Una denuncia ciudadana generó el rechazo de miles de personas en Medellín, luego de que el concejal Jorge Osorio pusiera en evidencia cómo un hombre estaría atacando a la flora de la ciudad para obligar a que se tale un árbol.Los hechos ocurrieron en el barrio La Almería y se conoció, luego de que un video se hiciera viral en redes sociales. Allí, se puede observar cómo un hombre vierte lo que, al parecer, sería gasolina o aceite por un hoyo hecho en el tronco del árbol.Según los detalles expuestos en X, la acción del señalado sería intencional, ya que, incluso, habría sido él mismo el que hizo el aguacero para vertir los elementos con el propósito de afectar el árbol y que las autoridades lo talen.Le puede interesar: Alcaldía de Barrancabermeja frena deforestación y parcelación ilegal en reserva natural"Cogen el árbol, le hacen un agujero, le echan aceite o gasolina para que el árbol muera. ¿Con qué fin? Con el fin de que, una vez muerto el árbol, tienen un espacio para, perdonen la redundancia, para el espacio público y para implementar ahí un negocio", indicó Osorio.El concejal de Medellín aseguró en sus redes sociales lo siguiente:"Les solicito a las autoridades ambientales de Medellín investigar, identificar a los responsables y actuar con contundencia”.Aunque las imágenes compartidas muestran un orificio en el tronco del árbol y la presencia de la persona vertiendo un líquido, será competencia de las autoridades establecer qué ocurrió, quién es el hombre y si efectivamente fueron utilizados combustibles para causar daños.
La vivienda turística se convirtió en uno de los puntos más polémicos de la propuesta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, pues mientras plataformas y sectores vinculados al alquiler de renta corta advierten sobre el impacto que tendría la nueva regulación, la Alcaldía sostiene que el objetivo no es prohibir la actividad, sino definir dónde puede desarrollarse como confirmó a Blu Radio, Luz Ángela González, directora del Departamento Administrativo de Planeación."La ciudad nunca ha tenido ni va a tener una política de prohibición plena. La regulación no es sinónimo de prohibición. Todas las ciudades regulan las actividades económicas en función de sus impactos, ya sean positivos o negativos, frente a esa vivienda. Entonces, no se trata simplemente como debenga, estamos prohibiendo o permitiendo una actividad, sino que la norma del uso del suelo nos establece dónde puede localizarse cada actividad", confirmó González.Hay que mencionar que la discusión se centra principalmente en que la vivienda turística habría generado, por ejemplo, el aumento de los arriendos en la ciudad. No obstante, un estudio de la Universidad Javeriana reveló que no hay relación directa entre ambos fenómenos como explicó la directora de posgrados en Economía, Ángela Fonseca."Listan sus sus propiedades en renta turística, precisamente en los lugares donde ya es caro el arriendo, que cuando ya se comparan cuadras muy similares, pero que solo se diferencian en si tienen o no vivienda turística, esa relación desaparece. Entonces, la presencia de viviendas turísticas en esa cuadra, pues, digamos, no no tiene un efecto sobre los precios de los arriendos", aseguró la académica.Pero si los expertos aseguran que los elevados precios de los arriendos no es la problemática a tratar, ¿cuál es el lío? Blu Radio consultó con expertos en el sector y la información es más que preocupante que una discusión por arriendos elevados: la actualización del POT podría generar que en el 87 % del territorio no esté permitido la vivienda turística.Según las proyecciones de algunos operadores turísticos, de cerca de 8.300 registros de viviendas de renta corta en la ciudad, cerca de 4.500 podrían quedarse a la deriva con las nuevas regulaciones que plantea la Alcaldía de Medellín.Sin embargo, Luz Ángela González confirmó que no todas las personas que hoy tienen licencia para tener un vivienda turística dejarán de ofrecer sus servicios debido a que los cobija la seguridad jurídica. Es decir, si con el nuevo POT una vivienda no podrá operar de manera turística, pero cumplía esas funciones legalmente con anterioridad, seguirá ejerciendo su actividad sin inconvenientes."Una persona que hoy tenía en media mixtura y nosotros, digamos, que ya no se va a permitir porque la zona quedó en baja, pero si está legalmente constituida, pues ya tiene un uso establecido. Entonces, nosotros se reconoce por la seguridad jurídica que debe tener. La transición para las personas que están legalmente constituidas y tiene una norma anterior a la que nosotros hoy estamos definiendo un plan de ordenamiento territorial continúa", insisitió la funcionaria.Asimismo, se hace una precisión que es importante: esto aplicaría a quienes tengan la actividad debidamente constituida y cumplan las normas correspondientes. Los inmuebles que actualmente funcionan incumpliendo las reglas de uso del suelo no adquieren ese mismo derecho y no podrían seguir con la actividad económica.De momento, las autoridades en la capital de Antioquia adelantan cruces de información para determinar cuáles viviendas cuentan con las condiciones requeridas y cuáles podrían estar operando irregularmente.