El confinamiento supera en un 400 % al desplazamiento en al menos tres subregiones de Antioquia. En lo que va del año se han registrado más de 1.200 familias afectadas según la Fundación Sumapaz
El confinamiento de poblaciones civiles continúa siendo una problemática crítica en Antioquia. Según datos recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en lo corrido de 2026 se han registrado 5.446 personas confinadas en cuatro subregiones del departamento, cifra que equivale a 1.573 familias afectadas por esta vulneración a los derechos humanos.
Al contrastar estas cifras con las proyecciones iniciales de la Fundación Sumapaz, se observa una diferencia significativa en la magnitud del impacto
Mientras las estimaciones de la organización apuntaban a cerca de 4.000 personas afectadas y 1.200 familias, las cifras actuales consolidan un panorama más complejo con 5.446 personas confinadas. El promedio registrado es de aproximadamente 450 personas y 140 familias por cada evento de confinamiento.
“En total fueron cerca de 1200 familias las que este año lamentablemente se vieron inmersas en esa vulneración a los derechos humanos. Creemos que las subregiones con más impactos son aquellas subregiones donde hemos denunciado esas disputas o focos de violencia territorial”, aseguró Oscar Yesid Zapata, Defensor de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz de Antioquia.
¿Dónde hay mayor desplazamiento forzado en Antioquia?
Las subregiones con mayor incidencia son el Nordeste, con municipios como Remedios (1.316 personas) y Segovia (424); el Occidente, con Frontino (954); y el Bajo Cauca, con El Bagre (741). A este listado se suma el municipio de Briceño, que registra 2.011 personas confinadas. Las principales causas reportadas para este fenómeno son los enfrentamientos (29 %), las amenazas generalizadas (21 %) y los combates (21 %).
El impacto de este fenómeno trasciende la seguridad física, ya que el confinamiento restringe el acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. Además, esta situación afecta directamente la relación de las comunidades con sus territorios y vulnera sus prácticas ancestrales de subsistencia.
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