Con el inicio de la repartición de facturas físicas a más de medio millón de hogares y empresas en Antioquia para recaudar la tasa de seguridad propuesta por la Gobernación, entes de control también iniciaron actuaciones para determinar algunas de sus posibles consecuencias.
Este es el caso de la Contraloría de Medellín, quien anunció la activación de un proceso de vigilancia fiscal con el objetivo de determinar si Empresas Públicas de Medellín podría tener un impacto negativo en sus finanzas por cuenta del cobro de este tributo enfocado en fortalecer la seguridad en el departamento los próximos años.
Aunque, a través del presidente de la Junta Directiva de la compañía de servicios públicos, el alcalde Federico Gutiérrez, se expresó la negativa de EPM para realizar el cobro de la tasa en sus facturas, esta sí fue requerida por la Gobernación, como autoridad fiscal, para la entrega de información sobre el consumo de energía de sus usuarios, la base para calcular los montos a pagar.
La entidad de control fiscal manifestó que ya llevó a cabo la primera mesa técnica de trabajo con la empresa en el marco de este proceso para determinar posibles riesgos fiscales y su tratamiento.
Para ello, aseguraron, que ya requirieron información al sujeto de control e informarán avances y resultados del proceso de vigilancia fiscal una vez los tengan.
Sobre la tasa de seguridad propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón actualmente cursan al menos cinco demandas que intentan frenar su cobro, sin embargo, desde la administración departamental aunque admitieron ser notificados de varios de estos procesos, hasta ahora no se ha emitido ninguna medida cautelar que prohíba su recaudo.
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