Desde el Concejo de Medellín alertan que dos cabecillas de la estructura criminal de 'Los Machacos' estarían a un paso de obtener beneficios judiciales e, incluso, les otorgarían la casa por cárcel.El cabildante Andrés Tobón explicó que por un lado alias 'Morocho', cabecilla de la facción Los Edificios, estaría a estaría a días de obtener el beneficio de casa por cárcel; y por el otro, alias 'ACPM' estaría buscando un preacuerdo para obtener beneficios judiciales, no obstante ser señalado de ser el autor de varios homicidios. “A los jueces les solicito, de manera muy respetuosa, que le pongan todas las exigencias y todos los elementos de vigilancia a este trámite judicial que están pretendiendo hacer este par de bandidos”, señaló el concejal Tobón.El concejal precisó que la estructura criminal 'Los Machacos', delinque en los sectores de Castilla, San Martín de Porres, el 12 de octubre, en materia extorsiva, de secuestro, de homicidios y de venta de droga, razón por la cual no deben recibir beneficios.“A la Procuraduría que por favor ejerza un poder especial de vigilancia para que no se entreguen beneficios a quienes no pueden acceder a ellos, a la fiscalía que en caso tal de que esté intentando buscar un principio oportunidad, información que no lo haga en detrimento la gente de Castilla y que no lo haga en detrimento la gente del 12 de octubre”, agregó Tobón.Finalmente, el cabildante le solicita a la Alcaldía de Medellín y al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que mantengan una vigilancia especial en los sectores que esta estructura criminal históricamente ha controlado en materia delincuencial, para que no lleguen a afectar a aún más a la ciudadanía.
En medio de la cuarta Comisión Accidental del seguimiento al Metro de la 80, se alertó sobre la situación que atraviesa el proyecto en términos financieros, a causa de giros pendientes por parte del Gobierno nacional por 327.000 millones de la vigencia 2025 y 512.000 correspondientes a este año.Según explicó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, la preocupación se centra de cara a tres bancos locales y que la acciones de la empresa Metro para poder tener fechas ciertas de los desembolsos, montos, para que así no tenga impacto en las obras."El Metro hoy mismo tuvo que activar una de las cláusulas que tiene el contrato de cofinanciación para hacer un arreglo directo con el gobierno nacional. Hay un desafío financiero adicional, y es con los créditos que se tiene con la banca local. Ya pusieron el grito en el cielo y dijeron, no van a poder seguir haciendo los desembolsos hasta que no tengan fechas ciertas de las vigencias futuras del Gobierno nacional", indicó. Le puede interesar: Así es la Cívica que el Metro de Medellín diseñó en homenaje a Maluma: puntos para adquirirlaPor su parte, Jorge Ramos, gerente de Proyectos de Infraestructura del Metro de Medellín, aseguró que la compañía y el Distrito de Medellín revisan opciones para financiar las obras del proyecto mientras se hacen los giros faltantes. Esto teniendo en cuenta el cambio de gobierno este 7 de agosto."Dentro de las gestiones que se han adelantado con la con la Nación, se han comprometido a desembolsar durante este mes de julio, a más tardar agosto, unos 230 mil millones de pesos, pero de no materializarse este desembolso estaríamos hablando que en unos 2 o 3 meses el proyecto estaría ya desfinanciado por falta de recursos", indicó.En contraste, la gestión predial del proyecto Metro de la 80 en Medellín ya está resuelta en más de un 90%. De Bedout manifestó que la continuidad del proyecto depende de la pronta respuesta y voluntad del gobierno entrante para cumplir con los acuerdos firmados desde 2020.