¿Dónde se podrá ofrecer vivienda turística?La propuesta de la Alcaldía de Medellín plantea concentrar el servicio de hospedaje de renta corta —inferior a 30 días— principalmente en las denominadas zonas de alta mixtura. En términos sencillos, se trata de sectores donde existen servicios de hospedaje, discotecas, comercios a gran escala como, por ejemplo, alrededor de lugares como La 33 o La 10 y otros corredores viales.González también se refirió a otras zonas en donde se podrá desarrollar el negocio de la vivienda turística, toda vez que se harán polígonos alrededor del sistema de transporte masivo o puntos estratégicos para actividades de ciencia, tecnología e innovación."Un polígono, son dos manzanas alrededor de las estaciones, donde se va a permitir también esa alta mixtura y se va a permitir ese servicio de hospedaje. Ya tenemos unos polígonos al lado de universidades o de algunos sectores estratégicos donde queremos incentivar esas economías de ciencia, tecnología e innovación", explicó la directora.La intención de las autoridades es que el crecimiento de la vivienda turística se concentre en lugares con infraestructura, transporte y servicios adecuados, mientras se preservan sectores predominantemente residenciales.La directora de Planeación de Medellín le explicó a Blu Radio que la intención que tiene la Alcaldía es que estos lugares se conviertan en zonas en donde, incluso, se puedan construir nuevos proyectos habitacionales de vivienda turística según las normas establecidas por la ley."Pero lo que estamos diciendo es que usted ahí, pues, puede construir viviendas exclusivas para servicios de alojamiento, cumpliendo, pues, como la norma de edificabilidad. Los pisos, la densidad, en esa zona se puede realizar", sostuvo la directora.El temor de los propietariosPor su parte, sectores vinculados a las plataformas de alquiler de renta corta han manifestado preocupación por el impacto económico de la nueva regulación y han mencionado que la ciudad podría dejar de recibir millonarias cifras por ingresos fiscales, que solo para el 2025 fueron más de 500.000 millones de pesos.El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, explicó que lo que hoy se estudia no es una medida para prohibir, sino para poder regular la actividad económica que ha representado una medida importante para el crecimiento del turismo de la ciudad."Es importante aclarar que la revisión de mediano plazo del POT no está prohibiendo Airbnb, ni más faltaba ni la vivienda turística en Medellín. Sin embargo, hay que aclarar que su reconocimiento y habilitación como actividad turística no no significa que pueda localizarse de manera indiscriminada en cualquier lugar de la ciudad", manifestó de Bedout.Ante el miedo de cientos de personas, la Alcaldía de Medellín sostiene que la propuesta no pretende eliminar esa oferta, sino que las modelaciones realizadas dejan en evidencia que las áreas donde se permitiría el servicio de hospedaje tendrían capacidad territorial para albergar una oferta considerablemente mayor a la existente.Luz Ángela González aseguró en Blu Radio que las simulaciones apuntan a que podría habilitarse una capacidad cercana a 20 veces la oferta actual, aunque concentrada territorialmente."Vamos a proteger los barrios, vamos a proteger la familia, eso es una política, pero yo en ningún momento voy a prohibir, venga, yo te voy a localizar. Claro que la propuesta en ningún momento busca reducir esa capacidad de alojamiento en Medellín. Antes, por el contrario, muestran que la norma nos va a permitir, o vamos a habilitar casi que 20 veces, esa esa oferta, pero localizada", indicó la directora de Planeación.La discusión en Medellín no se limita entonces a cuántas viviendas turísticas podrá tener la ciudad, sino a dónde estarán ubicadas y cómo podrán coexistir con el resto de la ciudadanía.Residentes vs. actividad turísticaUno de los argumentos de la Administración Distrital es que el crecimiento de los alquileres de corta estancia también ha generado conflictos de convivencia en sectores residenciales, particularmente por situaciones relacionadas con ruido y otras actividades asociadas al turismo.La directora de Planeación de Medellín explicó que durante el proceso participativo del POT la Administración ha recibido posiciones tanto del sector turístico como de las comunidades, mientras que los empresarios y propietarios buscan conservar posibilidades de operación en diferentes sectores, algunos residentes han pedido una mayor separación entre las zonas destinadas principalmente a vivienda y aquellas con actividades turísticas."El tema de inspectores están desbordados. Entonces, es la comunidad diciendo, venga, no no me mezcle. Pues, lo 1º de un ordenamiento es entender la la situación geográfica. Medellín es un valle estrecho. Muchos usos, venga, localicémoslos en alta mixtura. Lo residencial, protejámoslo, y ahí solamente tema residencial", aseguró González.Ahora el debate lo deberá asumir el Concejo de Medellín y no será únicamente si se permite o no esta actividad, sino cómo se distribuye en el territorio, qué derechos conservan quienes ya operan legalmente y qué controles se aplicarán a los nuevos alojamientos que quieran entrar a la capital de Antioquia.
