La Fiscalía acusó formalmente a cinco personas, entre estas el exsecretario de Movilidad en la alcaldía de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en un contrato de más de $16.000 millones de pesos, para intervenir vías en Medellín.
La contratación habría sido realizada de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía adelantarse mediante licitación pública.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas que estarían implicadas en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos, destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín.
Se trata de la firma de un contrato para atender la malla vial de Medellín, entre el 28 y 29 de junio de 2023, en la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
El objeto contemplaba diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, pero los elementos materiales probatorios obtenidos dieron cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial.
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El fiscal del caso relató lo siguiente:
“No correspondía ni corresponde a la secretaría de movilidad del distrito especial de Medellín la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso público, sino que la secretaría de infraestructura física la encargada misonadamente. Por demás, en la fase precontractual, les fue posible observar una clara vulneración del principio de planeación, pues el estudio previo no cumplió con los requisitos establecidos, puesto que, a, no cuenta con autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución”
Asimismo, quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato. Adicionalmente, se conoció que la contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía convocarse licitación pública.
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Los procesados son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.
Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las anomalías, Zuleta Estrada es señalado de intervenir en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, Cuervo Sánchez presuntamente otorgó la viabilidad jurídica al proceso, y López Giraldo y Ortega Mateos, al parecer, certificaron el cumplimiento de requerimientos cuando la realidad era otra.
En ese sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a estas cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente Torres Ojeda también deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público.