En un gran dolor de cabeza para el gremio de las electrolineras, es decir las estaciones para recargas de vehículos eléctricos en el caribe, se convirtió el programa ‘uso eficiente’ con el que la Creg beneficia a los que ahorran energía, pero castiga a los que exceden su consumo.
Desde el gremio afirman que la medida los llevará a la quiebra, ya que no pueden asumir las pérdidas económicas que les genera, teniendo en cuenta que los topes máximos para cada uno de estos negocios, representan el 10% de su operación mensual.
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León Esteban Correa, uno de los propietarios de Q-volt, una de las electrolineras de Barranquilla, afirma que en septiembre les llegó una multa pedagógica de 30 millones de pesos, pero la que tendrán que pagar en la próxima factura ya supera los 45 millones. Explica que de los 3.000 clientes que tiene la compañía, el 60% ha dejado de cargar sus vehículos en esta electrolinera debido al aumento en los costos del kilovatio.
"Pasaríamos de cobrar 1 kW de $1.800 a $2.400 para poder cubrir la multa que nos están poniendo a día de hoy. Entonces, si nosotros no subimos este precio, tendríamos nosotros como empresa que seguir asumiendo estas pérdidas y no podemos hacerlo. Pues nos toca incrementar también para poder mitigar un poco el tema de la multa", detalló Correa.
De acuerdo con el empresario, los conductores de carros eléctricos que se ganan la vida como Indriver o Uber, con el aumento del valor de la recarga de sus vehículos, estarían gastando unos 725 mil pesos adicionales durante el mes.
Las multas también frenaron los planes de expansión de Q-volt, que este año proyectaba abrir seis nuevos puntos de carga en Barranquilla, además de otros en Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar y La Guajira. La empresa esperaba llegar a 97 puntos en servicio en la Costa Caribe en un plazo de tres a cuatro años, pero tuvo que suspender el proyecto por los altos cobros.