Siguen siendo meses difíciles para el expresidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo, primero, el Partido Conservador lo bajó de candidato a la Alcaldía y aunque aspiro a repetir curul en el Concejo, fue uno de los quemados y no le alcanzó.Ahora, nuevamente es protagonista, pero por un proceso judicial en su contra, al lado del exgerente del Hospital departamental La María, Misael Cadavid, a quienes este miércoles se les imputarán cuatro delitos en la audiencia ante el Juzgado 3 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín por, al parecer, irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción del nuevo edificio de parqueaderos del hospital en el año 2018, en la administración del exgobernador, Luis Pérez Gutiérrez.Un juez, luego de varios meses de investigación, le imputará los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.En ese mismo proceso estarían vinculados dos exfuncionarios que han sido supuestamente mencionados que son Fernando Enrique Cadena Bonfati y Juan Camilo Moncada Cárdenas.Lo que se ha podido conocer es que el exconcejal Cañas cercano al senador Carlos Andrés Trujillo e hijo de Gerardo Cañas Jiménez, quien fue representante a la Cámara por Antioquia entre 1998 y 2002, sería el presunto responsable de coordinar el proceso y el direccionamiento de la adjudicación del contrato por más de 17.418 millones de pesos, para que fuera ganado como ocurrió, de la empresa Electro Proyectos S.A.Misael Cadavid ha trabajado con Luis Pérez Gutiérrez, en el periodo de 2016 a 2019, donde inició como subsecretario de salud, director de lo que en su momento se conocía como Dapard y, posteriormente, asumió la gerencia del Hospital departamental La María en Medellín.
Con 18 votos a favor y tres en contra, en las últimas horas la plenaria del Concejo Distrital aprobó la creación de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín.La nueva dependencia será estratégica para la planificación, el control, la competitividad, la promoción y el entretenimiento turístico de la capital antioqueña, pero también llega en un momento donde se registran cifras y fenómenos históricos.La llegada de más de un millón y medio de visitantes en el último año no solo tiene efectos positivos para las dinámicas económicas de la ciudad, sino que ha puesto en el debate problemáticas como la gentrificación y la seguridad de los mismos extranjeros, pues solo durante 2024 han muerto en diferentes circunstancias 14 de ellos."Esta Secretaría va a ser muy importante porque va a articular todas las dependencias para generar un turismo de valor en nuestra ciudad un turismo que genera impacto económico y al mismo tiempo un turismo que cuida nuestros ciudadanos a nuestros niños, niñas y adolescentes", destacó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano.Frente a la creación de la Secretaría, la Personería Distrital en cabeza de su Observatorio de Turismo y su líder, Carlos Calle, destacó la importancia que tiene su aparición a propósito de las alertas levantadas en los últimos meses desde el Ministerio Público sobre la necesidad de proteger los derechos tanto de los habitantes de la ciudad como de quienes la visitan."En buena hora llega esta Secretaría pero también es un llamado a trabajar en conjunto para que todas estas situaciones de seguridad que se han presentado se puedan ver reflejadas en acciones organizadas y proyectadas desde esta dependencia", señaló Calle.La nueva Secretaría tendrá dos subsecretarías: una de Planificación, Control y Competitividad Turística y otra de Promoción Turística y Entretenimiento para un sector que representa hasta el 7 % del Producto Interno Bruto de la ciudad.
En lo que va corrido del año, los concejales de Medellín han tenido dos intentos en falso por acercarse al gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, para conocer la realidad financiera de la institución que, recordemos, según el alcalde Federico Gutiérrez, tiene un déficit de 66.000 millones de pesos.Aunque este miércoles estaba citado a un debate de control político, el gerente no asistió argumentando que está incapacitado hasta el viernes 23 de febrero, razón por la cual el debate fue aplazado para el sábado 24 de febrero."Aquí solo hay dos opciones, o que se aplace este debate para que comparezca, esté aquí presente y de la cara; o que se aplace este debate y que no asista, no por excusas médicas arregladas, sino porque renunció y se fue del Hospital General de Medellín", advirtió el presidente de la corporación, Andrés Tobón.Por su parte, el concejal citante, José Luis Marín, señaló que "no estamos hablando de temas menores. El gerente no se hizo presente en esta sesión, no se hizo presente en la pasada sesión y los trabajadores denuncian que lleva seis meses sin darles la cara, sin brindarles informe sobre la situación financiera y laboral de la institución".Otros corporados, como Farley Macías, cuestionaron que el gerente del Hospital General ni siquiera haya respondido los cuestionarios que le enviaron."Lo que causa aún mayor malestar es que la bancada citante del Pacto Histórico también radicó un cuestionario que nos permitía dilucidar mucho más la situación del hospital, lastimosamente no se allegó respuesta a ese cuestionario que se formuló", dijo.Desde el Concejo también rechazan que a pesar de las deudas a empleados y proveedores, que superan los 33 mil millones de pesos, el hospital haya optado por invertir más de 17 mil millones de pesos en 2023 para desarrollo tecnológicos y hacer convenios millonarios con los sindicatos, por lo que insisten a los entes de control estar atentos.
