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Veeduría ciudadana denunció penalmente hechos que involucran presuntos cobros indebidos a gestor educativo en Medellín para contratarlo en proyecto del Presupuesto Participativo. En el último año el programa ha ejecutado más de 10 mil millones de pesos.
Tras anuncios de investigaciones disciplinarias al interior de la Alcaldía de Medellín y la propia Personería Distrital, bajo la lupa de la justicia ahora se encuentran las presuntas exigencias económicas que habría tenido un gestor educativo de la ciudad para hacer parte de un proyecto financiado con recursos públicos.
La veeduría ciudadana Todos por Medellín anunció que interpuso ante la Fiscalía una denuncia por los hechos conocidos a principios de febrero por parte de la misma víctima, José David Medina, quien relató que el coordinador de proyecto de gestores educativos de la comuna Robledo de Medellín, identificado como Alejandro Barrera, le habría pedido un monto considerable para poder contrartarlo.
"Me citó en el barrio El Cortijo, en una cafetería, y me cobró doscientos mil pesos mensuales en diez cuotas para poder incluirme dentro del equipo que iba a ser contratado de gestores educativos. Estamos ante una modalidad de corrupción", señaló.
La situación que se conoció en medio de las campañas de cara a las elecciones legislativas, generó en su momento el rechazo por parte de la la Institución Universitaria Colegio Mayor, entidad encargada de ejecutar estos contratos con recursos del Programa de Presupuesto Participativo.
La veeduría ciudadana advirtió que tras el análisis de testimonios y documentos contractuales, buscan”aportar insumos rigurosos que permitan avanzar en la investigación y establecer si hay responsabilidades penales”.
De igual manera sugirieron a todas las instituciones involucradas en el control de la gestión pública prestar especial importancia a la ejecución del Presupuesto Participativo en los diferentes territorios de la capital antioqueña.
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Esto si se tiene en cuenta, según Todos por Medellín, que los recursos de este programa se incrementaron en promedio por contrato cerca de la mitad entre 2025 y 2026 pasando de un total de 3.806 millones de pesos el año anterior en 208 procesos, a 247 durante la actual vigencia con recursos que rondan los 6.730 millones.
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