Luego de la decisión delos Partidos Conservador y de la U de no respaldar la reforma a la salud, hasta tanto no sean tenidas en cuentas las 133 proposiciones que buscan modificar la ponencia, Blu Radio conoció las denominadas “líneas rojas e inamovibles” que obligaron a estas dos colectividades a apartarse de la votación de la iniciativa.
Según el informe que presentaron los técnicos de los dos partidos, frente al documento final que elaboró elGobierno nacional, se mantiene la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del sistema y del país debido a que se mantiene el modelo que pretende que no existan contratos y que la población acceda a los servicios sin ningún filtro ante cualquier prestador de servicios de salud del país
Otra de las advertencias sobre la reforma por parte de los conservadores y la U es que el gasto en salud podría pasar de 72 millones a 96 billones anuales y que el sistema colapsaría en el tercer trimestre del año.
Así mismo, se alerta que, aunque se fijan incentivos a las llamadas RISS, que son las Redes Integrales de Servicios de Salud, y no se determina remuneración para las denominadas Gestoras de salud, dejaría al Gobierno la potestad de acabar a las gestoras con un decreto reglamentario.
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De otro lado, aseguran que el Gobierno insiste en afectar la figura de los CAPS o Centro de Atención Prioritaria en Salud con demasiadas competencias, como la caracterización de la población, gestionar los riesgos en salud, asumir la referencia de pacientes y prestar servicios individuales y colectivos, entre otros.
Se reitera por parte del Gobierno en un sistema público de referencia y contrarreferencia y de atención de urgencias y atención prehospitalaria liderado por direcciones territoriales y centros reguladores de urgencia.
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En este caso, se advierte que si se asume exclusivamente por las direcciones territoriales tendrá consecuencias en la atención a los pacientes por falta de capacidad institucional.
Los partidos señalan que el Gobierno nacional insiste en el modelo de provisión de medicamentos de los denominados CAPS o Centros de Atención Prioritaria en Salud y dejan de manera transitoria a los actuales operadores logísticos farmacéuticos.
Sobre esto se advierte nuevamente que podría dejar en la quiebra a 22.000 farmacias de barrios que hoy responden por más de 100.000 empleos. Lo anterior, sin mencionar la oportuna dispensación de medicamentos.
Sobre las funciones de las gestoras de salud y vida, no se tienen en cuenta asuntos como la gestión integral del riesgo en salud y la planificación y articulación de las Redes Integrales de Servicios de Salud.
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Se advierte que gracias a las propuesta de estatizar la salud se someten a las actuales EPS a una situación compleja ya que deben pagar sus deudas en 2 años así no se retiren o transformen en gestoras.
Los partidos Conservador y la U insisten en que las ADRES (administradoras de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) podrán concentrar recursos del orden territorial, afectando de manera grave secretarías de salud municipales y departamentales.
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Las colectividades subrayan que el Gobierno se reserva la potestad de quitar afiliados a las EPS cuando se transforman en Gestoras y se organicen en regiones, lo cual podría terminar en que no se reconozca la transferencia de los actuales afiliados de las EPS, cuando se transformen en gestoras.
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