La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 020 de 2026 por los riesgos para las comunidades de la cabecera municipal de El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia, y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver, por la intensificación de la disputa entre grupos armados ilegales en la zona, el uso de drones con explosivos, desplazamientos, asesinatos selectivos y otras formas de control armado que están profundizando la crisis humanitaria en el territorio.
En su comunicado, la entidad explicó que la emisión de la alerta obedece a la intensificación de la disputa territorial y financiera entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del Clan del Golfo y el frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. El conflicto, para la entidad, se centra en el control de zonas estratégicas para la captación de rentas ilícitas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y sectores como Guamocó y Mina Nueva.
Uno de los factores más preocupantes sobre los que alertó la Defensoría es el uso indiscriminado de drones con explosivos y municiones sin explotar, pues desde junio de este año, los ataques han sido más frecuentes, lo cual ha generado efectos indiscriminados y sembrado el temor en la población civil.
Desde la entidad, advierten que esta dinámica ha provocado una grave crisis humanitaria, debido a que solo en un evento ocurrido en junio del 2026, fueron lanzados 12 explosivos desde drones y 61 familias tuvieron que desplazarse de sus hogares. Asimismo, son cientos las familias que permanecen confinadas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.
La entidad aseguró que la población debido a esta disputa tienen prohibido el tránsito después de las 6:00 p. m. en vías rurales por parte de los grupos armados y que además estos le exigen a las personas el pago de "vacunas" equivalentes al 10 % de la producción de oro.
Es por esto por lo que la defensoría propone 14 recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, entre otros entes del orden nacional, departamental y local, que tienen como finalidad implementar acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, mitigación de las vulnerabilidades detectadas y la prevención de violaciones a los derechos humanos