Dos ciudadanos estadounidenses abordaron en las últimas horas desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, un vuelo de Avianca con destino a Miami, Estados Unidos, luego de que Migración Colombia deportara a uno y expulsara al otro, por lo que consideraron “graves comportamientos que comprometían la seguridad y el orden público en Antioquia”.
Se trata del influenciador extranjero conocido como Chill Capo, quien a través de sus redes sociales promovía encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual. Según Migración Colombia iniciaron la investigación tras detectar que ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos “consejos” para evadir controles de las autoridades.
De acuerdo con el informe oficial, el ciudadano se encontraba en condición de permanencia irregular en el país, motivo por el que fue conducido fuera del territorio nacional. La directora Paola Salazar fue enfática en que este tipo de comportamientos refuerzan los estereotipos de belleza a las mujeres.
"Estaba promocionando a las mujeres en Medellín como atractivo turístico, reforzando de esta manera estereotipos patriarcales sobre la mujer antioqueña. Por estos hechos se le impuso una medida de deportación y restricción de ingreso al país durante cinco años. Deberá contar con visa autorizada por Cancillería", aseguró.
El segundo caso involucra a otro ciudadano estadounidense que habría protagonizado episodios de amenazas y riñas en instituciones educativas del sector de Las Palmas y otras zonas del Oriente antioqueño. Según las autoridades, el hombre intentó ingresar a un colegio en Llanogrande, haciéndose pasar como docente de inglés, pero al no lograr su objetivo, habría reaccionado con amenazas dirigidas a estudiantes, lo que encendió las alertas de la comunidad educativa.
Con información de autoridades de Estados Unidos, se logró establecer que el sujeto tenía antecedentes judiciales y órdenes de arresto vigentes en Nueva York, por lo que las autoridades migratorias pudieron ejecutar su expulsión del territorio nacional, así como la prohibición de ingreso a Colombia por 10 años y la obligación de tramitar una visa para su ingreso al país una vez transcurrido ese tiempo.
Tras la medida adoptada por Migración, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez:
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