La abogada Diana Muñoz, defensora del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, aseguró que la condena en primera instancia contra el exmandatario se debe, según la defensa, a una diferencia de criterios sobre la interpretación de las normas de contratación estatal.En diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, la jurista confirmó que el equipo de defensa prepara la apelación contra la decisión judicial y señaló que el proceso todavía tiene varios aspectos que deberán ser revisados en las siguientes instancias."Estamos preparando la apelación y, si fuese adversa, tenemos el recurso de casación. No hay orden de captura ni privación de la libertad, se mantiene la presunción de inocencia", afirmó Diana Muñoz al referirse a la situación jurídica de Carlos Caicedo tras el fallo de primera instancia.Según la abogada, el debate jurídico estaría relacionado con la interpretación de las normas que regulan la contratación estatal. "Hay una diferencia de criterios. Hay distintas normas de contratación y, muchas veces, los procesos penales se dan por diferencia de criterios", sostuvo.Muñoz insistió en que, desde la perspectiva de la defensa, no hubo una aplicación inadecuada de las normas, sino una interpretación diferente entre las autoridades judiciales y el equipo jurídico que representa al exmandatario."No hubo inadecuada aplicación de norma, hay una diferencia de criterios entre Fiscalía y defensa", afirmó la abogada, quien anticipó que este será uno de los puntos centrales que se revisarán durante el trámite de los recursos.La defensora también se refirió a las funciones que desempeñaba Carlos Caicedo cuando se tomó la decisión relacionada con el contrato que dio origen al proceso. Según explicó, el entonces alcalde de Santa Marta no estuvo involucrado directamente en las etapas de ejecución y liquidación."La contratación estatal es filigrana, cada forma es diferente y tienen que cumplirse todos los requisitos", señaló Muñoz. A su juicio, es necesario revisar el alcance de la participación que tuvo Caicedo en la decisión adoptada por una junta directiva."Carlos no formó parte de ejecución ni liquidación, él era alcalde y formaba parte de una junta directiva", explicó la abogada, quien sostuvo que el exmandatario no tenía bajo su dominio el control directo del proceso contractual."Teniendo en cuenta eso, que formó parte de una decisión de una junta, no estaba dentro de su dominio el control contractual", agregó la jurista, al reiterar que la defensa considera que existen elementos suficientes para cuestionar la decisión adoptada en primera instancia.Muñoz también cuestionó que, según su versión, entre las personas que participaron en el contrato, Carlos Caicedo haya sido el único vinculado penalmente. "De todas las personas que formaron parte del contrato, a la única que le iniciaron un contrato fue a Carlos. Aquí hay mucho para revisar", manifestó.En medio de la controversia jurídica, la abogada resumió la posición de la defensa con una afirmación que apunta al eje central de los recursos que serán presentados contra la condena: "La discusión es normativa. El contrato se ejecutó".Abogada de Carlos Caicedo habló sobre investigación por presunto intento de violaciónDurante la entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, Diana Muñoz también fue consultada sobre la investigación relacionada con un presunto intento de violación a una menor de edad, frente a la cual aseguró que la defensa todavía no conoce oficialmente el contenido de la noticia criminal."Nosotros hemos solicitado que se nos traslade la noticia criminal, que no la conocemos", explicó la abogada, quien señaló que el equipo jurídico espera acceder a la información oficial antes de emitir un pronunciamiento sobre el caso."Vamos a ser tan prudentes como sea posible, conservaremos pronunciamiento para cuando tengamos eso en nuestro poder", agregó Muñoz, quien reiteró que la defensa esperará conocer formalmente los detalles de la investigación antes de fijar una posición.
El exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Alberto Tete Samper, fue condenado en primera instancia por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, dentro de un proceso relacionado con un convenio suscrito en 2015 para ejecutar un programa de mejoramiento nutricional dirigido a niños de comunidades indígenas del municipio.Como parte de la decisión, el juez ordenó que el exmandatario cumpla la medida de prisión domiciliaria, aunque la sentencia aún no se encuentra en firme y será revisada por el superior judicial una vez se resuelva el recurso de apelación.Tras conocerse la decisión, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta captura en la vivienda del exalcalde. Sin embargo, su abogado defensor, Martín Juvinao Diazgranados, aclaró que no se trató de una captura, sino del cumplimiento de la medida ordenada por el despacho judicial en su lugar de residencia.El proceso está relacionado con un convenio de asociación firmado entre la Alcaldía de Ciénaga y la Fundación Social Agroambiental Fundambien, cuyo propósito era desarrollar acciones de mejoramiento nutricional para niños indígenas y ejecutar actividades de recuperación ambiental en el municipio. Dentro del mismo proceso también fue condenado el representante legal de esa fundación.La defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que la sentencia presenta errores jurídicos y, además, promoverá una acción de tutela en procura de la protección de los derechos del exmandatario. Mientras esos recursos son resueltos por la justicia, la condena permanece en primera instancia y el exalcalde deberá cumplir la medida de prisión domiciliaria ordenada por el juez.
En un comunicado el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella especificó que el proyecto vial Ciénaga - Barranquilla será replanteado como la 'vía Milagro', una infraestructura destinada a mejorar la conectividad regional entre el Magdalena y el Atlántico, además de contribuir a la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.Destacó el futuro mandatario que los ministros designados de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y de Transporte, Elsa Noguera, avanzaron en la estructuración técnica del proyecto, que integrará ingeniería, ciencia y restauración ambiental bajo la estrategia de proteger el agua, la biodiversidad y las comunidades.También especificó que esta vía entre Ciénaga y Barranquilla deberá "restablecer la conectividad hídrica entre la Ciénaga Grande, el río Magdalena y el mar Caribe, y al mismo tiempo fortalecer la movilidad y el desarrollo de las comunidades".“El nuevo Gobierno impulsará infraestructura que proteja los ecosistemas y responda a las necesidades de las regiones”.Entre Barranquilla y Ciénaga hay poblaciones como Sitionuevo, Puebloviejo y Tasajera con muy altos niveles de pobreza. Hay que recordar también que hace poco Abelardo De La Espriella visitó el corregimiento palafito de Buenavista, sobre el que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el asedio de grupos armados ilegales.
La historia de Teyuna vuelve al corazón de Santa Marta. Con una exposición en el Parque de Bolívar, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y World Monuments Fund conmemoran los 50 años del redescubrimiento arqueológico de Ciudad Perdida, uno de los principales patrimonios históricos y culturales de Colombia.La muestra, denominada “Teyuna–Ciudad Perdida: Conservando un legado para el futuro”, presenta a samarios y visitantes parte de la historia del sitio arqueológico y los trabajos que se adelantan para garantizar su conservación en la Sierra Nevada de Santa Marta.La exposición también muestra el apoyo que el Gobierno estadounidense viene entregando para proteger este patrimonio. A través del Fondo del Embajador para la Preservación Cultural se destinó una inversión de 300.000 dólares para intervenir diferentes sectores de Ciudad Perdida.El proyecto contempla la restauración de 18 terrazas arqueológicas, la instalación de nueva señalización interpretativa y el fortalecimiento de estrategias de conservación y apropiación del patrimonio.Parte del trabajo también está dirigido a fortalecer la participación de las comunidades que habitan el territorio y que cumplen un papel fundamental en la protección de Teyuna.Durante la inauguración participaron Daniel Getahun, agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; representantes de World Monuments Fund, autoridades locales, integrantes del sector académico y cultural y las arqueólogas Luisa Fernanda Herrera y Ana María Groot, protagonistas del descubrimiento y estudio de Ciudad Perdida hace cinco décadas.“La conservación de Teyuna–Ciudad Perdida es una muestra del valor de la cooperación entre instituciones, comunidades y aliados internacionales para proteger un patrimonio que pertenece no solo a Colombia, sino al mundo entero”, señaló Getahun.La conmemoración busca además acercar Ciudad Perdida a quienes no han recorrido este territorio de la Sierra Nevada y generar conciencia sobre la necesidad de conservar uno de los sitios arqueológicos más importantes del país.Tras su presentación en el Parque de Bolívar, la exposición estará abierta al público en el Museo del Oro Tairona entre agosto y diciembre de 2026.