Comenzó en el Concejo de Medellín uno de los debates más importantes para el cabildo distrital de los últimos años y que definirá cual será el derrotero para el futuro urbanístico de la capital de Antioquia, ya que la Alcaldía de Medellín radicó la revisión de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial.La directora del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Luz Ángela González, explicó que el POT define cómo debe crecer la ciudad de forma ordenada dándole paso al progreso y la modernidad con calidad de vida para los habitantes, por lo que la iniciativa viene respaldada con un amplio proceso de socialización."Ha sido un proceso de más de dos años de trabajo técnico, jurídico y participativo. Durante este tiempo, se desarrollaron las etapas de diagnóstico y formulación, y recogimos muchos aportes de la ciudadanía a través de las diferentes rutas de participación", destacó la funcionaria.Para la administración distrital la meta con la revisión del POT es modernizar las normas de construcción, que estará ligado al desarrollo comercial y recreacional, así como al trazado de nuevas avenidas y calles para extender los sistemas de transporte.Así, la intención del alcalde Federico Gutiérrez es modificar el 80% del POT actual con el que se buscará habilitar suelo ara el desarrollo habitacional, en franjas como la del sector industrial de Guayabal, desde Industriales hasta Itagüí, o la del centro."Ahora iniciamos esta etapa en el Concejo Distrital, donde el proyecto de acuerdo será estudiado y discutido durante un periodo máximo de 90 días, a través de las comisiones de estudio, debate, sesiones plenarias y un cabildo abierto donde podrá participar la ciudadanía", añadió.Antes de ser presentada la iniciativa al cabildo distrital, la modificación al POT estuvo bajo estudios técnicos para el desarrollo del diagnóstico y redacción de un contenido base que fue sometido en fase de concertación ambiental y consulta ciudadana.El 20% del actual POT no se revisará, así está contemplado en la iniciativa de la Alcaldía de Medellín, y se mantendrá el modelo de ocupación, las áreas de intervención estratégicas y patrimoniales, la clasificación de los suelos y la delimitación de las zonas de protección.
Desde el Concejo de Medellín alertan que dos cabecillas de la estructura criminal de 'Los Machacos' estarían a un paso de obtener beneficios judiciales e, incluso, les otorgarían la casa por cárcel.El cabildante Andrés Tobón explicó que por un lado alias 'Morocho', cabecilla de la facción Los Edificios, estaría a estaría a días de obtener el beneficio de casa por cárcel; y por el otro, alias 'ACPM' estaría buscando un preacuerdo para obtener beneficios judiciales, no obstante ser señalado de ser el autor de varios homicidios. “A los jueces les solicito, de manera muy respetuosa, que le pongan todas las exigencias y todos los elementos de vigilancia a este trámite judicial que están pretendiendo hacer este par de bandidos”, señaló el concejal Tobón.El concejal precisó que la estructura criminal 'Los Machacos', delinque en los sectores de Castilla, San Martín de Porres, el 12 de octubre, en materia extorsiva, de secuestro, de homicidios y de venta de droga, razón por la cual no deben recibir beneficios.“A la Procuraduría que por favor ejerza un poder especial de vigilancia para que no se entreguen beneficios a quienes no pueden acceder a ellos, a la fiscalía que en caso tal de que esté intentando buscar un principio oportunidad, información que no lo haga en detrimento la gente de Castilla y que no lo haga en detrimento la gente del 12 de octubre”, agregó Tobón.Finalmente, el cabildante le solicita a la Alcaldía de Medellín y al comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que mantengan una vigilancia especial en los sectores que esta estructura criminal históricamente ha controlado en materia delincuencial, para que no lleguen a afectar a aún más a la ciudadanía.
