Superservicios bloquea cobro de tasa de seguridad de Antioquia en servicios públicos

La polémica tasa para inversión en seguridad en Antioquia que a finales de 2024 fue aprobada por la Asamblea Departamental sigue generando controversia. Esta vez por cuenta de una circular externa de la Superintendencia de Servicios.

En el documento la entidad cerró una vez más la posibilidad a que el tributo que pretende recaudar más del billón de pesos en tres años, sea recaudado vía factura de energía, como varios sectores opositores a esta iniciativa han sostenido.

En la circular la entidad reiteró que los prestadores de estos servicios, como EPM, “no podrán incluir en la factura cobros distintos a los originados por la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios”.

Además, que “la inclusión de cobros no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios deberá estar autorizada previamente de manera expresa y escrita por el suscriptor y/o usuario” y que en aquellos casos donde no hay un consentimiento expreso frente al cobro, los cargos adicionales “deberán totalizar por separado a fin de que el usuario o suscriptor pueda realizar el pago del servicio público domiciliario de manera independiente al pago de los otros conceptos”.

Ante estas disposiciones inicialmente advertidas por EPM en una primera instancia, el gobernador manifestó que se buscarían otras alternativas para llevar a cabo este cobro.

La tasa de seguridad que se cobrará solo esa estratos 4, 5 y 6 del departamento empezó a regir desde el 1 de enero y la adelanta Valor+, la dependencia del IDEA que cobra el impuesto vehicular en Antioquia. Sin embargo, se está a la espera de los registros de consumo de energía durante el primer mes del año para que lleguen las primeras facturas a usuarios que también pueden ser comerciales.

Los recursos recaudados por esta iniciativa irán destinados a proyectos como la adquisición de equipos tecnológicos para la seguridad, el mejoramiento de estaciones de policía, la construcción de placas polideportivas y de una cárcel departamental de sindicados, entre otros.