De acuerdo con Parques Naturales este lunes 20 de julio en el que se conmemora el grito de Independencia, el Parque Isla Salamanca se librará del incendio forestal que desde la semana pasada viene afectando a las aves, la fauna y la flora que habita en este santuario natural, y a los barranquilleros por el humo que llega a la ciudad.Según las autoridades presentes en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Gran Malecón, las llamas han sido controladas en un 100 % y presentan un 95 % de liquidación, permaneciendo un único punto de calor que es objeto de monitoreo para prevenir una posible reactivación.“De acuerdo con la evaluación preliminar, el área afectada, aproximadamente 40 hectáreas, corresponde principalmente a vegetación de enea (70 %), arbustal de espinoza (25 %) y, en menor proporción, bordes de mangle salado y ejemplares de ficus (5 %)”, especificaron en un comunicado las autoridades presentes en el PMU.Agregaron que en cuanto a la fauna, se reportan afectaciones sobre especies como icoteas, aves, abejas, avispas y nidos de aves, que serán objeto de seguimiento.Sobre el porcentaje del incendio que aún se encuentra en proceso de liquidación, detallaron que “corresponde a un sector donde existen cultivos, con predominio de coco, situación que requiere un manejo cuidadoso por parte de los organismos de respuesta”.Las causas del incendio aún no han sido establecidas y continúan siendo materia de investigación por las autoridades competentes, sin embargo se hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención, evitando: arrojar vidrios, latas u otros residuos que puedan favorecer el inicio de incendios.Asimismo, no realizar quemas e informar de manera oportuna cualquier señal de humo o fuego a las autoridades.Resaltaron, además, la importancia de la participación de las comunidades aledañas, especialmente apoyando la identificación y el acceso a fuentes de agua que faciliten la atención oportuna de este tipo de emergencias.Como informó Parques Naturales en su momento, esta vez el incendio forestal se expandió de manera subterránea, lo que complicó aún más las labores de bomberos, brigadistas de parques naturales, Ejército, Policía, Armada de Colombia y Defensa Civil, que trabajan para apagar las llamas.Las autoridades ambientales y los organismos de socorro informaron que continuarán realizando labores de vigilancia y monitoreo hasta garantizar la completa liquidación del incendio y la seguridad del área protegida.
La Superintendencia Nacional de Salud detectó nueve hallazgos durante una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del Magdalena, entre ellos uno de carácter penal y otro disciplinario.El caso más grave está relacionado con la presunta habilitación irregular de una institución prestadora de servicios de salud, IPS, que, según los hallazgos de la entidad, no existiría físicamente pese a haber sido autorizada para prestar servicios con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.De acuerdo con la Supersalud, la presunta IPS fue habilitada en 2023, durante la administración departamental de Carlos Caicedo. Sin embargo, durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas posteriormente, la entidad no habría sido encontrada físicamente.La situación es considerada especialmente grave porque, según la auditoría, esa institución habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.La propia ADRES ya habría advertido sobre la situación. Ahora, la información fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen si se presentaron responsabilidades y un eventual detrimento de recursos públicos destinados al sector salud.Además del caso de la presunta IPS fantasma, la auditoría cuestionó las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena.Según la Supersalud, esas acciones no habrían sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir con los requisitos legales. Entre los casos mencionados se encuentran algunos centros dedicados a procedimientos estéticos y de belleza.La entidad compulsó copias a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades.Ante los hallazgos, la Superintendencia de Salud también hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para identificar a los prestadores clandestinos.