En medio de la cuarta Comisión Accidental del seguimiento al Metro de la 80, se alertó sobre la situación que atraviesa el proyecto en términos financieros, a causa de giros pendientes por parte del Gobierno nacional por 327.000 millones de la vigencia 2025 y 512.000 correspondientes a este año.Según explicó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, la preocupación se centra de cara a tres bancos locales y que la acciones de la empresa Metro para poder tener fechas ciertas de los desembolsos, montos, para que así no tenga impacto en las obras."El Metro hoy mismo tuvo que activar una de las cláusulas que tiene el contrato de cofinanciación para hacer un arreglo directo con el gobierno nacional. Hay un desafío financiero adicional, y es con los créditos que se tiene con la banca local. Ya pusieron el grito en el cielo y dijeron, no van a poder seguir haciendo los desembolsos hasta que no tengan fechas ciertas de las vigencias futuras del Gobierno nacional", indicó. Le puede interesar: Así es la Cívica que el Metro de Medellín diseñó en homenaje a Maluma: puntos para adquirirlaPor su parte, Jorge Ramos, gerente de Proyectos de Infraestructura del Metro de Medellín, aseguró que la compañía y el Distrito de Medellín revisan opciones para financiar las obras del proyecto mientras se hacen los giros faltantes. Esto teniendo en cuenta el cambio de gobierno este 7 de agosto."Dentro de las gestiones que se han adelantado con la con la Nación, se han comprometido a desembolsar durante este mes de julio, a más tardar agosto, unos 230 mil millones de pesos, pero de no materializarse este desembolso estaríamos hablando que en unos 2 o 3 meses el proyecto estaría ya desfinanciado por falta de recursos", indicó.En contraste, la gestión predial del proyecto Metro de la 80 en Medellín ya está resuelta en más de un 90%. De Bedout manifestó que la continuidad del proyecto depende de la pronta respuesta y voluntad del gobierno entrante para cumplir con los acuerdos firmados desde 2020.
La Feria de las Flores volverá a convertir a Medellín en uno de los principales destinos turísticos del país, y uno de los escenarios que promete concentrar miles de visitantes será Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, que del 6 al 9 de agosto celebrará su quinta edición con una programación dedicada a exaltar la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.El evento llega fortalecido tras recibir la Orden al Mérito Don Juan del Corral, Nota de Estilo, otorgada por el Concejo Distrital de Medellín al Grupo Empresarial Asesorías Jurídicas Integrales de Antioquia S.A.S., organización creadora y gestora de la iniciativa, por su aporte al desarrollo cultural, turístico y económico de la ciudad.Fondas de Mi Pueblo Antioqueño impulsa el turismo y la identidad de AntioquiaMás que un espacio de entretenimiento, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño se ha consolidado como una vitrina para que los municipios muestren su riqueza cultural ante visitantes nacionales e internacionales. Inspirada en la antigua Fonda Caminera, la plataforma busca mantener vivas las tradiciones mientras impulsa el turismo y el emprendimiento regional.En cinco años, el evento ha reunido a más de 212.000 asistentes, ha contado con la participación de más de 30 municipios, ha generado oportunidades para cerca de 700 emprendedores y expositores cada año, además de convocar a decenas de agrupaciones artísticas y culturales. También ha contribuido a la generación de más de 4.400 empleos directos e indirectos, reflejando el impacto económico de esta propuesta.Feria de las Flores reunirá gastronomía, música y tradiciónDurante los cuatro días del evento, los asistentes podrán recorrer un solo escenario donde estarán presentes muestras gastronómicas, música, trova, danza, expresiones culturales, productos tradicionales y emprendimientos de diferentes municipios antioqueños.La programación busca acercar a los visitantes a la diversidad del departamento sin salir de Medellín, convirtiéndose en una experiencia para descubrir el patrimonio, las costumbres y las historias que identifican a Antioquia.Quinta edición de Fondas de Mi Pueblo espera fortalecer el desarrollo regionalPara la gerente de Fondas de Mi Pueblo Antioqueño, María Angélica de la Rosa, la iniciativa demuestra que la cultura también puede convertirse en una herramienta para dinamizar la economía y abrir oportunidades."Creemos que las tradiciones no se preservan únicamente recordándolas, sino generando espacios donde puedan vivirse, compartirse y proyectarse hacia el futuro", afirmó la directiva, quien destacó que el reconocimiento recibido impulsa a seguir fortaleciendo la identidad antioqueña y el desarrollo de los municipios.Con esta quinta edición, Fondas de Mi Pueblo Antioqueño espera seguir consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la Feria de las Flores, ofreciendo un espacio donde la tradición, el turismo y el emprendimiento se convierten en protagonistas del departamento.