La Feria de las Flores volverá a convertir a Medellín en uno de los principales destinos turísticos del país, y uno de los escenarios que promete concentrar miles de visitantes será Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, que del 6 al 9 de agosto celebrará su quinta edición con una programación dedicada a exaltar la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.El evento llega fortalecido tras recibir la Orden al Mérito Don Juan del Corral, Nota de Estilo, otorgada por el Concejo Distrital de Medellín al Grupo Empresarial Asesorías Jurídicas Integrales de Antioquia S.A.S., organización creadora y gestora de la iniciativa, por su aporte al desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.Fondas de Mi Pueblo Antioqueño impulsa el turismo y la identidad de AntioquiaMás que un espacio de entretenimiento, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño se ha consolidado como una vitrina para que los municipios muestren su riqueza cultural ante visitantes nacionales e internacionales. Inspirada en la antigua Fonda Caminera, la plataforma busca mantener vivas las tradiciones mientras impulsa el turismo y el emprendimiento regional.En cinco años, el evento ha reunido a más de 212.000 asistentes, ha contado con la participación de más de 30 municipios, ha generado oportunidades para cerca de 700 emprendedores y expositores cada año, además de convocar a decenas de agrupaciones artísticas y culturales. También ha contribuido a la generación de más de 4.400 empleos directos e indirectos, reflejando el impacto económico de esta propuesta.Feria de las Flores reunirá gastronomía, música y tradiciónDurante los cuatro días del evento, los asistentes podrán recorrer un solo escenario donde estarán presentes muestras gastronómicas, música, trova, danza, expresiones culturales, productos tradicionales y emprendimientos de diferentes municipios antioqueños.La programación busca acercar a los visitantes a la diversidad del departamento sin salir de Medellín, convirtiéndose en una experiencia para descubrir el patrimonio, las costumbres y las historias que identifican a Antioquia.Quinta edición de Fondas de Mi Pueblo espera fortalecer el desarrollo regionalPara la gerente de Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, María Angélica de la Rosa, la iniciativa demuestra que la cultura también puede convertirse en una herramienta para dinamizar la economía y abrir oportunidades."Creemos que las tradiciones no se preservan únicamente recordándolas, sino generando espacios donde puedan vivirse, compartirse y proyectarse hacia el futuro", afirmó la directiva, quien destacó que el reconocimiento recibido impulsa a seguir fortaleciendo la identidad antioqueña y el desarrollo de los municipios.Con esta quinta edición, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño espera seguir consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la Feria de las Flores, ofreciendo un espacio donde la tradición, el turismo y el emprendimiento se convierten en protagonistas del departamento.
La Corte Constitucional amparó los derechos a la libertad de expresión, la creación artística, la memoria histórica y la verdad extrajudicial de las víctimas del conflicto armado al ordenar disculpas públicas al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido políticamente como "Gury".Esto, por haber cubierto con pintura un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, una consigna convertida en símbolo de respaldo a las madres que durante años han buscado a sus familiares desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.La decisión del alto tribunal tiene origen en los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2025, cuando el cabildante viajó hasta Manizales y pintó de negro parte de un mural autorizado por las autoridades locales, que además incluía los rostros de dos mujeres buscadoras.Posteriormente difundió la intervención en sus redes sociales con mensajes que invitaban a replicar esa conducta, lo que dio paso a acciones judiciales promovidas por organizaciones defensoras de derechos humanos.En su sentencia, el alto tribunal concluyó que la actuación del concejal no estuvo protegida por la libertad de expresión, pues vulneró derechos fundamentales al deslegitimar una manifestación artística de memoria histórica y reparación simbólica.Por ello, le ordenó publicar, en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo, un mensaje de disculpas en todas las redes sociales que utiliza, en el que reconozca que la frase y el mural constituyen un ejercicio legítimo de libertad de expresión y memoria de las víctimas, además de admitir que fueron inexactas sus afirmaciones sobre una supuesta instrumentalización política de esa expresión.Además, el alto tribunal le prohibió promover, realizar o incentivar nuevas acciones dirigidas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto y exhortó a los servidores públicos a proteger este tipo de manifestaciones como mecanismos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica.Tras conocerse el fallo, el concejal manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Aseguró que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño dejó sin efecto las determinaciones judiciales que anteriormente habían respaldado su posición dentro de una acción de tutela relacionada con los murales.En sus declaraciones, sostuvo que el pronunciamiento responde a intereses políticos y cuestionó que, a su juicio, la justicia termine favoreciendo a quienes intervienen o deterioran bienes públicos.
