Cinco años después de interponer una tutela que no prosperó y una posterior acción popular que falló el Consejo de Estado, habitantes de la parcelación Sierras de la Macarena del municipio de El Carmen de Viboral insisten en sus quejas por olores y ruidos de sus vecinos, la Granja Las Aves de la empresa Avinal.
Según contó el abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, quien representa a la comunidad que está inconforme, se han registrado por lo menos 190 quejas, argumentando que tienen derecho a la salud, tranquilidad y calidad de vida. Ante ello, recurrieron al mecanismo de la acción popular que aunque fue desestimada en el Tribunal Administrativo de Antioquia, pasó en segunda instancia al Consejo de Estado, que el 26 de septiembre de 2024 ordenó a las autoridades adoptar medidas efectivas para controlar los impactos de olores y ruido generados por esta empresa avícola.
“Hoy persiste en algunas situaciones que deben corregirse. Nunca se ha pedido que se salga o que saquen la granja del sector, donde pueden cohabitar con los habitantes de la parcelación, siempre y cuando pues se revisen las inversiones y se proteja pues hoy el medio ambiente dentro de todo el Estado social de derecho que enmarca la necesidad y la obligación de esa protección efectiva”, afirmó.
Ante lo que consideran no viene marchando bien, solicitaron al Tribunal Administrativo de Antioquia abrir un incidente de desacato que fue admitido el pasado 30 de enero y que está siendo evaluado por esta instancia, esto para determinar si las entidades vinculadas han cumplido total o parcialmente las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, en este caso la Alcaldía de esa localidad y Cornare, como autoridad ambiental.
Ya que fueron citados el alcalde Hugo Jiménez, y el director de Cornare, Javier Valencia, para que expliquen las acciones adoptadas, Blu Radio se comunicó con ambas entidades y expresaron que por ahora, no hay un pronunciamiento oficial, debido a que apenas fueron notificados.
Según se lee en el auto de apertura, las entidades tienen un plazo de tres días para pronunciarse y aportar sus explicaciones y pruebas, tras lo cual este tomará una decisión de fondo sobre el presunto incumplimiento, que de comprobarse, incluso la ley prevé multas personales o arresto.
Osorio aseguró a Blu Radio que aunque este recurso legal fue interpuesto por este grupo de personas, hay más unidades residenciales afectadas, incluso en las vecinas localidades de Marinilla y Rionegro, también en el Oriente antioqueño, por lo que las Personerías fueron vinculadas al proceso.
“Desde muchos años antes se había pretendido iniciar una acción de ese tipo popular, pero digamos que nunca se tuvo ni el acompañamiento ni la decisión efectiva para llevarla a cabo. Aquí, incluso, a través de varias personerías del oriente antioqueño porque esto involucra a varios municipios”, agregó Osorio.
De concederse el desacato, el caso pasará en consulta al Consejo de Estado, que definirá de manera definitiva la legalidad de la decisión. Mientras tanto, el proceso de protección de los derechos colectivos continúa vigente, esto, dice el togado, "para garantizar de forma permanente el equilibrio entre la actividad de la granja y el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano y a condiciones adecuadas de salubridad".
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