Hasta tanto se conozca la decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, el concejal Juan Carlos Upegui podrá continuar ocupando su curul. Así lo confirmó el también ex candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Independientes tras conocerse la decisión en primera instancia del Tribunal que decretó la pérdida de su investidura.Decisión a la que reaccionó por medio de su cuenta en X donde señaló que “El propósito es eliminar la oposición a Federico Gutiérrez. Apelaremos ante el Consejo de Estado para defender nuestros derechos políticos"Quienes también reaccionaron a la decisión del Tribunal fueron el concejal del partido de gobierno, Creemos, Andrés Tobón y el diputado Luis Peláez.Por su parte, Peláez destacó que "mirando la jurisprudencia de esta decisión parece que ese asunto sería inevitable y en caso tal asumirían en orden de lista una cúrul adicional para el partido Creemos".De llegar a ratificarse, en segunda instancia, la pérdida de su investidura, la curul sería ocupada por Camila Gaviria, quien actualmente es la presidenta del partido Creemos.
El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió, en primera instancia, decretar la pérdida de investidura del concejal de oposición y ex candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independientes, Juan Carlos Upegui.Recordemos que en el Tribunal avanzan cinco demandas que argumentan la presunta inhabilidad de Upegui, por el hecho de que desde la Secretaría de Educación, durante la administración de Daniel Quintero, nombraron a Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del político, como rector encargado del colegio San Lorenzo de Aburrá.Tras conocerse la decisión Juan Carlos Upegui reaccionó por medio de su cuenta en X, donde escribió que "El propósito es eliminar la oposición a Federico Gutiérrez. Apelaremos ante el Consejo de Estado para defender nuestros derechos políticos."Desde su equipo de prensa también han expresado que el concejal podrá seguir ocupando su curul hasta que se defina dicha segunda instancia.
Tal y como estaba estipulado en el cronograma del concurso de méritos y sin recursos judiciales que impidieran la votación, el Concejo de Medellín eligió a Mefi Boset Rave como el nuevo personero distrital para la vigencia 2024-2028.Los corporados por unanimidad votaron por Rave luego de un extenso proceso de selección llevado a cabo por el Politécnico Grancolombiano que dejó al electo funcionario en primer lugar con un puntaje de 80,57 sobre 100.En sus primeras palabras el personero electo agradeció la confianza de la ciudadanía representada en los concejales y aseguró que trabajará para servirle."Hoy la ciudad me ha mandado a llamar a mí para servirle y he comprometido mi palabra de que debían buscar un hombre honesto para estar al frente de la Personería y por eso hoy doy mi palabra que vamos a hacer las cosas de la mejor manera, en esta entidad tan grande y tan querida por toda la comunidad y por toda la ciudad", declaró ante la plenaria.De igual manera, indicó que uno de los principales retos al frente de esa entidad del Ministerio Público será mejorar los tiempos de atención al público."A mí me encanta la atención al público. Me encanta que la gente no tenga que esperar mucho por recibir esa respuesta social y desde lo jurídico que le podemos ofrecer desede la Personería, eso se va a hacer un reto importante para mí", añadió Rave.Frente al proceso de selección de Rave algunos concejales manifestaron su preocupación por los obstáculos y cuestionamientos que aparecieron en el camino.Además de las resistidas calificaciones que muchos corporados otorgaron en la entrevista a los candidatos y la renuncia al concurso del personero saliente, William Yeffer Vivas, se sumó el hackeo de la primera prueba de conocimientos que obligó a repetirla. Algo sobre lo que el concejal Farley Macías pidió una investigación oportuna y a fondo."Ellos tuvieron ocasión de remitirla a la corporación y de cierta forma o no encuentra muchos vacíos, yo espero que la Fiscalía actúe prontamente y pueda ampliar la información que si se presenta y que eso ya desmantele las dudas que se tienen sobre el concurso", destacó el corporado.Se espera que Mefi Rave se posesione en su cargo el próximo 29 de febrero ante el mismo Concejo.