A pocas semanas para el final del Gobierno de Gustavo Petro, nuevamente el epicentro de la paz urbana en el Valle de Aburrá vuelve a ser motivo de controversia tras una grave denuncia del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.Esto por cuenta, según el corporado, de un presunto plan que se estaría fraguando para una fuga masiva en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde permanecen varios cabecillas delincuenciales como alias ‘Tom’, ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’ o ‘douglas’ que han hecho parte del espacio sociojurídico con el Gobierno nacional.Además de las respectivas denuncias en la Fiscalía, De Bedout, reveló un audio de una fuente anónima que indica que las acciones serían llevadas a cabo previo a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y utilizando motos.En el plan habría participación de diferentes estructuras delincuenciales de Medellín, especialmente de la Comuna 3 Manrique, en el nororiente de la ciudad."Ya tenían unos los pillos que manejan moto, los que iban acompañando y otros que iban solos para sacar, que una gente de que van a salir una fuga masiva en la cárcel de Itagüí, posiblemente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella", se escucha por parte del informante.Frente a estas denuncias las autoridades en la capital antioqueña insistieron que no se descarta ningún tipo de información y que se encuentran verificando detalles.Sin embargo, el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, advirtió que en caso de fuga los cabecillas serían declarados como objetivos de alto valor y les caería todo el peso de la justicia."Ahí sí, como dice el presidente electo, serían declarados objetivos prioritarios para ser recapturados y de llegarse a resistir para ser dados de baja. Entonces, que no jueguen con candela, que el que juega con candela se quema".El espacio de conversaciones en la cárcel de Itagüí se ha movido en las últimas semanas no solo alrededor de las consecuencias de la polémica parranda vallenata realizada en el penal a inicios de abril, sino también sobre rumores del final de este mecanismo tras al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.La senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en el espacio, ha sostenido que se encuentran construyendo informes de gestión, que habrá la solictud para que se mantengan las conversaciones, pero que es una decisión solo de la administración nacional entrante.
Una nueva controversia política escaló a los estrados judiciales luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicara una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de haber desconocido presuntamente los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.Según el cabildante, las actuaciones y declaraciones recientes del jefe de Estado podrían configurar conductas que ameritan una investigación formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir.La denuncia se fundamenta en las manifestaciones públicas realizadas por Petro a través de sus redes sociales y en acciones posteriores relacionadas con el proceso electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.De acuerdo con De Bedout, el mandatario habría puesto en entredicho la legitimidad de los resultados al afirmar en su cuenta de X que disponía de información sobre un supuesto fraude electoral derivado de una presunta manipulación algorítmica del escrutinio.El corporado explicó que esos señalamientos fueron divulgados sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente evidencia que respalde esas acusaciones y que tienen la capacidad de generar desconfianza en las instituciones electorales y en los resultados."A Petro solo le sirve la institucionalidad cuando gana, pero cuando pierde, se comporta como un golpista. Esto que estamos viendo no es un desacuerdo político, es un patrón de conducta", aseguró.La denuncia también hace referencia a la convocatoria realizada por Petro para una movilización nacional el próximo 20 de julio, una fecha especialmente simbólica para el país por coincidir con la conmemoración de la Independencia y con la instalación de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Según De Bedout, este llamado debe ser analizado en el contexto de las declaraciones sobre el proceso electoral y sus eventuales efectos sobre el orden institucional.Dentro de la solicitud presentada, el corporado pidió a la Comisión decretar y practicar todas las pruebas que considere pertinentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó obtener las certificaciones oficiales de las publicaciones realizadas por el presidente en su cuenta de X, así como cualquier otro elemento probatorio que permita establecer el alcance y contenido de los mensajes difundidos.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Pese al fin de la contienda electoral sigue la polémica en Antioquia tras una controvertida propuesta de parte de un concejal de Medellín frente a municipios del departamento que estuvieron bajo especial vigilancia por cuenta de presuntos constreñimientos de grupos armados.Nuevamente bajo la lupa de la opinión pública está el concejal Andrés Felipe Rodríguez, quien pidió al Gobierno nacional electo concentrar acciones de la fuerza pública para desplegar acciones ofensivas en territorios donde obtuvo mayorías Iván Cepeda."Que los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país", dijo.No obstante, Rodríguez hizo referencia en específico a Campamento, en el Norte de Antioquia, localidad donde junto a otras de la subregión previo a los comicios del 21 de junio, autoridades departamentales denunciaron constreñimientos de parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’ para apoyar Cepeda."No nos vamos lejos... Campamento. Pasó de 400 votos a Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", añadió.Las declaraciones del concejal generaron un oleada de críticas en redes sociales, pero también pronunciamientos institucionales donde rechazaron estos señalamientos que calificaron como estigmatizantes y que ponen en riesgo a la misma población civil.