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Como falta gravísima a título de culpa gravísima calificó la Procuraduría General la conducta de tres exfuncionarios del Ministerio de Educación Nacional a los que el ente de control formuló pliego de cargos por posibles irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato a Tigo-Une.
Se trata de Dalila Astrid Hernández Corzo; la exsubdirectora de contratación del Ministerio, Karen Ezpeleta Merchán y el exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, Roger Quirama García.
Al parecer estas personas fueron las encargadas de adjudicar a Tigo-Une un contrato para la adquisición de una nube privada para el Ministerio, es decir, un servidor propio a los que se accede a través de Internet, pero en cuya propuesta en ocho de sus ítems no se incluyeron los valores del IVA.
Esto produjo que la oferta de la empresa de telecomunicaciones electa haya sido la más baja de todos los oferentes, pues la no inclusión del IVA permitió que estuviera sobre los 3.400 millones de pesos cuando debió estar por encima de los 4.000 millones.
Según la Procuradurìa, los vinculados a la investigación tienen responsabilidades en asuntos como la adjudicación de la orden de compra a la oferta que en realidad no era más favorable en términos financieros, pero además en la no verificación del cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas.
Con estas acciones se habría violado el principio de selección objetiva.
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