La Corte Constitucional amparó los derechos a la libertad de expresión, la creación artística, la memoria histórica y la verdad extrajudicial de las víctimas del conflicto armado al ordenar disculpas públicas al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido políticamente como "Gury".Esto, por haber cubierto con pintura un mural con la frase “Las cuchas tienen razón”, una consigna convertida en símbolo de respaldo a las madres que durante años han buscado a sus familiares desaparecidos en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.La decisión del alto tribunal tiene origen en los hechos ocurridos el 1 de febrero de 2025, cuando el cabildante viajó hasta Manizales y pintó de negro parte de un mural autorizado por las autoridades locales, que además incluía los rostros de dos mujeres buscadoras.Posteriormente difundió la intervención en sus redes sociales con mensajes que invitaban a replicar esa conducta, lo que dio paso a acciones judiciales promovidas por organizaciones defensoras de derechos humanos.En su sentencia, el alto tribunal concluyó que la actuación del concejal no estuvo protegida por la libertad de expresión, pues vulneró derechos fundamentales al deslegitimar una manifestación artística de memoria histórica y reparación simbólica.Por ello, le ordenó publicar, en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo, un mensaje de disculpas en todas las redes sociales que utiliza, en el que reconozca que la frase y el mural constituyen un ejercicio legítimo de libertad de expresión y memoria de las víctimas, además de admitir que fueron inexactas sus afirmaciones sobre una supuesta instrumentalización política de esa expresión.Además, el alto tribunal le prohibió promover, realizar o incentivar nuevas acciones dirigidas a borrar, cubrir o sabotear expresiones artísticas relacionadas con las víctimas del conflicto y exhortó a los servidores públicos a proteger este tipo de manifestaciones como mecanismos de reparación simbólica y construcción de memoria histórica.Tras conocerse el fallo, el concejal manifestó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Aseguró que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño dejó sin efecto las determinaciones judiciales que anteriormente habían respaldado su posición dentro de una acción de tutela relacionada con los murales.En sus declaraciones, sostuvo que el pronunciamiento responde a intereses políticos y cuestionó que, a su juicio, la justicia termine favoreciendo a quienes intervienen o deterioran bienes públicos.
A pocas semanas para el final del Gobierno de Gustavo Petro, nuevamente el epicentro de la paz urbana en el Valle de Aburrá vuelve a ser motivo de controversia tras una grave denuncia del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.Esto por cuenta, según el corporado, de un presunto plan que se estaría fraguando para una fuga masiva en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí donde permanecen varios cabecillas delincuenciales como alias ‘Tom’, ‘Lindolfo’, ‘Carlos Pesebre’ o ‘douglas’ que han hecho parte del espacio sociojurídico con el Gobierno nacional.Además de las respectivas denuncias en la Fiscalía, De Bedout, reveló un audio de una fuente anónima que indica que las acciones serían llevadas a cabo previo a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y utilizando motos.En el plan habría participación de diferentes estructuras delincuenciales de Medellín, especialmente de la Comuna 3 Manrique, en el nororiente de la ciudad."Ya tenían unos los pillos que manejan moto, los que iban acompañando y otros que iban solos para sacar, que una gente de que van a salir una fuga masiva en la cárcel de Itagüí, posiblemente antes de la posesión de Abelardo de la Espriella", se escucha por parte del informante.Frente a estas denuncias las autoridades en la capital antioqueña insistieron que no se descarta ningún tipo de información y que se encuentran verificando detalles.Sin embargo, el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa, advirtió que en caso de fuga los cabecillas serían declarados como objetivos de alto valor y les caería todo el peso de la justicia."Ahí sí, como dice el presidente electo, serían declarados objetivos prioritarios para ser recapturados y de llegarse a resistir para ser dados de baja. Entonces, que no jueguen con candela, que el que juega con candela se quema".El espacio de conversaciones en la cárcel de Itagüí se ha movido en las últimas semanas no solo alrededor de las consecuencias de la polémica parranda vallenata realizada en el penal a inicios de abril, sino también sobre rumores del final de este mecanismo tras al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.La senadora Isabel Zuleta, delegada del Gobierno en el espacio, ha sostenido que se encuentran construyendo informes de gestión, que habrá la solictud para que se mantengan las conversaciones, pero que es una decisión solo de la administración nacional entrante.
