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El Consejo de Estado le dio la razón a un veedor ciudadano paisa y fijó un plazo, que ya se cumplió, de dos días al presidente Gustavo Petro para que entregue las pruebas de la compra del software espía Pegasus durante el gobierno de su antecesor, Iván Duque.
Sin respuestas se quedó Estefán Bravo Martínez, un veedor ciudadano, luego de que se cumplieran en la noche de este miércoles, las 48 horas de plazo que le dio el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro para que dé a conocer las pruebas del escándalo por la compra del software espía Pegasus en Israel, en respuesta a una tutela.
La denuncia, que Petro dio a conocer en una alocución presidencial en pleno paro camionero en el país, dejó más dudas que certezas, en especial porque se indicó que el mencionado software había sido adquirido durante la presidencia de Iván Duque.
Pese a que la tutela fue admitida por el Consejo de Estado, para que el jefe de Estado rinda un informe sobre sus afirmaciones, se cumplió el plazo y no solo el tutelante, que reside en suelo paisa no recibió respuestas, sino que ahora espera que esa instancia determine que hubo un desacato.
“Es muy preocupante las acusaciones que él va haciendo sin pruebas. Él habla de que hay una supuesta prueba desde Israel de unos documentos si esas pruebas son pertinentes entonces que el aporte al proceso de la tela”, expresó a Blu Radio Estefan Bravo Martínez, presidente de la Veeduría Antioqueños por Colombia.
Vale la pena mencionar que el presidente sí se refirió a este caso, pero no precisamente haciendo claridades, sino expresando su rechazo a este mecanismo constitucional.
“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”, fueron las palabras en su cuenta oficial de X el 7 de octubre.
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Recordemos que el mandatario habló sobre un hallazgo, según el cual, la Dipol había adquirido por 11 millones de dólares un software para espiar celulares durante el anterior Gobierno e intervenir su campaña. Estas declaraciones las hizo consciente de que era información clasificada, pero argumentó que era de interés para los colombianos y por eso la revelaba.
Según Bravo Martínez, si el presidente Petro no hace aclaraciones sobre el caso, con pruebas, la tutela solicita que se retracte en una alocución presidencial, mismo espacio donde hizo la denuncia el pasado 4 de septiembre.
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