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Gobierno expidió decreto para liquidar Ministerio de Igualdad: plazo inicial es de un año

La medida convierte oficialmente al Ministerio en una entidad en liquidación y pone en marcha un proceso que, según el decreto, tendrá una duración inicial de un año.

MinIgualdad
Foto: MinIgualdad

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, con el que ordenó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una decisión que se produce luego de que venciera el plazo otorgado por la Corte Constitucional para corregir los vicios de trámite de la ley que creó esa cartera.

La medida convierte oficialmente al Ministerio en una entidad en liquidación y pone en marcha un proceso que, según el decreto, tendrá una duración inicial de un año. Durante ese tiempo se nombrará un liquidador encargado de administrar los bienes, contratos, obligaciones, procesos judiciales y el personal de la entidad, mientras sus funciones son trasladadas a otras carteras o direcciones.

Ministerio de Igualdad
Ministerio de Igualdad
X: @MinIgualdad_Col

Está decisión es resultado de la sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual fue creado el Ministerio de Igualdad. Aunque el alto tribunal encontró irregularidades en el trámite legislativo, decidió diferir los efectos de la decisión por dos legislaturas para evitar un vacío institucional y permitir que el Congreso aprobara nuevamente la iniciativa.

Sin embargo, la iniciativa no logró completar su trámite en el congreso antes de que terminara la legislatura. De hecho, ni siquiera alcanzó a superar su primer debate en senado. Desde el Gobierno se exploró la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para intentar culminar el trámite. Sin embargo, no podía hacerlo por ley.

El decreto establece además que varias de las funciones que venía ejerciendo la cartera serán asumidas por otras entidades.

El Ministerio del Interior administrará el Fondo “No es Hora de Callar”, mientras que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras entidades recibirán competencias relacionadas con programas sociales y de cierre de brechas. También se ordenan los ajustes presupuestales necesarios para garantizar la continuidad de esas funciones.

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