Una nueva controversia política escaló a los estrados judiciales luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicara una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de haber desconocido presuntamente los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio.Según el cabildante, las actuaciones y declaraciones recientes del jefe de Estado podrían configurar conductas que ameritan una investigación formal por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir.La denuncia se fundamenta en las manifestaciones públicas realizadas por Petro a través de sus redes sociales y en acciones posteriores relacionadas con el proceso electoral que dio como ganador a Abelardo de la Espriella.De acuerdo con De Bedout, el mandatario habría puesto en entredicho la legitimidad de los resultados al afirmar en su cuenta de X que disponía de información sobre un supuesto fraude electoral derivado de una presunta manipulación algorítmica del escrutinio.El corporado explicó que esos señalamientos fueron divulgados sin que, hasta el momento, se haya presentado públicamente evidencia que respalde esas acusaciones y que tienen la capacidad de generar desconfianza en las instituciones electorales y en los resultados."A Petro solo le sirve la institucionalidad cuando gana, pero cuando pierde, se comporta como un golpista. Esto que estamos viendo no es un desacuerdo político, es un patrón de conducta", aseguró.La denuncia también hace referencia a la convocatoria realizada por Petro para una movilización nacional el próximo 20 de julio, una fecha especialmente simbólica para el país por coincidir con la conmemoración de la Independencia y con la instalación de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República. Según De Bedout, este llamado debe ser analizado en el contexto de las declaraciones sobre el proceso electoral y sus eventuales efectos sobre el orden institucional.Dentro de la solicitud presentada, el corporado pidió a la Comisión decretar y practicar todas las pruebas que considere pertinentes para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó obtener las certificaciones oficiales de las publicaciones realizadas por el presidente en su cuenta de X, así como cualquier otro elemento probatorio que permita establecer el alcance y contenido de los mensajes difundidos.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Una investigación de la Policía permitió capturar en Bogotá a un exmilitar, señalado de haber retenido durante nueve días a su pareja sentimental y de someterla a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.El caso fue conocido el pasado 6 de septiembre, cuando la mujer ingresó a un hospital en el sur de la ciudad y manifestó que había permanecido contra su voluntad en un inmueble de la localidad de Kennedy. Según su relato, durante ese periodo fue sometida a agresiones por parte de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año, aunque nunca habían convivido.El señalado agresor es un exmilitar y permanecía constantemente en el inmueble donde ocurrieron los hechos. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó ante un juez de control de garantías una orden de registro y allanamiento para lograr su captura y recolectar elementos de prueba.Según la información conocida por las autoridades, el hombre habría utilizado diferentes mecanismos para mantener sometida a la mujer. Entre ellos estaría el suministro de gotas para dormir y la utilización de gas pimienta. La investigación también señala que el hombre habría utilizado el teléfono celular de la víctima para contactar a otras personas y hacerse pasar por ella, con el propósito de solicitarles dinero.Los relatos incorporados al caso describen además presuntas agresiones con elementos cortopunzantes. En uno de los episodios, el señalado victimario habría colocado la mano de la mujer sobre una mesa y clavado cuchillos entre sus dedos para posteriormente cauterizar las heridas.La víctima también denunció que el hombre utilizó un taladro eléctrico para arrancarle cabello y que, en otros momentos, la habría quemado con una pipa. Según su relato, además, le aplicaba alcohol directamente sobre las heridas abiertas.En cuanto a la violencia sexual, la mujer manifestó ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente en diez ocasiones durante los nueve días que permaneció retenida. También aseguró que durante ese periodo el señalado agresor no le habría proporcionado alimentación adecuada.Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. La investigación continúa para establecer plenamente las circunstancias de los hechos y recaudar los elementos materiales probatorios correspondientes.
