El ministro de Educación, Daniel Rojas, informó sobre los resultados preliminares de una auditoría adelantada en el departamento del Magdalena, en articulación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la Nación.
La revisión hace parte de una estrategia nacional que busca verificar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en entidades territoriales clasificadas con riesgos en la gestión del sector educativo. Según el Ministerio, estos recursos han tenido un incremento del 40 %, lo que representa cerca de 12 billones de pesos adicionales destinados a fortalecer el acceso, la cobertura y la calidad en la educación preescolar, básica y media.
De acuerdo con el informe, el Magdalena figura entre los territorios priorizados por posibles riesgos estructurales. Durante la auditoría, se identificaron situaciones relacionadas con el manejo de la nómina docente, entre ellas presuntos dobles pagos y registros de docentes trasladados que continuarían recibiendo remuneración desde más de una entidad.
También se evidenciaron inconsistencias en la clasificación de zonas de difícil acceso. Algunas instituciones educativas habrían sido reportadas bajo esta categoría sin cumplir los criterios establecidos, lo que implicaría la asignación de recursos adicionales sin la respectiva justificación.
El reporte incluye hallazgos sobre pagos de horas extras por encima de los topes legales, así como incrementos salariales que, según la normativa, no pueden financiarse con recursos del sector educativo. A esto se suman fallas en procesos administrativos como el nombramiento de personal y el reporte de vacantes, además de posibles irregularidades en el manejo de información en sistemas oficiales.
El Ministerio indicó que estos hallazgos serán objeto de seguimiento y que parte de la información ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía para los procesos correspondientes. La auditoría continuará en otros territorios con el objetivo de verificar la ejecución de los recursos públicos destinados a la educación.
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