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La Universidad de Antioquia se pronunció en medio de la crisis por violencias basadas en género en la institución. Aseguró que vienen trabajando para tramitar los casos denunciados que solo durante 2023 fueron 205.
Una nueva ola de denuncias públicas por presuntos casos de violencias basadas en género en la Universidad de Antioquia han generado preocupación en la comunidad académica y en especial las directivas, quienes recientemente se pronunciaron ante decenas de carteles y mensajes que en los últimos días han aparecido al respecto en diferentes zonas del campus.
Frente a estos hechos, y en especial al conocido en redes sociales por parte de Lauren Torres, una docente del pregrado de astronomía, quien denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un estudiante, la institución, a través de un comunicado, manifestó su solidaridad con las personas afectadas y aseguró que sí vienen trabajando en la atención y visibilización de estos hechos.
Indicaron que, a través de la Unidad de Asunto Disciplinarios, llevan desde 2023 un total de 173 procesos activos, producto de 205 denuncias. De este total de procesos, 83 los abordó un equipo especializado donde 50 personas disciplinables fueron profesores y empleados y los otros 33 fueron estudiantes.
El vicerrector general, Elmer Gaviria, expresó que este tipo de hechos han venido incrementando en denuncias, por lo que se tomó la decisión de ampliar el número de profesionales que atienden estas solicitudes.
“Una vez evaluados el número de casos, que ha ido incrementado, entonces, lo que hemos ido es fortaleciendo los equipos en esta área, teníamos dos personas, aumentamos dos más, y ahora decidimos que se aumente a más para atender estos casos”, resaltó.
Desde el plantel también pidieron la participación de autoridades externas para “ofrecer los mecanismos de protección necesarios y determinar las medidas cautelares que den lugar en un caso puntual” en estos hechos, donde reconocieron, hay una afectación de la salud física y mental de los implicados.
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Frente a las demoras en los procesos denunciadas por varios sectores de la comunidad universitaria, las directivas manifestaron que, según la ley colombiana, los procesos pueden tardar hasta 18 meses atendiendo a la complejidad del asunto y la garantía de los derechos tanto de las víctimas como de los sujetos investigados.
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