Las autoridades desmantelaron a una organización delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y de ocultar las millonarias ganancias obtenidas mediante un presunto esquema de lavado de activos que habría movilizado más de 100.000 millones de pesos. La investigación permitió identificar una red que, al parecer, utilizaba empresas legalmente constituidas y diferentes maniobras financieras para dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de esta actividad ilícita.
De acuerdo con la investigación, la estructura promocionaba supuestos paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá. Sin embargo, las autoridades sostienen que estas ofertas eran utilizadas como fachada para captar ciudadanos extranjeros y coordinar, a cambio de dinero, su salida irregular del país por las costas de Necoclí, en Antioquia, y por Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, con destino a Centroamérica.
Las labores investigativas indican que por esta modalidad habrían sido trasladados de manera ilegal por vía marítima más de 800.000 migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros.
El análisis financiero realizado por las autoridades permitió establecer ingresos superiores a 100.000 millones de pesos durante el período investigado, una parte significativa obtenida incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas permanecían suspendidas.
Las evidencias recopiladas señalan que gran parte de los recursos se movilizaban mediante transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas presuntamente como fachada, la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la realización de múltiples transferencias fragmentadas en pequeños montos para dificultar el rastreo del dinero dentro del sistema financiero.
En desarrollo de la operación conjunta orientada por la Fiscalía fueron capturados nueve presuntos integrantes de la organización en diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín.
Los procesados son señalados de desempeñar diferentes funciones como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades que, según la investigación, habrían servido para encubrir la operación de traslado irregular de extranjeros y el flujo de los recursos obtenidos.
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Como parte de las medidas adoptadas por las autoridades también fue ocupado con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó, Antioquia. Adicionalmente, fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las cuales se solicitará la imposición de medidas cautelares.
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