Al menos 60 conductores de transporte informal que trabajaban en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas habrían sido víctimas de una red de extorsión atribuida al Tren de Aragua, que les exigía dinero para permitirles continuar trabajando en estas zonas del suroccidente de Bogotá.
Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados se habrían presentado desde febrero de 2024 hasta agosto de 2026 y cada conductor debía entregar entre $28.800 y $35.500 para completar una cuota semanal de aproximadamente 1'300.000.
Las amenazas llegaban principalmente a través de videollamadas y servicios de mensajería instantánea. Allí, los integrantes de la estructura advertían a las víctimas que podían “atentar contra sus vidas o las de sus familiares, quemar sus vehículos o incluso, expulsarlos de las rutas” en las que trabajaban si se negaban a realizar los pagos.
¿Cómo recogían el dinero?
La investigación permitió establecer que la estructura habría obligado a uno de los conductores a recoger el dinero de varios trabajadores de la zona y posteriormente transferirlo a billeteras virtuales.
Después de realizar la operación, debía enviar el comprobante mediante mensaje de texto y destruir el soporte físico, una práctica que, según las autoridades, buscaba dificultar el seguimiento de los recursos.
Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que las labores investigativas permitieron establecer la existencia de una estructura conformada por aproximadamente 14 personas, cuyos integrantes tendrían funciones específicas dentro de la organización.
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“Varias personas presuntamente vinculadas al grupo denominado Tren de Aragua se concertaron de manera organizada y permanente haciendo actividades dirigidas a obtener dinero mediante el constreñimiento e intimidación de conductores de transporte informal”, señaló la Fiscalía.
Tras recopilar los elementos de prueba, las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización, quienes, de acuerdo con la investigación, se encargaban de coordinar las exigencias económicas, recibir los recursos, retirar determinadas sumas y posteriormente distribuir el dinero entre otras personas de la estructura.
Los procedimientos fueron realizados por unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
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Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, mientras continúa el proceso judicial para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los capturados.