“Campamento no puede ser señalado como escenario de confrontación ni utilizado como referencia para promover discursos violentos. Nuestra gente merece ser reconocida por su dignidad, su trabajo y su esperanza”, dijo el Concejo Municipal de Campamento en un comunicado público donde además le solicitaron a Rodríguez rectificar sus palabras.De igual manera desde el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Renovación del Territorio vio con preocupación este tipo de solicitudes donde varios municipios señalados han sido beneficiarios de sus programas.“Rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones del concejal Rodríguez, que se constituyen en un hecho de revictimización de las comunidades y territorios de 170 municipios del país que fueron priorizados como beneficiarios de los PDET, precisamente por sufrir las consecuencias de una mayor incidencia de la violencia, la pobreza, los cultivos de uso ilícito y la debilidad institucional local. En los territorios PDET habitan más de cinco millones de compatriotas, que en su mayoría hacen parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que a través del tiempo han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal”, indicaron en su carta.Tras lo ocurrido, varias figuras políticas y líderes sociales en redes han indicado que interpondrán acciones legales por estas declaraciones, por lo que no se descarta algún tipo de intervención en el caso por parte de la Procuraduría General u otras entidades que ejercen control sobre la función pública.
La preocupación por la seguridad de varios integrantes del Concejo de Medellín sigue creciendo. A casi dos meses y medio de que se conocieran las primeras denuncias sobre amenazas contra algunos corporados, la Personería Distrital se sumó a las voces que exigen una respuesta inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que los concejales continúan sin contar con medidas efectivas de seguridad.Los concejales Andrés Tobón, Andrés Felipe Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Alejandro De Bedout han denunciado intimidaciones que, según han manifestado, estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas y su labor de control político.En un pronunciamiento oficial, la Personería advirtió que la ausencia de respuestas concretas por parte de la UNP representa un riesgo no solo para la vida e integridad de los concejales, sino también para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.El organismo del Ministerio Público recordó que la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado formalmente activar de manera urgente las rutas individuales de protección para cada uno de los cabildantes afectados. Sin embargo, pese a ese requerimiento preventivo, Juan Pablo Galvis, personero delegado, aseguró que los concejales aún esperan decisiones que permitan reducir los riesgos advertidos."Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten las medidas de protección necesarias y garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de los corporados. La personería distrital de Medellín continuará haciendo seguimiento a este caso", indicó el funcionario.Desde la entidad pidieron al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que adelanten de manera inmediata las evaluaciones de riesgo y adopten los esquemas de seguridad que correspondan. Asimismo, solicitó a la Policía Nacional fortalecer las medidas de protección en las instalaciones del Concejo de Medellín.
Crece la preocupación en el Concejo de Medellín. Más de dos meses después de que se encendieran las alarmas por presuntas amenazas contra varios integrantes de la corporación, al menos cuatro de ellos continúan esperando medidas concretas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, pese a las reiteradas solicitudes realizadas por autoridades locales y organismos de control.Quien lo hizo en las últimas horas fue el alcalde Federico Gutiérrez, quien reveló un reciente oficio en el que la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos ordenó a la UNP iniciar una ruta de protección individual para los concejales y adoptar de manera inmediata medidas de protección eficaces.“Al día de hoy, después de casi 2 meses de haber enviado la carta, no hemos recibido respuesta. En cambiola Fiscalía ya remitió a la UNP y hoy la Procuraduríale ordena al Gobierno nacional tomar las medidas de protección de manera inmediata y que informe sobre ellas”, destacó en su trino el mandatario de la capital antioqueña.A la petición de carácter urgente ya se había sumado hace varias semanas uno de los concejales considerados en riesgo como Alejandro De Beodut, quien además actualmente preside la corporación."Seguimos esperando respuestas más contundentes y decisiones efectivas que permitan garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Esperamos que las autoridades nacionales entiendan la dimensión de lo que está ocurriendo. La defensa de la democracia no puede hacerse mientras quienes hacemos oposición y pensamos distinto tengamos que convivir diariamente con amenazas", explicó.También los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Felipe Tobón y Andrés Felipe Rodríguez han reportado situaciones que, según han advertido, comprometen su seguridad y la de sus familias en medio del ejercicio de control político y de sus denuncias sobre distintos fenómenos de criminalidad en la ciudad.La gravedad de la situación llevó incluso a que el Concejo de Medellín realizara una sesión reservada para abordar estos temas de seguridad personal.