Las autoridades de Atlántico y Magdalena establecerán una mesa técnica para tomar medidas que reduzcan la posibilidad de incendios forestales en el Vía Parque Isla de Salamanca, dada la emergencia que esta semana afectó 30 hectáreas de esa reserva. La situación es urgente, ya que la zona está en alerta roja por las altas temperaturas en la región Caribe.En ese sentido, para este fin de semana las alarmas están encendidas en La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena, donde podrían presentarse temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, aumentando las posibilidades de incendios forestales, sobre todo en estos dos últimos departamentos, ya que apenas en las últimas horas fue controlada una fuerte conflagración en el área protegida del Vía Parque Isla de Salamanca.Por tal motivo, desde la brigada especial de este parque natural fue conformado un Puesto de Mando Unificado, con presencia de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Magdalena, en el que se discutirán medidas que ayuden a prevenir más incendios forestales en esa zona.Edwin Traslaviña, jefe del Vía Parque Isla de Salamanca, informó a Blu Radio que una de esas medidas será reemplazar el pastizal de enea por manglares, debido a la susceptibilidad de esa vegetación al calor. Además, esperan adelantar jornadas de pedagogía con las poblaciones aledañas.“Sabemos que la gente, a veces, por desconocimiento, tira latas, botellas de vidrio y otros artículos al río, y estos se convierten en potenciadores de incendios. Entonces, otra de las estrategias que conjuntamente debemos desarrollar todas las entidades es realizar campañas de educación dirigidas a las personas del territorio y a sus visitantes”, dijo el funcionario.De esta mesa de trabajo también harán parte la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo y el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranquilla.Por su parte, el Ideam informó que los municipios de Piojó, Usiacurí y Malambo, en Atlántico, así como San Sebastián de Buenavista y Sitionuevo, en Magdalena, están bajo alerta roja por incendios forestales. Además, hay poblaciones en los departamentos de Bolívar, La Guajira y Cesar con alta probabilidad de emergencias.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia para el municipio de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena, ante el peligro que corren sus pobladores por los enfrentamientos y expansión del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Este domingo la entidad dio a conocer la Alerta Temprana en Sitionuevo, debido al crecimiento en ese municipio de los grupos criminales del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos también como Los Pachenca.Según el informe, estos grupos generan un riesgo extremo a la población en la zona rural de la Ciénaga Grande de Santa Marta que cubre el municipio de Sitionuevo, “en los centros poblados palafíticos Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo, incluyendo sus caseríos La Canchera, Caño Clarín, Villa Clarín y las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad”.Además de la expansión del Clan del Golfo, que avanza desde el departamento del Atlántico, y los Pachenca, presentes en la Sierra Nevada y parte de La Guajira, se suma la reactivación de la banda Los Carperos, en Palermo, que estaría trabajando para uno de los dos grupos, agregó la alerta temprana.Resalta la Defensoría que Sitionuevo es un sitio estratégico que articula la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, lo que facilita el tránsito de estupefacientes y otras economías ilícitas.La entidad alertó “sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio”, teniendo en cuenta “que este año ha documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados”, como la reciente masacre ocurrida en el corregimiento Palmira, en Puebloviejo, donde murieron 5 personas, varias de Nueva Venecia, que celebraban el Día de la Madre, “lo que evidencia la interconexión de la violencia en el complejo lagunar”.“De no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos”, advierte el documento de la Defensoría.Riesgos para los niños y a la subsistenciaDestaca la Defensoría que los grupos armados ilegales están ejerciendo “una fuerte gobernanza armada sobre la población civil”, y esto se manifiesta mediante la imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, la realización de reuniones coercitivas y la exigencia sistemática de extorsiones a pescadores, mujeres y hombres comerciantes y personas operadoras turísticas.“Incluso, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha identificado el uso sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas. Adicionalmente, ha documentado graves afectaciones al mínimo vital de las comunidades, pues los actores armados ilegales han expulsado a pescadores de sus zonas tradicionales de faena y prohibido el acceso a cuerpos de agua estratégicos, impactando directamente la seguridad alimentaria de la cultura anfibia”.Asimismo, la entidad denunció que la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el almacenamiento de armas y expendio de estupefacientes debilita el tejido social.El informe hace especial énfasis en el riesgo que en la actualidad corren “niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan dinámicas de vinculación forzada y cooptación incentivadas por la precariedad socioeconómica y la falta de oportunidades”.Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones urgentes a entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior para coordinar la respuesta rápida, la Armada Nacional y la Policía Nacional para aumentar las acciones de disuasión en corredores fluviales y lagunares, y la Fiscalía para el esclarecimiento de homicidios.“Las recomendaciones también están dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección, con el propósito de que activen rutas de prevención y protección diferencial”.
