La Fiscalía General de la Nación realizó una diligencia de allanamiento y registro en la sede de la sociedad Activos por Colombia, en Barranquilla, luego de una denuncia presentada por la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por presuntos actos de corrupción y una posible manipulación de sistemas orientada a eliminar u ocultar información institucional.
El procedimiento fue adelantado por la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con participación de unidades encargadas de investigar hechos de corrupción y delitos cibernéticos. La diligencia contó, además, con el acompañamiento de la Procuraduría y fue declarada legal por un juez de control de garantías.
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Durante el allanamiento fueron incautados equipos tecnológicos que ahora serán sometidos a análisis forenses. La Fiscalía busca preservar la evidencia digital y establecer qué información se encontraba almacenada en los dispositivos, así como determinar si hubo alguna alteración, eliminación u ocultamiento de información institucional y quiénes podrían tener responsabilidad penal por estos hechos.
La actuación se originó en la denuncia de la nueva administración de la SAE, que puso en conocimiento de las autoridades las presuntas irregularidades que habrían afectado información relacionada con los bienes administrados por la entidad.
Desde la presidencia se aseguró que la administración entregará a las autoridades toda la colaboración requerida para esclarecer lo ocurrido y que la información será preservada mientras avanzan las investigaciones.
“En la lucha contra la corrupción que afecta los bienes administrados en detrimento del interés general, desde esta nueva administración de la SAE vamos a prestar toda la colaboración que requiera la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control”, se señaló en el pronunciamiento.
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Agregó que su instrucción es garantizar la preservación de la información y permitir que las autoridades establezcan lo ocurrido. “Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones. Por el contrario, nuestra instrucción es clara, preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”, afirmó.
Los elementos tecnológicos incautados serán objeto de estudios especializados para asegurar la evidencia digital y establecer si existen elementos que permitan identificar conductas constitutivas de delito.
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La presidencia insistió en que los activos y la información bajo su administración hacen parte del patrimonio público y deben ser manejados bajo criterios de transparencia, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.