Las declaraciones que le costaron el puesto como secretario de Cultura de Medellín a Manuel Córdoba han generado preocupación en ciertos sectores políticos y sociales de la ciudad sobre todo por las posibles injerencias que tendrían concejales de gobierno en el nombramiento de funcionarios de la administración. En el reciente escándalo de Córdoba está involucrado el actual presidente del Concejo, Andrés Tobón, el corporado más votado en la historia de la ciudad y cuyo gerente de campaña fue el cuestionado exfuncionario.Ante una posible influencia política para designación como secretario, en Mañanas Blu con Néstor Morales, Federico Gutierrez negó tales relaciones."Ningún sector político me pueden poner un cargo, me pueden hacer una recomendación (...) No, no representa a nadie políticamente...", dijo el alcalde.En igual sentido se pronunció Tobón, afirmando a Blu Radio que si bien lo conoce hace cerca de 15 años y por eso le pidió que fuera su gerente, no hay razones distintas a sus propios méritos para haber llegado a ese cargo, además de la confianza del actual alcalde a cual acompaña hace ya varios años en su proyecto político con Creemos."Sé que es una persona que conoce directamente a Federico, que Federico lo tiene también referenciado en su tarea por el conocimiento que tiene de ciudad y ya por supuesto fue una decisión del alcalde, no tuve nada qué ver. Lo conozco hace por lo menos 13 o 14 años y precisamente invierto esa confianza que le tengo al hombre y le pedí que fuera gerente", manifestó el corporado.A partir de lo sucedido con Córdoba, desde la oposición concejales como Juan Carlos Upegui manifestaron que ya están radicando peticiones de solicitud de información para conocer si hasta al momento se ha nombrado personas bajo circunstancias similares a las del exservidor cuestionado por la falta de experiencia admitida en la labor que le fue encomendada.
En un reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación dejaría mucho más cerca de perder su lugar en el Concejo de Medellín a Juan Carlos Upegui, quien accedió a la corporación bajo la figura del Estatuto de Oposición, tras ocupar el segundo lugar en las votaciones para alcalde.El ente de control informó que accedió a la pretensión de declaratoria de pérdida de investidura del concejal a menos que el Tribunal Administrativo de Antioquia, donde se encuentran radicadas ya cinco demandas relacionadas con este caso, determine lo contrario.La posible irregularidad en la que incurrió Juan Carlos Upegui, y que ahora lo tendría al borde de abandonar el Concejo, está relacionada con el nombramiento desde la Secretaría de Educación a Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del político, como rector encargado del colegio San Lorenzo de Aburrá 22 días antes de que inscribiera su candidatura por Independientes para las elecciones del 29 de octubre.Según la ley, la participación a cargos de elección popular, como concejos y alcaldías, están restringidas para quienes tengan familiares que hayan ejercido “autoridad civil, política, administrativa o militar” un año antes de la elección.Además de eventualmente dejar su cargo como concejal, el padre de Juan Carlos Upegui podría ser sujeto de investigación por parte de organismos de control.Esta decisión fue rechazada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por medio de sus redes sociales.
La Agencia App es un ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín encargado de gestionar proyectos en el espacio público. Durante la administración pasada algunos proyectos como la modernización del Atanasio, la construcción de una arena para eventos en el cincuentenario y la cárcel metropolitana se vieron envueltos en polémicas y fueron rechazados por la comunidad.El presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, señaló que es una agencia que durante la administración anterior tuvo más escándalos de corrupción que soluciones para los proyectos, y que afortunadamente algunos de estos no se dieron por la forma en que pretendían hacerlo.“Yo creo que esos proyectos tienen que ser viables de manera estructurada, de manera transparente, contando con la comunidad. Agradezco que no hayan sucedido, por lo menos el de Cincuentenario y el del estadio toda vez que lo que pasó con la cárcel Metropolitana es muestra suficiente de una administración no preocupada por el territorio y una administración no preocupada por lo que pasa realmente.”Además, hizo énfasis en la contratación del proyecto de la cárcel metropolitana donde incluso afirma demandó el acuerdo municipal pues considera que se hizo de manera ilegal.Otro concejal que se refirió a los proyectos del estadio y el cincuentenario es Juan Carlos De La Cuesta, afirmando que son obras que hay que llevar a cabo pero socializandolo con la comunidad, por ejemplo los comerciantes que se ven directamente afectados.“El proyecto es de una esencia y es muy bueno, pero si necesita una instancia de socialización muy importante. Lo que han dicho los comerciantes; ellos consideran que deben estar dentro del mismo círculo del estadio, donde está todo el tema del entretenimiento, donde está el flujo de las personas que van hacia el estadio.”Finalmente el director de la APP German Schäfer Elejalde, destacó que son proyectos que tienen un avance importante en materia de estudios, pero que sabe que es necesario tener en cuenta muchos actores.“No hubo mucha acogida, todos entendemos que fue una administración la pasada con serios cuestionamientos y no había la suma de voluntades para sacar una iniciativa. Ahora el propósito durante esta segunda administración del alcalde Federico Gutiérrez es poder socializar este proyecto de manera permanente con la comunidad.”En ese sentido, destaca que son proyectos que aunque requieren ciertos procesos para acercarse a los diferentes sectores involucrados, la idea de está administración es generar esos espacios de socialización para sacarlos adelante.
