El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al atentado ocurrido en Barranquilla contra los dragoneantes Shirley Dayana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes, según la información de la entidad, resultaron heridos tras ser atacados cuando salían de su turno en el establecimiento penitenciario El Bosque, en la capital del Atlántico.
Además de rechazar estos hechos, el Ministerio manifestó su solidaridad con las familias y los compañeros de los funcionarios, y aseguró que mantiene especial atención a su evolución médica.
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Por otro lado, la entidad también rechazó las amenazas que, según la información recibida, estarían dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia, Iván Cancino González; el director del INPEC, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el personal penitenciario del país.
#Comunicado | Gobierno Nacional rechaza atentado en Barranquilla y amenazas contra el presidente de la República, el ministro de Justicia, el director del INPEC y el personal penitenciario.
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 11, 2026
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"El Gobierno Nacional es enfático: las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del INPEC y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad ni condicionarán las decisiones legítimas del Estado." afirman en el comunicado.
El Ministerio señaló que estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario.
Sin embargo, aclaró que la autenticidad, procedencia y alcance de las amenazas, así como su eventual relación con el atentado, están siendo verificados.
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Ante esta situación, la entidad destacó que se han reforzado las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de quienes cumplen sus funciones al servicio del Estado.