La posible convocatoria de una consulta popular ha puesto al actual registrador, Hernán Penagos, en una encrucijada legal y política, descrita como una "papa caliente".
En medio de este debate, Mañanas Blu con Camila Zuluaga conversó con dos exregistradores, Juan Carlos Galindo y Carlos Ariel Sánchez, para conocer su perspectiva y las acciones que tomarían ante un escenario tan complejo.
Juan Carlos Galindo: Un decreto "inconstitucional e ilegítimo"
Juan Carlos Galindo, quien fue registrador en 2007 y 2015, expresó su preocupación por la situación que enfrenta Penagos, afirmando que "no quisiera estar en los zapatos del registrador Penagos".
Galindo analizó el decreto expedido por el Gobierno nacional para la convocatoria de la consulta popular y no dudó en calificarlo de forma contundente: "mi lectura de ese decreto es un decreto no solamente inconstitucional, es un decreto ilegítimo porque busca coaccionar al Congreso de la República para que apruebe en sus condiciones la reforma laboral".
Además de su inconstitucionalidad, Galindo considera que el decreto es "inconveniente e inoportuno porque está interfiriendo con todos los preparativos de las elecciones 2026".
Su recomendación para el registrador Penagos sería aplicar el artículo cuarto de la Constitución política, es decir, la "excepción de inconstitucionalidad".
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Explicó que esta excepción permite a cualquier servidor público, como un funcionario de la organización electoral, "dispone que lo que debe prevalecer es la Constitución y dejaría de aplicar en el caso concreto lo dispuesto en la norma legal".
En resumen, según Galindo, el registrador "puede decirle que no al gobierno nacional y al presidente de convocar esa consulta popular".
Carlos Ariel Sánchez: La prudencia de la deliberación jurídica
Por su parte, el exregistrador Carlos Ariel Sánchez, también consultado sobre qué haría en el lugar de Hernán Penagos, adoptó una postura más cautelosa, enfocándose en la fuerza jurídica de los actos gubernamentales.
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Sánchez señaló que los decretos "no tienen la suficiente fuerza para por sí mismo llevarse a cabo porque deben estar que se dirá ordenados por normas superiores".
Argumentó que, en la medida en que la norma superior no se ha desarrollado, no es posible que la consulta se lleve a cabo "con éxito jurídico".
Aunque no negó rotundamente la consulta de entrada, Sánchez enfatizó la necesidad de pronunciamientos de altas autoridades jurídicas.
Afirmó que lo más prudente es que "haya unos pronunciamientos de autoridades de alto nivel jurídico, como son la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, pues que por lo menos pueden legitimar de alguna manera esa consulta".
Vea la entrevista completa aquí:
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