Polémica en el Suroeste de Antioquia por un acuerdo suscrito entre Corantioquia y la minera Quebradona para ejecutar proyectos para proteger recursos naturales en la subregión. Mientras que 90 organizaciones ambientales y sociales consideran la minera un actor ilegítimo para este tipo de intervenciones, la autoridad ambiental asegura que cada alianza guarda respeto por la sostenibilidad de su jurisdicción.
La reciente firma de un acuerdo de voluntades entre Corantioquia y la minera Quebradona reavivó la controversia alrededor del proyecto de explotación de cobre que desde hace varios años divide opiniones en el Suroeste del departamento.
Aunque la figura fue presentada como una herramienta para fortalecer la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del territorio, organizaciones y líderes sociales cuestionaron la decisión de la autoridad ambiental por considerar que envía un mensaje contradictorio frente a los antecedentes del proyecto de extracción mineral.
Según el documento, el acuerdo busca establecer una hoja de ruta conjunta para promover la sostenibilidad territorial, fortalecer la cultura ambiental y desarrollar acciones encaminadas a la protección de los ecosistemas.
Sin embargo, 90 organizaciones sociales y ambientales de la subregión en una carta pública expresaron su inconformidad porque, según afirman, este tipo de articulación se adelantó exclusivamente con la empresa minera y no incluyó a otros procesos del Suroeste que durante años han impulsado iniciativas de conservación en el territorio.
Los críticos recordaron que el proyecto Quebradona enfrentó un revés en su proceso de licenciamiento luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivara el trámite por considerar que existían vacíos e inconsistencias en la evaluación de sus impactos. Además, señalaron que la propia Corantioquia impuso en el pasado sanciones a la compañía por afectaciones ambientales durante la etapa de exploración.
Los opositores aseguraron que Quebradona también ha desconocido estudios sobre la existencia de acuíferos en la zona y recordaron el proceso judicial que hoy afrontan 11 campesinos de Jericó que se han opuesto al proyecto minero.
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Frente a las críticas, Corantioquia, a través de un comunicado, defendió el alcance del acuerdo y aseguró que este hace parte de una estrategia más amplia que actualmente desarrolla con otras 18 empresas de distintos sectores.
La autoridad ambiental enfatizó que el documento no contempla compromisos económicos ni financieros entre las partes y explicó que su propósito es articular esfuerzos para impulsar acciones ambientales y comunitarias.
Asimismo, sostuvo que la iniciativa responde a “una visión de minería regenerativa con enfoque social, en la que la actividad productiva pueda desarrollarse de manera compatible con la protección del entorno y el bienestar de las comunidades”.
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