A las diferentes reclamaciones y polémicas en el proceso de elección del personero de Medellín para el periodo 2024-2027, ahora se suma la posibilidad de un anuncio que podría cambiar por completo el panorama que por ahora lidera quien ocupa ese cargo, William Yeffer Vivas.Se conoció que Vivas haría pública su declinación a esta aspiración el próximo jueves 8 de febrero a las 2:00 de la tarde tras una convocatoria a medios de comunicación.La probable decisión de Vivas obedecería a motivos familiares y se da en medio de un contexto adverso ante los cuestionamientos que ha tenido su gestión sobre posible negligencia ante actos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero, pero además gastos excesivos en temas de viáticos, con visitas al exterior, en los últimos años.El diputado de Antioquia, Luis Peláez, calificó el eventual pronunciamiento como un triunfo ciudadano ante los procesos, en los que reitera, no actuó con celeridad."Sería una conclusión de la presión ciudadana, de muchas de las investigaciones que hemos montado, que hemos revelado. La verdad celebraríamos dicha decisión. Esperamos que así sea, que el personero dé un paso al costado porque durante más de cuatro años incurrió en no investigar muchas cosas", dijo Peláez a Blu Radio.A pesar del posible anuncio aún al Concejo de la ciudad le corresponde evaluar por lo menos siete reclamaciones en las precalificaciones de las entrevistas que llevaron a cabo a 13 de los aspirantes y que también han estado en medio de la críticas por los altos puntajes otorgados por casi todos los corporados a Vivas.
Bogotá está en medio de una situación de crisis por la escasez de agua y, en diálogo con Guillermo Herrera, presidente de Camacol, se discutió el papel que juega la industria de la construcción en esta problemática.Según el presidente Gustavo Petro, uno de los factores que han llevado a esta situación es la exagerada urbanización de la sabana de Bogotá. Ante esto, Herrera señaló que el crecimiento de la población en Bogotá y la sabana es una realidad que demanda vivienda. Además, destacó que estudios demuestran que en los próximos años se requerirán cerca de un millón de unidades de vivienda adicionales.Entonces, la discusión se centró en cómo planificar el crecimiento de las ciudades de manera sostenible y cómo financiar estas viviendas para que sean accesibles para todos. Asimismo, en qué se está haciendo para que las construcciones no consuman tanta agua y energía.En ese sentido, destacó el trabajo del gremio de los constructores en la implementación de prácticas de diseño sostenible y la reducción del consumo de agua y energía en las viviendas. Además, se menciona el impulso de certificaciones sostenibles y la participación de Colombia en la reducción de gases de efecto invernadero.
Una semana después del asesinato del vicepresidente del Concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, y la líder social Clarivet Ocampo. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, confirmó que en las últimas horas fue detenido un menor conocido con el alias de 'Chingüita', miembro de la banda "La Inmaculada", quien sería uno de los responsables de este ataque armado."Se hicieron todas las averiguaciones y este menor estaba en un hospital de Buga, un muchacho de 17 años quien presuntamente perpetro el asesinato del concejal. En este momento ya fue trasladado para Cali, y su captura ya fue legalizada, y se están adelantando las investigaciones contra otras personas que también actuaron en el mismo hecho", dijo Toro.La mandataría también confirmó que, hasta el momento, ningún concejal de Tuluá ha sido contactado por la Unidad Nacional de Protección - UNP, pese al evidente riesgo contra sus vidas."Mientras que no se actúen contra estas personas que son quienes dan las órdenes desde la cárcel, es muy difícil. En este momento, la Policía les está brindando la seguridad a los concejales. Recordemos que hay más concejales amenazados, desde febrero se conoció un comunicado, estamos esperando que la UNP resuelva la problemática de ellos", añadió la gobernadora.El presidente del concejo municipal, Javier Jaramillo, confirma que tanto él como el resto de sus compañeros se sienten expuestos y a merced de esta banda criminal."Muchos de los funcionarios de la administración y nosotros de los concejales preferimos no salir, otros ya no están en Tuluá, y a eso quería llegar porque definitivamente se trunca el ejercicio de la democracia. De 17 concejales, solamente 4 contamos con apenas un solo hombre de protección", señaló el presidente.Por esta situación, la gobernadora del departamento, lidera un nuevo consejo de seguridad junto a la fuerza pública, para reiterar su llamado a la UNP, y así poder desplegar los esquemas de protección necesarios en el municipio de Tuluá.
