La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la situación que enfrenta el corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, Antioquia, donde la disputa entre las disidencias de ‘Calarcá’ del Bloque Magdalena Medio y el Clan del Golfo estaría generando un progresivo deterioro de las condiciones humanitarias y de derechos humanos.
De acuerdo con la entidad, este territorio se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación por el control territorial, los corredores estratégicos y las economías ilegales que operan en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Bolívar y zonas limítrofes del nordeste de Antioquia.
Según el balance presentado por la Defensoría, entre enero y mayo de este año se han documentado dos eventos de confinamiento y cinco desplazamientos forzados masivos. Aseguran que también se han registrado amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como daños a bienes civiles.
La entidad también manifestó su preocupación por el uso recurrente de drones, advirtiendo que estos hechos han generado afectaciones sobre viviendas, infraestructuras y bienes de subsistencia de las familias campesinas, aumentando los riesgos para la población civil.
“La recurrencia y gravedad de estos hechos evidencian un progresivo agravamiento de la situación humanitaria y de derechos humanos en el territorio”, señaló la Defensoría, al advertir que los ataques con estos artefactos han dejado afectaciones incluso sobre animales destinados al sustento de las comunidades.
El organismo agregó que la salida de la Policía Nacional de Puerto López, ocurrida en marzo de este año, “ha profundizado la percepción de desprotección de las comunidades y ha limitado la capacidad de respuesta institucional frente a los hechos de violencia y control territorial ejercidos por los actores armados ilegales”.
La Defensoría indicó además que durante 2026 se han registrado 14 desplazamientos forzados masivos en Antioquia y Bolívar, que han dejado más de 2.400 personas afectadas, así como seis eventos de confinamiento que han restringido la movilidad de más de 7.700 habitantes.
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Finalmente la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades competentes para adoptar medidas “integrales, oportunas y coordinadas” que permitan garantizar la protección de las comunidades, atender la emergencia humanitaria y restablecer las condiciones de seguridad en Puerto López y su área de influencia.
También pidió al Ministerio del Interior activar mecanismos de prevención para responder a las violaciones de derechos humanos que se vienen registrando en el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste antioqueño.
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