¿Que rueden cabezas? Pedido de concejales de Medellín por escándalo en cárcel de Itagüí

Concejales de Medellín pidieron la salida del ministro de Justicia, el director nacional del Inpec y la senadora Isabel Zuleta de su rol de delegada del Gobierno en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí. Indican que el retiro de 11 guardias no es suficiente tras la parranda vallenata

La polémica fiesta con la presencia del cantante Nelson Velásquez en la cárcel La paz de Itagüí ha generado un sinnúmero de peticiones, recursos legales y opiniones que cada vez generan más eco para la mesa de diálogos del Gobierno nacional con cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá.

Ante lo que han mostrado videos de cámaras de seguridad, guardias y asistentes al evento, se han generado fuertes críticas hacia el Gobierno Nacional y el Inpec, al considerar que estos hechos evidencian una pérdida de control institucional en uno de los centros de reclusión más importantes del país, lo que a juicio de los denunciantes debería costarle el puesto a altos funcionarios y directivos de la entidad carcelaria.

Para la concejala Claudia Carrasquilla, quien destapó la olla podrida, pese a que la entidad carcelaria anunció que fueron apartados de sus cargos 11 guardias del Inpec no es suficiente, además porque tampoco está de acuerdo con los traslados a los que accedieron algunos de ellos.

“Lo más censurable es que el jefe de cuerpo de custodia, que es el teniente Freddy Ciprián, lo premia enviándolo para la cárcel de Jamundí, donde es una cárcel donde hay personas privadas de la libertad con igual perfil que los que se encuentran en este momento en la cárcel de máxima seguridad. Aquí debe rodar la cabeza del director nacional del Inpec y del ministro de justicia, que no le han sabido responder al país”, aseguró.

Por su parte, el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, opinó que también debería haber repercusiones para la senadora Isabel Zuleta, en su rol de coordinadora de este espacio socio-jurídico.

“Esta mesa se ve a acabar inmediatamente y la senadora el pacto histórico Isabel Zuleta debe apartarse porque no solo le quedó mal a los bandidos, le quedó mal a la ciudad, le quedó mal al presidente y que más bien se vaya a responder ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado por toda la extralimitación que ha tenido con esa coordinación que le designó el presidente de la República”, dijo.

Varios corporados rechazaron el silencio del candidato presidencial Iván Cepeda, a la par que se mostraron de acuerdo con la propuesta del alcalde Federico Gutiérrez de que se derogue la ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de Paz Total del Gobierno Petro, porque no se ha tenido avances y debe haber responsable.

"Aquí es muy importante que se sepa todo lo que está pasando y las irregularidades. Y ojo con esto, hay gente que cree dueña en esa cárcel, por ahí una senadora que hace lo que quiera, yo creo que ese va a terminar más enredada que ellos", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Santiago Tobón, director del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, dijo que la pregunta que queda es qué capacidad institucional tiene el país para evitar que esto suceda y expone una falla relevante en el diálogo socio jurídico ni siquiera habían revisado como emitir esta medida.

“Esa capacidad logística, pues y financiera dentro de un penal, entre comillas, de máxima seguridad, pues lo que nos muestra es que el Inpec carece del control efectivo sobre lo que ocurre en estos espacios y pues está haciendo, digamos, investigaciones las investigaciones pertinentes. La pregunta relevante que queda es qué capacidad institucional tenemos eh, digamos, como país para impedir este tipo de situaciones”, agregó.

Sumado a la anterior, el concejal Andrés Tobón radicó una solicitud ante la Fiscalía para reactivar las órdenes de captura contra los siete cabecillas que se encuentran en libertad; envió un derecho de petición al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Justicia indicando que se deben suspender definitivamente los diálogos en la mesa de paz urbana y no de manera temporal, como se anunció una vez estalló el escándalo; y finalmente propuso que haya una sanción social contra el cantante de vallenato Nelson Velásquez, para que no sea contratado en eventos públicos de la Gobernación y la Alcaldía.