Cuando llegaron a Johannesburgo, unos supuestos turistas mexicanos explicaron a los agentes de migración que iban a descubrir los parques naturales sudafricanos para poder contemplar elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y búfalos. En realidad, según la policía, eran químicos enviados por el cártel mexicano de Sinaloa para instalar un laboratorio de metanfetamina a escala industrial en el pueblo de Swartruggens, uno de los siete descubiertos en el sur de África en los últimos dos años.Los investigadores sospechan que este laboratorio forma parte de una red de esa organización para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, los mercados de metanfetamina más lucrativos del planeta, con precios entre 65 y 100 veces más altos que en Estados Unidos.Cuando fue desarticulado en mayo, tenía capacidad de producir cinco toneladas al mes de esta droga sintética, que puede venderse al por mayor en Australia por más de mil millones de dólares, agregan estas fuentes.Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, explica que están investigando si un cargamento incautado este año en el país oceánico procedía de Swartruggens, a dos horas y media de Johannesburgo.El hecho de que "pasó por el puerto de Durban", en la costa este de Sudáfrica, y la "manera en que estaba embalada" llevan a pensar que fue fabricada en esa instalación.Sudáfrica es el "lugar perfecto" para producir metanfetamina, declaró a la AFP una fuente de seguridad.Cuenta con enormes extensiones en las que ocultar los laboratorios, conexiones marítimas y aéreas a nivel mundial y "corrupción, que desempeña un papel importante", señaló.Además, casi un tercio del comercio nacional se realiza con China e India, de donde proceden los productos químicos esenciales para fabricar metanfetamina.La policía australiana confirmó a la AFP que había detectado "un aumento del interés de los carteles mexicanos en el mercado de drogas ilícitas de Australia".No obstante, "debido a la sensibilidad de las operaciones, no comentaremos sobre los carteles mexicanos que operan en Sudáfrica", añadió.El contrabando parece no limitarse a la vía marítima. En enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney, en un vuelo procedente de Sudáfrica, con 39 kilos de metanfetamina en polvo en su equipaje.En Australia, "la metanfetamina es la droga ilícita más consumida" detrás del cannabis, según un informe de 2024 elaborado por la agencia antidroga estadounidense DEA y las policías de ese país y Nueva Zelanda.Estos dos cuerpos de seguridad ya habían establecido con anterioridad que secciones locales de la banda de moteros Comancheros se abastecían de drogas del cártel de Sinaloa.La huella mexicanaLas diferentes investigaciones policiales en curso empiezan a arrojar luz sobre la cadena de suministro que el cartel mexicano ha tejido en el sur de África para satisfacer la demanda australiana.El mismo modus operandi se observa en Nigeria, en el oeste de África, donde este año fueron arrestados cuatro mexicanos durante redadas en laboratorios de metanfetamina.En Sudáfrica, la cifra de arrestados mexicanos se eleva a 16 desde 2024. El primer laboratorio con estas características se descubrió en 2020 en la localidad agrícola de Marble Hall, al noreste de Johannesburgo.Cuando se produjo la redada en Swartruggens en mayo, la enorme magnitud de la operación ya apuntaba claramente al sindicato de Sinaloa.Cinco de los 13 detenidos eran mexicanos, todos ellos químicos, según la policía. Habrían empezado a fabricar la droga poco después de llegar en marzo de 2025 con visados turísticos de tres meses.También arrestaron a dos mozambiqueños, un zimbabuense y cuatro sudafricanos, tres de ellos miembros de la familia afrikáner, propietaria de la extensa finca de caza donde se estableció el laboratorio.Los carteles "parecen acercarse a los agricultores que atraviesan dificultades", aunque no siempre es así, declaró a la AFP una fuente cercana al caso.La familia afrikáner compró la finca en 2024. Además, los padres se enfrentaban a un proceso judicial por alquilar terrenos en los que se fabricaba ilegalmente Mandrax, un sedante hipnótico para el mercado local."Huele realmente mal"Según la policía, estos laboratorios suelen encontrarse casi siempre en fincas aisladas pero con fácil acceso a las principales carreteras, lo que es el caso de Swartruggens."Necesitan un suministro continuo de productos químicos" para fabricar los precursores y también "sacar rápidamente la sustancia final del laboratorio", dijo Naicker, de la unidad antiestupefacientes.Eso implica "múltiples cargamentos que llegaban con camiones", señaló.El Cartel de Sinaloa utiliza el método P2P, basado en el compuesto fenil-2-propanona, hasta ahora desconocido en Sudáfrica, y productos químicos importados de China y la India, según afirmó otro agente."Pero la fabricación de los precursores huele realmente mal", declaró Naicker. "Se puede oler a kilómetros de distancia si el viento sopla en esa dirección", explicó.En agosto, la policía incautó cinco toneladas de disolventes, catalizadores y reactivos usados por los carteles en una redada en la frontera con Zimbabue, llevada a cabo con la ayuda de Estados Unidos.Previamente rastrearon un contenedor sospechoso que había entrado por el puerto de Durban hasta dar con cinco naves de almacenamiento llenas