El Gobierno nacional tiene listo el borrador del nuevo Estatuto Antiterrorista, una iniciativa legislativa que se convertirá en una de sus principales banderas institucionales. Este proyecto de ley comenzará formalmente su trámite en el Congreso de la República, iniciando sus debates en la Comisión Primera del Senado.
Más allá de las listas de organizaciones terroristas
La propuesta preparada por el Ejecutivo no se limita exclusivamente a la creación de listas de organizaciones terroristas. El borrador introduce un catálogo de nuevos delitos y contempla un incremento sustancial en las penas para combatir diversas conductas ilícitas.
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Este proyecto es que tendrá un sistema de listas para incluir en ellas a las organizaciones consideradas terroristas. Es importante aclarar que se aplicarán las normas del Derecho Internacional Humanitario y se especificarán cuáles serán las organizaciones sobre las cuales habrá superioridad aérea, es decir, que podrán ser bombardeadas. En este punto se tendrán en cuenta todos los protocolos internacionales y jurídicos.
Sanciones a tecnologías ilícitas y agresiones a la fuerza pública
Dentro de las nuevas conductas tipificadas, el proyecto sanciona de manera severa la fabricación, compra o transporte de drones con fines ilícitos, estableciendo condenas que podrían llegar hasta los 30 años de cárcel.
En lo relativo a la protección de los uniformados, la iniciativa dispone que quien retenga a un policía o militar en servicio tendrá una pena básica de un año a tres años de cárcel. Esta sanción privativa de la libertad se duplicará automáticamente en caso de que la retención termine beneficiando a una organización terrorista.
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Además todas las tutelas que involucren a esas organizaciones pasarán al Consejo de Estado. Otro punto importante es que habrá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones terroristas y habrá aprehensión de bienes, que es distinto a la extinción de dominio.
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Los delitos cometidos por esas organizaciones tendrán unas penas más altas y también se implementarán mecanismos para perseguir las finanzas de esas estructuras. El proyecto también habla de acciones legales cuando haya asonadas y utilización de la población civil por parte de esas organizaciones.
Penalización para las redes de apoyo a estructuras criminales
El proyecto de ley también fija castigos drásticos contra las actividades de soporte logístico. De esta manera, quien preste apoyo a una estructura criminal, sin participar directamente en los ataques violentos, será castigado con penas que irán de los 13 a los 22 años de prisión.
Tras darse a conocer este borrador del Estatuto Antiterrorista, se determinó aplazar la sesión del Consejo Superior de Política Criminal para el próximo jueves 15 de octubre. Esta reunión de alto nivel estaba citada para llevarse a cabo hoy con la participación de organismos del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades del sector institucional.
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