La Procuraduría General de la Nación pidió suspender la licitación por $292 mil millones destinada a la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá, al advertir posibles irregularidades en el proceso de contratación.
La solicitud fue dirigida a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y a la fiduciaria DaviBank, entidades vinculadas al proceso, ante las observaciones formuladas por el Ministerio Público sobre la estructuración y evaluación de la licitación.
Según la Procuraduría, durante la revisión se identificó una ausencia de soportes claros relacionados con la financiación del proyecto, además de inconsistencias en la evaluación final de los proponentes y deficiencias frente al cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad que deben regir los procesos de contratación pública.
El organismo de control también puso la lupa sobre los indicadores financieros establecidos para evaluar a los participantes. De acuerdo con la entidad, los valores fijados para indicadores como liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo no cuentan con documentos que permitan sustentar cómo fueron determinados.
Ante estas situaciones, y teniendo en cuenta la importancia del proyecto de infraestructura hospitalaria para Bogotá, así como el monto de los recursos públicos comprometidos, la Procuraduría instó a suspender la licitación y realizar un análisis de fondo de las advertencias formuladas.
La alerta de la Procuraduría se conoce en paralelo con los señalamientos incluidos en el denominado “Libro de la verdad”, presentado por el presidente Abelardo De La Espriella, en el que también se hace referencia a asuntos relacionados con la puesta en funcionamiento del Hospital San Juan de Dios.
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Según el documento, “La puesta en funcionamiento del Hospital San Juan de Dios también hizo parte de los asuntos revisados por el Equipo Élite durante el proceso de empalme anticorrupción. El análisis se concentró en la conformación de la planta de personal y en las decisiones administrativas adoptadas para su expansión”.
El mismo documento señala que, de acuerdo con la auditoría mencionada, el hospital contaba con 39 funcionarios, lo que representaba una nómina de $343 millones mensuales, mientras que existía un marco normativo que proyectaba la posibilidad de vincular hasta 1.686 servidores públicos.