El escándalo en torno a la camioneta vinculada al tráfico de drogas, propiedad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fue interceptada el 10 de diciembre de 2022 en Caloto, Cauca, ha resultado en un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra de Christian Páez Pinzón, oficial de protección, por incumplir el deber funcional luego de no reportar la entrega de este vehículo de la UNP.
La Procuraduría se pronunció respecto al escándalo relacionado con el decomiso de una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP), cargada con 150 kilos de cocaína conocido como 'La narcocamioneta de la UNP'. Según las autoridades, el hecho tuvo lugar el pasado 10 de diciembre de 2022 en el municipio de Caloto, Cauca.
La camioneta formaba parte del esquema de seguridad del exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo, y estaba bajo la responsabilidad del oficial de protección Christian Páez Pinzón.
Por otra parte, Manuel Antonio Castañeda Bernal conducía la camioneta, sin embargo, al momento del decomiso, que no tenía relación con la UNP ni con el esquema de protección de Rodríguez Rozo.
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Las investigaciones revelaron irregularidades en la versión proporcionada por Páez, quien afirmó haber dejado el vehículo guardado en la casa de Rodríguez Rozo el 6 de diciembre de 2022, las autoridades determinaron que la camioneta se encontraba en el municipio de Montealegre, Huila, para ese momento.
Esta contradicción ha generado sospechas sobre la posible participación del oficial en el desvío del vehículo hacia actividades ilícitas, y ante estos hallazgos, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Páez a quien se le acusa de no informar sobre la entrega de la camioneta a un tercero ni sobre el uso indebido que este le dio, contraviniendo así las medidas de protección establecidas por la UNP.
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Para la Procuraduría este caso no solo representa un serio revés para la credibilidad y eficacia de la UNP en su labor de protección a personas en riesgo, sino que también evidencia la vulnerabilidad de sus protocolos de seguridad y el potencial de corrupción dentro de la institución.
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