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De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado, más de un billón de pesos les deben las Entidades Promotoras de Salud a los hospitales públicos de Antioquia.
Esta situación preocupa a la seccional de salud del departamento si se tiene en cuenta que un total de 55 hospitales públicos se encuentran en riesgo financiero moderado y alto.
Así lo alertó la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, quien indicó que la situación se agravó, luego de la liquidación de la EPS Coomeva.
"Los hospitales que más afectados están, tenemos el hospital San Rafael de Itagüí, el hospital de La Estrella y el hospital de Barbosa, que son del área metropolitana, pero, en cada subregión del departamento tenemos hospitales afectados como el de Angelópolis, Valdivia, entre otros", indicó la secretaria de salud de Antioquia Marta Ramírez.
Por otro lado, la Secretaría de Salud del departamento sugiere someterlos a un saneamiento fiscal y financiero que alivie la crisis en el sector de la salud.
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La procuradora delegada para la salud, Diana Margarita Ojeda, anunció que está siguiendo los recursos de la salud, por un lado, a la insuficiencia de la UPC y, por el otro, el traslado de 1.5 billones de pesos para construcción de hospitales, compra de ambulancias y equipos extramurales.
“Desde diciembre 28 del 2022 se trasladaron 49.000 millones de pesos para los equipos básicos extramurales. Después se trasladaron 249.000 millones de pesos para la construcción de hospitales, equipos extramurales, etc. Y últimamente, en los tres últimos meses del año pasado, se trasladaron a los entes territoriales 1.2 billones para lo mismo, para comprar ambulancias, construir hospitales, para equipos extramurales y para pagar honorarios. En las resoluciones no aparecen ni los controles ni la planeación y a eso se estamos haciendo seguimiento y en su momento se enviará al operador disciplinarios”, dijo la procuradora delegada.
Ojeda también anunció que la Procuraduría sigue de cerca los casos de posibles presiones a los interventores de la Superintendencia de Salud en hospitales públicos del país por parte del Ministerio de Salud. La Procuraduría no descarta investigar a fondo este tema.
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“Sí ha habido casos. Las presiones que denunció el interventor del Chocó. En lo que va corrido de este año y finales del año pasado tres interventores cambiados por este gobierno porque no satisfacen las necesidades de la Superintendencia que es la que los delega (…) pasará al operador disciplinario de la Procuraduría General”, comentó Ojeda.
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