Luego de que se conociera que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón junto con las 10 alcaldías del Valle de Aburrá y la de Rionegro, anunciara que interpondrán una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspende las órdenes de captura a 23 cabecillas de la mesa de paz de Itagüí, se conoció otra iniciativa en el mismo sentido.
Según indicó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, el próximo lunes 6 de abril radicará una demanda con las mismas pretensiones, además de una medida cautelar, para frenar los efectos de esta decisión.
"No podemos permitir que con una firma de la fiscal se le entregue un cheque en blanco de impunidad a veintitrés cabecillas de bandas criminales que tanto daño le han hecho al Valle de Aburrá. Esta resolución es un insulto a las víctimas, a nuestro país, a nuestro departamento, porque se saltaron todas las reglas, actuando como simples tramitadores del gobierno nacional y olvidando que la justicia no puede estar al servicio de los violentos", detalló.
De Bedout alertó por las implicaciones que podría tener en los barrios de la ciudad que estos cabecillas, al parecer, estén blindados ante la comisión de nuevos delitos.
"Solicité en esta demanda una medida cautelar urgente para frenar esta resolución ya y que quede sin efectos mientras se resuelve la nulidad de la resolución, porque varios de estos delincuentes ya están en las calles de Medellín y lo que buscan con esta resolución no es sentarlos a dialogar, sino blindarlos frente a delitos futuros para que la justicia no los pueda tocar", agregó.
Así las cosas, ambos documentos (el de la Gobernación y el del Concejo) estarían radicados tras la vacancia judicial, en medio de los cuestionamientos sobre si representa o no un riesgo para la seguridad en Antioquia, o si se hizo bajo el marco de la legalidad, teniendo en cuenta que en Colombia no hay una ley de sometimiento.
Pese a las aclaraciones que dio el ente acusador y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de que los 16 cabecillas que aún permanecen recluidos (7 ya estaban en libertad previamente a esta decisión) no tendrán beneficio de excarcelación, desde el departamento le han pedido a la fiscal general Luz Adriana Camargo que reconsidere la decisión. Esto porque expertos sostienen que con base en esta podría haber solicitudes de la defensa de los cabecillas a los jueces de ejecución de penas para que les otorgue la libertad.
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