de productos químicos en Midrand, a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo.Y a principios de este mes, desmantelaron un laboratorio a escala industrial que "parece una instalación mexicana" en una finca de Klipvoor, a unas tres horas al norte de Johannesburgo, explicó Naicker.Los grandes tanques encontrados allí, cada uno con una capacidad de varios cientos de litros, son otro indicio de la mano de los carteles."Se trata de equipamiento industrial, pero fabricado a mano. No se puede encontrar en ninguna tienda", afirmó una fuente cercana a la investigación."Creemos que traen a sus propios caldereros para construir todos estos tanques. Así de característico es", agregó.Enseñando a los localesEl general de brigada Naicker afirma que suelen llegar mexicanos de "alto nivel" para montar los laboratorios. Pero luego "dejan a otros mexicanos a cargo de la operación, personas con formación en química que entienden el proceso (...) para continuar con la fabricación de metanfetamina".A veces enseñan a los locales "cómo llevar a cabo la producción y solo venían a supervisarles", como en un laboratorio desmantelado en 2024 a 35 km de Johannesburgo, precisa.Una fuente de seguridad aseguró que los mexicanos detenidos "se encuentran en la parte inferior de la cadena" de mando, incluidos los arrestados en Swartruggens en mayo, aunque tuvieran conocimientos técnicos.Los cinco declararon a la policía que les vendaron los ojos y los tomaron como rehenes al llegar a Sudáfrica.Pero un investigador se burló de sus afirmaciones y replicó que "se les proporcionó todo lo que querían" para que su "estancia fuera cómoda". "¿Qué secuestrador va a dar a sus rehenes... comida y alcohol caros?"Laboratorios industriales en NigeriaEn Nigeria se observa un patrón similar. Una década después de que las autoridades creyeran haber expulsado a los carteles mexicanos, han comenzado a reaparecer laboratorios de metanfetamina presuntamente vinculados a los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.Como Sudáfrica, Nigeria cuenta con vastas extensiones de terreno remoto en las que ocultar los laboratorios, así como puertos y aeropuertos porosos por los que filtrar la mercancía.En mayo se desmanteló el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en el país, en la zona rural del estado de Ogun.Tres mexicanos fueron detenidos acusados de estar vinculados a los cárteles, además de siete nigerianos. Otro mexicano fue detenido en una redada en junio en el estado de Oyo."La producción a escala industrial descubierta en los dos laboratorios confirma que su objetivo era el mercado internacional, especialmente Europa, el sudeste asiático y Oceanía", declaró a la AFP Femi Babafemi, portavoz de la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas.El laboratorio del estado de Ogun se encontraba en un bosque entre las aldeas de Abidagba y de Iroto. Sus residentes acogieron inicialmente con agrado a los forasteros."Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización", dijo Florence Banjo, de 59 años. "Me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea", pero "nos quedamos decepcionados"."Gran capacidad para corromper" Cinco de los 28 laboratorios de metanfetamina desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían a mexicanos implicados, señaló Babafemi.Según él, los mexicanos aparecieron por primera vez hace una década. "Vinieron para transmitir sus conocimientos técnicos a sus colaboradores locales. Una vez que fueron expulsados, los colaboradores locales tomaron el relevo".La reactivación de los cárteles en África se debe, en parte, a la presión que ejercen sobre ellos Estados Unidos y los gobiernos regionales de América Latina, afirmó Babafemi."Debemos preocuparnos seriamente por la expansión" de estos grupos "fuera de su principal bastión", dice Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de la Brookings Institution.Según ella, África es "un entorno operativo propicio para los mexicanos, que tienen una gran capacidad para corromper a las personas".Su metanfetamina es mucho más potente y letal que la versión de la droga que solían introducir de contrabando en Australia los grupos criminales procedentes de China y Birmania, añade.En Mozambique, antes considerado un mero país de tránsito de las drogas, dos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Maputo, la capital, en abril.Posteriormente se encontró una gran cantidad de productos químicos utilizados para fabricar metanfetamina en el domicilio de su presunto cómplice local.Consumo localLa producción y el tránsito a gran escala de drogas sintéticas en África también fomentan su consumo local, lo que preocupa a las autoridades de Nigeria y del sur del continente."A menudo se paga a los intermediarios con drogas, en lugar de solo con dinero en efectivo, y posteriormente tienen que colocar ese producto en los mercados locales", afirmó Antonio De Vivo, jefe de la oficina de Maputo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).Paulo Ferrao, de 27 años, un exadicto que trabaja en un centro de desintoxicación cerca de Maputo, es testigo del daño que la metanfetamina cristalina está causando allí."Estamos recibiendo más casos relacionados con la metanfetamina, lo que significa que la heroína ya no es suficiente para quienes están detrás del tráfico de drogas", señaló Ferrao.