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Olores y ruido de granja de la empresa Avinal tiene enfrentados a las comunidades, la Alcaldía y Cornare como autoridad ambiental.
Por una acción popular que aceptó el Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato requiriendo a las autoridades demostrar qué acciones han desarrollado.
Cinco años después de interponer una acción popular, las 40 familias que habitan la parcelación Sierras de la Macarena siguen esperando respuestas ante lo que consideran una violación a sus derechos, comola salud, la tranquilidad y la calidad de vida, tras haber interpuesto por lo menos 190 quejas por olores y ruidos de sus vecinos, la Granja Las Aves de la empresa Avinal.
Así lo contó el abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, quien representa a la comunidad en esta acción popular que tras ser desestimada en el Tribunal, pasó al Consejo de Estado, que el 26 de septiembre de 2024 ordenó a las autoridades adoptar medidas efectivas para controlar los impactos de olores y ruido generados por esta empresa avícola.
Osorio aseguró a Blu Radio que aunque este recurso legal fue interpuesto por este grupo de personas, hay más unidades residenciales afectadas, incluso en las vecinas localidades de Marinilla y Rionegro, también en el Oriente antioqueño, por lo que las Personerías fueron vinculadas al proceso.
“Hoy persiste en algunas situaciones que deben corregirse. Nunca se ha pedido que se salga o que saquen la granja del sector donde pueden cohabitar con los habitantes de la parcelación siempre y cuando pues se revisen las inversiones y se proteja pues hoy el medio ambiente dentro de todo el estado social de derecho que enmarca la necesidad y la obligación de esa protección efectiva”, afirmó.
Ya que fueron citados el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, y el director de Cornare, Javier Valencia, para que expliquen las acciones adoptadas. Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial según dijeron a Blu Radio, debido a que apenas fueron notificados.
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Con la apertura del incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Antioquia deberá establecer si las entidades vinculadas han cumplido total o parcialmente las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, especialmente en lo relacionado con el control de olores ofensivos y ruido.
Las entidades tendrán un plazo para pronunciarse y aportar sus explicaciones y pruebas, tras lo cual este tomará una decisión de fondo sobre el presunto incumplimiento, que de comprobarse, incluso la ley prevé multas personales o arresto.
“Desde hace muchos años se ha pretendido iniciar una acción de ese tipo popular, pero digamos que nunca se tuvo ni el acompañamiento ni la decisión efectiva para llevarla a cabo. Aquí, incluso, a través de varias personerías del oriente antioqueño porque esto involucra a varios municipios”, agregó.
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De concederse el desacato, el caso pasará en consulta al Consejo de Estado, que definirá de manera definitiva la legalidad de la decisión. Mientras tanto, el proceso de protección de los derechos colectivos continúa vigente, esto, dice el togado, para garantizar de forma permanente el equilibrio entre la actividad de la granja y el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano y a condiciones adecuadas de salubridad.
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