Una serie de documentos conocidos tras la salida de la general Sandra Patricia Pinzón de la Policía y que llegaron a entes de control, exponen las razones que habrían estado detrás de su retiro de la institución. La notificación de su salida fue emitida el pasado 15 de julio de 2026, mediante un acto administrativo firmado por el presidente Gustavo Petro, a 23 días del cambio de Gobierno.
De acuerdo con los documentos, la salida de la oficial habría estado relacionada con las posiciones institucionales que mantuvo frente al desarrollo de la política de paz total.
Los textos sostienen que su retiro buscó apartarla de los procesos de auditoría y empalme del Gobierno entrante, así como evitar que trascendieran cuestionamientos sobre la participación de la Policía en algunas decisiones adoptadas durante las negociaciones con grupos armados ilegales.
Los documentos indican que las diferencias entre la general Pinzón, el general William Rincón, director de la Policía, y algunos delegados del Gobierno, comenzaron a profundizarse debido a los criterios jurídicos y operacionales que la oficial defendía en las mesas de negociación.
Entre los episodios descritos aparece su oposición a que uniformados de la Policía brindaran seguridad a caravanas en las que se desplazaban integrantes de grupos armados ilegales sin que existiera claridad sobre los beneficios jurídicos que amparaban su movilidad.
Los documentos señalan que, en varias oportunidades, desde la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz se habría solicitado acompañamiento a personas que no contaban con suspensión de órdenes de captura u otras medidas administrativas derivadas de la política de paz total. Esa postura, según los documentos, derivó en cuestionamientos internos y en explicaciones que la oficial tuvo que entregar por el denominado caso de la “Caravana de la UNP” en Antioquia.
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Otro de los puntos abordados corresponde al caso de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera. Los documentos sostienen que la general Pinzón manifestó su desacuerdo con la decisión de trasladarlo a instalaciones de la Policía Nacional tras su captura por el CTI y la DEA al salir de una sesión de negociación en Bogotá.
Según esa versión, la oficial consideraba que la medida no era procedente desde el punto de vista institucional, aunque finalmente la decisión fue adoptada por la Dirección General.
Los documentos también hacen referencia a las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencias de las Farc). Allí se asegura que la general advirtió sobre el fortalecimiento de esa organización armada durante los ceses al fuego, al señalar un incremento en las extorsiones, el control ejercido sobre la población mediante restricciones a la movilidad, carnetización y toques de queda, además de la expansión territorial de esa estructura criminal. De igual forma, habría cuestionado la ubicación de la Zona de Ubicación Temporal por considerar que podía favorecer intereses militares del Frente 33 frente a la presencia del ELN.
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En relación con el proceso adelantado con las bandas criminales de Medellín, los documentos señalan que la oficial rechazó la participación de la Policía en actos públicos de las negociaciones al considerar que la institución no debía convertirse en un mecanismo para legitimar ese proceso.
Otro de los episodios descritos ocurrió durante las reuniones con la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el corregimiento de Inda Zabaleta, en Nariño.
Según los documentos, integrantes del grupo armado habrían condicionado el despliegue policial, exigiendo que los uniformados permanecieran vestidos de civil o con prendas específicas, sin portar armas largas visibles y limitando su presencia sobre la vía principal. Los escritos sostienen que la general insistió en mantener criterios técnicos de seguridad para proteger al personal policial, postura que habría generado fuertes diferencias con delegados del Gobierno y con la Dirección General de la Policía.
Los documentos también cuestionan la forma en que algunos integrantes de grupos armados recibieron beneficios judiciales para participar como gestores de paz. Según el contenido, varios de ellos abandonaron posteriormente las mesas de negociación y retomaron actividades criminales. Como ejemplo, se menciona a ‘Ángela Izquierdo’ y ‘Óscar Barreto’, quienes, de acuerdo con los escritos, hicieron parte de los diálogos con el Estado Mayor Central y posteriormente integraron el frente 57 ‘Jair Bermúdez’.
Entre los apartes incluidos en los documentos se afirma que la general consideraba que su actuación estaba encaminada a “evitar una instrumentalización de la Policía Nacional, especialmente evitando que se ejecutaran actividades por fuera de la Ley”, criterio que, según los textos, marcó buena parte de sus diferencias con quienes lideraban las negociaciones de la paz total.
Los documentos concluyen señalando que el retiro de la brigadier general Sandra Patricia Pinzón buscó impedir que esas observaciones hicieran parte de los procesos de revisión del Gobierno entrante. En ese sentido, sostienen que una auditoría a la política de paz total podría evidenciar decisiones que, según esa versión, favorecieron el fortalecimiento y la expansión de estructuras armadas ilegales durante los últimos años.
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