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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación a funcionarios de la Secretaría de Movilidad del Distrito Bogotá, por presunto detrimento patrimonial en un contrato para la gestión de grúas en la capital del país.
El ente de control investiga las denuncias sobre presuntas anomalías en el contrato del Distrito con el concesionario GYP S.A.S para la gestión de las grúas y patios de vehículos inmovilizados en la ciudad desde la vigencia 2018.
Busca esclarecer si de los ingresos generados por este contrato bilateral a la capital solo llegan el 17.7%, mientras que según la información recibida por el Ministerio Público, presuntamente el casi 82.3% de los ingresos por los cobros se destinan al contratista, lo que en recaudo pareciera corresponde en su totalidad a 163 mil millones de pesos entre abril de 2018 y enero de 2024.
Por lo tanto, el ente de control verifica si el ingreso a la Secretaría tan solo es de $28 mil millones, pero para el concesionario es por presuntos $134.000.000.000.
Desde la Procuraduría, Segunda Distrital de Instrucción se ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer los sucesos que sustentan las acusaciones en la comisión del plan del Concejo de Bogotá.
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