cuando pretende imponer una prohibición rígida e inmutable de no disminución de requisitos mínimos' hacia el futuro, incurriendo en una auto-atadura o petrificación legislativa inadmisible”, dice la objeción.
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En cuanto a la inconveniencia, el gobierno advierte que la norma podría hacer más lento el funcionamiento de la administración, porque antes de modificar los requisitos sería necesario cumplir varias etapas.
“Exigir de manera concurrente tres etapas previas (estudios de la entidad, estudios del DAFP y concepto vinculante de la Sala de Consulta del Consejo de Estado) paralizará la conformación de los cuadros directivos, demorando meses la ejecución de proyectos prioritarios para el país”, sostiene la carta.
La decisión generó controversia en el Centro Democrático, colectividad que impulsó la iniciativa. Hernán Cadavid calificó de “desconcertante” la objeción y defendió el propósito de la ley.
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“El proyecto tiene como propósito evitar que arbitrariamente los gobiernos disminuyan los requisitos para los cargos de importancia a nivel central. No podemos entender las razones de supuesta inconveniencia, inconstitucionalidad o de supuesta parálisis al Gobierno de Colombia. Lo que pedimos es que haya una mayor diligencia en el momento en que se considere que es necesario bajar el requisito de algún perfil del Gobierno Nacional”, afirmó Cadavid.
El senador anunció además que defenderán la iniciativa cuando las objeciones sean discutidas nuevamente en las plenarias de Senado y Cámara.
“Privilegiar el mérito no es paralizar al Estado. Buscar mayores formas de control no es inconveniencia, y contar con la armonía y participación de otros entes del Estado no es inconstitucionalidad. Vamos a defender nuestro proyecto que consideramos necesario para preservar el mérito en la administración pública en Colombia”, agregó.
Por su parte, la senadora María Clara Posada aseguró que las objeciones “no tienen fundamento alguno”. Según explicó, el concepto del Consejo de Estado no sería vinculante y la administración podría apartarse de él.
“La potestad nominadora implica que el Presidente puede designar libremente a quien considere para un cargo directivo, siempre y cuando cumpla el perfil académico y profesional que exige la Ley. Aceptar el argumento del Gobierno, conllevaría a eliminar todos los requisitos de estudio y experiencia para los cargos directivos porque "hace lenta la administración". Bajo esa premisa, bien podrían nombrar un pintor como Presidente de Ecopetrol”, afirmó Posada.
El Representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, calificó la decisión como “un enorme error” y aseguró que desde la Cámara están listos para defender la ley durante el trámite de las objeciones en el Congreso.
“Mi colega @hernancadavidma lideró la aprobación el periodo pasado de este proyecto de ley que busca prohibir que se reduzcan los requisitos para acceder a cargos públicos. Es un enorme error la objeción que acaba hacer el nuevo gobierno. Esta norma premia el mérito y la preparación. Estamos listos desde la Cámara de Representantes para defender esta norma en el trámite de las objeciones”, escribió Briceño.
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