El calor que desde hace semanas golpea al Magdalena comienza a reflejarse en uno de los mayores riesgos ambientales de la temporada: los incendios forestales.El más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ubicó a Santa Marta y a otros 18 municipios del departamento en alerta roja por amenaza de incendios de cobertura vegetal, un panorama que mantiene en máxima vigilancia a las autoridades ambientales y a los organismos de socorro.La combinación de altas temperaturas, escasez de lluvias y extensas áreas cubiertas por vegetación seca ha creado las condiciones propicias para que cualquier chispa pueda convertirse en una emergencia de gran magnitud.Municipios de Magdalena con alerta roja por posibles incendios forestalesLa alerta cobija a Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Fundación, Puebloviejo, Zona Bananera, Plato, Remolino, Salamina, Tenerife, Sitionuevo, Zapayán, Pivijay, El Retén, El Piñón, Chibolo, Cerro de San Antonio y Sabanas de San Ángel.Mientras tanto, municipios como Ariguaní, Concordia, Nueva Granada y San Sebastián de Buenavista permanecen en alerta naranja, mientras que El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto y Santa Ana continúan en alerta amarilla.Aunque el Ideam prevé algunas precipitaciones sobre sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur del departamento durante los próximos días, las autoridades advierten que estas lluvias no serán suficientes para reducir el riesgo, debido a que persisten las altas temperaturas y la vegetación continúa altamente inflamable.Ante este escenario, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) pidió reforzar las medidas de prevención, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. "Estamos haciendo un llamado a la comunidad para evitar quemas a cielo abierto, no arrojar colillas de cigarrillo ni elementos que puedan iniciar un incendio y reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de emergencia", señaló Alfredo Martínez Gutiérrez, director general de Corpamag.La autoridad ambiental recordó que muchas de las emergencias registradas durante la temporada seca tienen origen en acciones humanas que pueden prevenirse mediante prácticas responsables.En paralelo, el Ideam recomendó mantener un monitoreo permanente sobre los puntos de calor detectados en el departamento y activar oportunamente los protocolos de respuesta para evitar que las llamas alcancen bosques, áreas protegidas, cultivos o ecosistemas estratégicos.La alerta coincide con la consolidación del fenómeno de El Niño, que ha intensificado las condiciones secas en gran parte del Caribe colombiano y mantiene bajo presión los sistemas ambientales y las fuentes hídricas del Magdalena.
Un operativo del Ejército Nacional permitió frustrar el secuestro del excandidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por el Magdalena y empresario, Pablo José Acuña Herrera, quien había sido interceptado por hombres armados en zona rural del municipio de El Banco.De acuerdo con la información oficial, Acuña Herrera y otra persona fueron retenidos por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes intentaban llevárselos del lugar. La rápida reacción de las tropas del Batallón de Infantería N.° 5 General José María Córdova, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército Nacional permitió ubicar a los responsables e iniciar un enfrentamiento armado.Como resultado de la operación, los militares lograron rescatar con vida al excandidato liberal y a la otra persona que permanecía en poder de los delincuentes. Durante la acción fueron incautados un fusil y material de guerra.Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas ni bajas entre los presuntos integrantes del grupo armado ilegal, quienes lograron huir tras el intercambio de disparos.Tras conocerse el hecho, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el intento de secuestro y destacó la reacción de las tropas del Ejército. "Reconozco la rápida y decidida reacción de nuestros soldados, especialmente de las unidades del Batallón Córdova y de la Segunda Brigada, quienes evitaron que este hecho criminal tuviera consecuencias aún más graves", manifestó la mandataria.No obstante, insistió en que este tipo de acciones evidencian la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en el departamento. "Estos resultados no pueden seguir siendo respuestas aisladas frente a una violencia que insiste en desafiar al Estado. Exijo al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa acciones permanentes, contundentes y sostenidas para garantizar la seguridad de los magdalenenses. El Magdalena no puede seguir enfrentando solo el accionar de las estructuras criminales", afirmó.Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del intento de secuestro.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
