Proponen reforma que impediría a los alcaldes de Bogotá aspirar a la Presidencia de la República

Durante las últimas tres décadas, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha sido percibida menos como el destino final de un administrador y más como el peldaño definitivo hacia la Presidencia de la República. Esta dinámica, que el abogado David Cote define como un "patrón de conducta" recurrente, ha generado, según él, una crisis de gobernabilidad donde las prioridades de la ciudad suelen quedar subordinadas a las estrategias de comunicación de sus mandatarios.Ante este escenario, Cote ha presentado formalmente los argumentos para una Reforma Constitucional al Artículo 197, con el fin de establecer reglas de juego claras que impidan el uso de la capital como una simple sala de espera presidencial.El diagnósticoLa propuesta se sustenta en una revisión histórica de las administraciones bogotanas desde finales de los años 90. Según Cote, la ciudad ha sufrido una falta de "vocación de cierre" en sus proyectos, debido a que los alcaldes gobiernan con la mirada puesta en las encuestas nacionales.Antanas Mockus (1997)Lucho Garzón y Clara LópezEnrique PeñalosaGustavo PetroClaudia LópezPara Cote, el costo de este fenómeno es tangible: "Cuando un alcalde gobierna pensando en la Casa de Nariño, las decisiones técnicas se vuelven decisiones de marketing político. Eso le ha costado billones a la ciudad en obras inconclusas".El ejemplo más crítico de esta falta de rigor técnico, según el abogado, es la Línea 2 del Metro de Bogotá, cuya licitación fue recientemente declarada desierta. Cote argumenta que la urgencia de Claudia López por "dejar la placa puesta" antes de iniciar su campaña llevó a una aceleración irresponsable del proceso licitatorio, priorizando el ego político sobre la ingeniería de detalle.Los dos pilares de la reforma constitucionalPara romper este ciclo, la propuesta de David Cote plantea modificaciones estructurales que no solo afectan al Distrito Capital, sino también a los entes de control:Periodo de enfriamiento obligatorio: Quien ocupe la Alcaldía Mayor de Bogotá quedaría inhabilitado para ser elegido presidente en el periodo inmediatamente siguiente. Esto obligaría a los mandatarios a esperar al menos cuatro años antes de postularse, asegurando que terminen su mandato y se enfoquen en la ciudad.Equidad en las instituciones de control: La reforma busca extender esta inhabilidad al Fiscal General, Procurador, Contralor y Magistrados. Esto con el fin de evitar que estos cargos técnicos y de control sean utilizados como plataformas de visibilidad política."Queremos alcaldes que se levanten y se acuesten pensando en tapar huecos y mejorar la seguridad, no en su jingle de campaña", concluyó Cote, enfatizando que la reforma busca garantizar que el elegido para gobernar Bogotá se dedique exclusivamente a esa labor.