Desde el Puesto de Mando Unificado en Cali, el presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance que dejó este lunes, 10 de agosto, el fuerte terremoto que sacudió a gran del país y las afectaciones que dejó en la capital del Valle del Cauca en donde todo el día se han desarrollado labores de rescate. "Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Tenemos tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías, con una operación restringida", indicó el presidente.Sin embargo, la mayor preocupación fue la cifra de 188 desaparecidos en la región a raíz de este terremoto. Según el presidente, habrá más acción del Estado en este trabajo de búsqueda para dar con el paradero de todos los afectados lo más pronto posible, de la mano de las autoridades locales y departamentales."Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos. Tenemos también aquí, por solicitud de la señora gobernadora y el señor alcalde, 105 ingenieros militares. Y hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia, y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer de mañana tendremos en la ciudad más de 1000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público", añadió.Asimismo, anunció un subsidio para ayudar a las personas que se quedaron sin hogar en un trabajo articulado y liderado por el Ministerio de Vivienda. Dejó a disposición del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro todo el apoyo del Estado para enfrentar esta difícil situación en la región."Como el Valle es tan importante para este Gobierno y está en mi corazón, he designado a un equipo de funcionarios del Gobierno para que desde el gobierno nacional, con los representantes del gobierno departamental y los gobiernos municipales, articulen todo lo que se requiera (...) Toda la solidaridad, cariño, las víctimas no van a estar solas, les vamos a tender la mano y vamos a hacer lo que sea necesario. Para que haya un paliativo para todos ustedes en medio de esta tragedia. Muchas gracias y que Dios bendiga al Valle del Cauca", finalizó.
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 10 de agosto:Los consejos para activar las alertas en sus celulares en caso de sismos o terremotos para poder actuar a tiempo y salvar su vida.Jhon Fredy Gutiérrez, periodista de Fact Checking, habló sobre cómo identificar un contenido falso y así evitar su propagación en redes sociales, en medio de estos momentos de crisis con el temblor que sacudió al país.Camila Domínguez, gerente de Alianzas de Android en Hispanoamérica, explicó cómo hace más de cuatro años trabajan con Google para que los celulares puedan recibir las alertas en caso de movimientos telúricos.
Tres puntos fueron habilitados, por ahora, en Santander para recibir ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el fuerte terremoto que impactó al occidente del país.La jornada busca canalizar la solidaridad de los santandereanos y reunir alimentos, agua potable, elementos de aseo, medicamentos, frazadas, colchonetas y otros productos que puedan ser utilizados durante la atención de la emergencia.El Banco de Alimentos de Bucaramanga habilitó un punto de recepción de ayudas en su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 # 11-41, barrio San Francisco, en Bucaramanga.Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y llevar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.El horario de atención en este punto es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad también informó que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.Otro punto será habilitado en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, donde se instalará una carpa para recibir las donaciones destinadas a las comunidades afectadas de Chocó, Cauca y el Eje Cafetero.Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que allí se recibirán principalmente alimentos, kits de aseo y agua potable.Según el funcionario, las ayudas serán coordinadas y posteriormente entregadas en alianza con la Cruz Roja, con el propósito de garantizar que las donaciones lleguen a las zonas que las necesitan.El tercer punto habilitado está en la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, donde, de acuerdo con Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, se recibirán ayudas a través de la Fundación ASPAS.Por ahora, mientras se habilitan otros puntos de recolección, los ciudadanos podrán llevar elementos como colchonetas, medicamentos, frazadas y otros artículos que puedan ser útiles durante la fase de respuesta a la emergencia.Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a realizar sus donaciones a través de estos puntos habilitados y evitar entregar ayudas a lugares o personas que no estén vinculados a la coordinación oficial de la emergencia.