Una presunta negligencia de la anterior administración de Medellín habría generado el reciente fallo que ordenó al alcalde Federico Gutiérrez y al secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, un arresto por cinco días más una multa, asunto que ya está en revisión por parte de la Personería.A través del del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria esa entidad del Ministerio Público investigará si hay alguna responsabilidad por parte de funcionarios de la Secretaría en la demora de reconocimiento y pago de esa licencia de maternidad a la docente que fue despedida en noviembre de 2023 y a quien fue favorable la tutela y el incidente de desacato que interpuso.Sobre esta situación el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que tan pronto fueron notificados de la incidente de desacato en su contra procedieron con el pago de los recursos adeudados a la docente y acudiendo a estas mismas acciones solicitaron que la decisión que ordenaba su arresto por incumplir como representante legal del Distrito, fuera reconsiderada.
Además de las denuncias que ya están en Procuraduría y las investigaciones que recientemente anunció la Personería Distrital, la Fiscalía General también ha decidido poner la lupa sobre presuntos hechos de corrupción en la Secretaría de Participación Ciudadana durante la administración de Daniel Quintero, y específicamente en la ejecución del Presupuesto Participativo.Y es que a través de dos recientes cartas dirigidas a esta dependencia de la administración distrital, el ente acusador pidió mayores detalles sobre dos contratos suscritos en 2020 y 2021 con Plaza Mayor en el marco de la “Operación logística como apoyo al desarrollo del proceso de fortalecimiento” de dicha Secretaría.Según una denuncia radicada a finales de marzo ante la Procuraduría, desde el liderazgo y supervisión de ese contrato, a cargo de Gloria Echeverri Lopera, se habría direccionado la subcontratación de Plaza Mayor detallando en un documento comuna a comuna y entidad por entidad con quién se debía ejecutar estos recursos por más de 25 mil millones de pesos repartidos en 16 corporaciones.En su solicitud la Fiscalía pidió especificar si esos contratos tuvieron adiciones, además de la relación y constancias de pago durante su ejecución. También pidieron los números de cédula y datos de ubicación de los integrantes de los comités de Planeación, Direccionamiento Contractual y Estructuración y Valoración Contractual.Para el momento de estos hechos el secretario de Participación Ciudadana era Juan Pablo Ramírez, quien en marzo de 2022 renunció para unirse a la campaña de Gustavo Petro en Medellín, luego retornó al gabinete como Secretario de Gobierno y más recientemente aterrizó en el Gobierno nacional como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales en el Ministerio de Hacienda.
Después de cuatro meses de búsqueda en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, fue capturado en el centro de Bucaramanga Luis Alberto Pájaro Herrera, de 29 años, señalado de ser el autor de una balacera que dejó tres personas muertas y tres más heridas en la ciudad de Santiago de Chile.Contra Pájaro Herrera había una orden de captura roja internacional de la Interpol por los homicidios que cometió en Chile. Tras una exhaustiva investigación entre las autoridades colombianas y del país austral se pudo realizar el operativo donde fue capturado el ciudadano de origen venezolano.“Este hombre, de nacionalidad extranjera está relacionado con un violento incidente ocurrido el 29 de diciembre de 2023, en la ciudad de Santiago de Chile. Los hechos que llevaron a la captura de este individuo tuvieron lugar durante un enfrentamiento armado entre dos grupos o bandas que dejó la muerte de tres personas, incluida una menor de edad, y dejó a tres personas más heridas”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.En próximas horas sería extraditado Luis Alberto Pájaro Herrera a Chile para que responda judicialmente por los hechos que ocurrieron el 29 de diciembre de 2023.Ese día en el barrio Pedro Aguirre Cerda, en la ciudad de Santiago de Chile, se presentó una balacera entre bandas criminales donde participó Pájaro Herrera. Las balas impactaron hasta causarle la muerte a dos ciudadanos colombianos de 25 y 30 años. Una menor de 13 años quien se encontraba realizado un video para subir a sus redes sociales también murió.Otras tres personas adultas resultaron heridas y fueron levadas a un centro médico de Santiago de Chile. Después las autoridades de ese país identificaron a Luis Alberto Pájaro como responsable de los homicidios e iniciaron su persecución internacional porque se conoció que había abandonado Chile en enero de 2024.