Al menos 15 hospitales públicos de Antioquia están estudiando la posibilidad de suspender servicios a pacientes de Nueva EPS por falta de pagos. Ante ese panorama, la asociación de estas instituciones critica el que el giro directo para el pago por paciente no está siendo proporcional ni adecuadamente manejado por las EPS.
A pesar del anuncio de intervenciones y de inyección de recursos al sistema de salud, hay una realidad para los hospitales públicos en Antioquia: el dinero sigue sin llegar de manera directa a la red de instituciones en cada uno de los municipios.
Y es que el panorama podría agravarse en los próximos días para los pacientes de Nueva EPS, pues al anuncio hecho por los hospitales públicos de Valparaíso, Briceño y Maceo de no atender más a esta población por falta de pago, en otros 13 municipios lo harían en los próximos días.
Así lo reveló el director de Asociación de Empresas Sociales del Estado en el departamento, Luis Hernán Sánchez, quien detalló que la negativa de servicios es inminente, pero algunos han decidido dar un compás de espera a Nueva EPS que hasta finales de marzo adeudaba casi 189 mil millones de pesos a estas instituciones.
Buena parte del problema, explicó el directivo, radica en que la Administradora de los Recursos en Salud, ADRES, no está repartiendo de manera tan equitativa los dineros a las EPS, de manera que algunas se quedan sin recursos. Pero además, cuando llegan a las entidades éstas privilegian a sus clínicas, IPS o centros diagnósticos, dejando relegados a los hospitales públicos.
“Pensamos que nos iba a ir mejor con la intervención de la Nueva EPS pero no ha sido así, porque la Nueva EPS ha rebajado el monto de los de los recursos que nos que nos giraba anteriormente alcanza, o cómo es el proceso de distribución que nos están mandando menos recursos que lo que le mandaban el año pasado antes de estar intervenida”, afirmó.
Desde AESA pidieron al Gobierno nacional que se tenga mayor seguimiento en la administración financiera del sistema de salud para garantizar que tal cual está en la ley, el 80% de pago por cada afiliado llegue de manera directa a las instituciones públicas del departamento.
Según cifras de AESA, durante el primer trimestre del año la deuda total ascendía a 1.3 billones de pesos, cifra que podría incrementarse tras conocer a finales de agosto el reporte de los primeros seis meses de 2024.
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