La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que este martes 11 de agosto no habrá pico y placa en la ciudad, como ocurrió durante la jornada de este lunes 10 de agosto, debido a la emergencia provocada por el terremoto.La decisión fue anunciada por Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, quien explicó que la medida responde a la calamidad y a las dificultades que enfrenta la ciudad tras el fuerte sismo registrado este lunes."El día de mañana, 11 de agosto, tampoco vamos a tener pico y placa para la ciudad", confirmó Moncayo, al señalar que la medida busca facilitar la movilidad en medio de la emergencia que atraviesa la capital del Valle del Cauca.El funcionario también hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten circular por las zonas afectadas por el terremoto, debido a la presencia de equipos de emergencia que adelantarán labores durante la jornada."Es muy importante, evitemos transitar o circular por las zonas afectadas por el terremoto. No procedamos por esos sectores porque estamos afectando la movilidad", pidió el secretario de Movilidad de Cali.Moncayo explicó que este martes habrá numerosos equipos de búsqueda y rescate trabajando en los sectores donde se reportaron afectaciones, por lo que la circulación de vehículos particulares y motocicletas podría dificultar las operaciones."Mañana vamos a tener muchos equipos de búsqueda y rescate en todos estos lugares y si nos vamos en nuestros vehículos y motocicletas a todas estas zonas, afectamos la búsqueda y rescate de estas personas", advirtió.La Secretaría de Movilidad señaló que los agentes de tránsito estarán atentos en diferentes puntos de Cali durante este lunes y martes para contribuir a mantener el flujo vehicular y acompañar las labores de atención de la emergencia.Según Moncayo, la prioridad de los agentes será garantizar una mejor movilidad y, especialmente, facilitar el desplazamiento de los organismos que participan en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.De esta manera, los conductores de carros y motocicletas podrán movilizarse este martes sin las restricciones habituales del pico y placa en Cali, pero las autoridades insistieron en evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas más afectadas.La recomendación de la Alcaldía de Cali es permitir que los equipos de emergencia puedan ingresar y trabajar sin obstáculos, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la atención de las personas afectadas por el terremoto.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 226 meses de cárcel contra el exsargento Guillermo Alberto Unigarro Miño por el homicidio del teniente Vianey Mario Gamboa Murcia. Al anular una absolución previa, el alto tribunal determinó que el uniformado fue quien disparó contra su superior durante un procedimiento policial en el sur de la capital.Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2011, en el barrio Ciudad Montes de Bogotá, durante un operativo oficial de la Policía. El teniente Gamboa lideró una misión estratégica para evitar un robo millonario, basándose en información de una fuente humana que advirtió sobre el plan de una peligrosa banda delincuencial.Para pasar inadvertido, el oficial decidió conducir un taxi y se hizo pasar por un civil, una táctica que usaba con frecuencia por su destreza al volante. En el asiento trasero se ubicó el sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien supuestamente debía apoyar las labores de seguridad y el registro audiovisual de las capturas previstas.Al llegar al sitio del operativo, varios delincuentes salieron de una vivienda disparando armas de largo alcance y pistolas contra los uniformados. En medio del fuego cruzado, el teniente Gamboa recibió un impacto mortal en la cabeza mientras aún permanecía sentado frente al timón del taxi.Las investigaciones determinaron que el sargento Guillermo Alberto Unigarro aprovechó el ruido de las ráfagas externas para accionar su arma de dotación contra su superior. El disparo se realizó a corta distancia y por la espalda, lo que impidió que el teniente tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o defenderse.Aunque la defensa alegó durante el proceso que un criminal externo fue el autor del disparo, las pruebas desvirtuaron esa versión. Los peritos establecieron que el recorrido de la bala coincidió exactamente con la posición de Unigarro en la parte trasera del auto y no con la trayectoria de alguien disparando desde la calle.La evidencia biológica también fue fundamental, ya que los rastros de sangre y otros tejidos se concentraron en la puerta y el vidrio del conductor. Este hallazgo confirmó que la bala se dio dentro del vehículo, lo que descartó la posibilidad de que un tirador externo fuera el responsable del crimen.Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró a Guillermo Alberto Unigarro Miño como autor responsable del delito de homicidio y quién tendrá que cumplir con la pena de 226 meses de prisión.