Los personeros del Caribe se reunieron con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y le presentaron cuatro propuestas frente a la medida de 'zanahoria y garrote' por el consumo de energía. Una de las solicitudes es ampliar el periodo de prueba un mes más; sin embargo, la Creg se tomará las siguientes semanas para analizar las propuestas.Durante la reunión que sostuvieron este lunes en Bogotá, los personeros de la Costa con la directora de la Creg, Adriana Jiménez, y los comisionados de la entidad, los funcionarios fueron enfáticos en manifestar el inconformismo de los usuarios en la Región Caribe frente a esta resolución que busca ahorrar energía por la crisis que tiene el sector desde lo financiero, sumado al fenómeno del Niño, que se anticipa va a ser uno de los más severos de la historia.En ese sentido, el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, señaló que le manifestaron a la Creg su inconformismo “centrado en que la región Caribe ha sido profundamente rezagada, maltratada frente a la prestación de este servicio de energía y cada vez que se presenta una crisis, una coyuntura, la solución técnica que se ha encontrado es trasladar las ineficiencias del sector a los usuarios vía tarifa”, es decir, aumentando los cobros.“Eso pasó con el régimen especial, donde nos cobraron más y de todos modos se quebró la empresa. En ese sentido, les estábamos pidiendo que reconsideraran las medidas que tiene esta nueva resolución, que castiga el mayor consumo e incentiva el ahorro, que en términos generales es muy sana. Nosotros estamos convencidos que debemos ahorrar energía, pero no podemos ser juzgados ni medidos con el mismo rasero que a ciudadanos que viven en tierras más frías de nuestro país”.Le puede interesar: Alcalde de Cartagena demandó resolución de la CREG: busca frenar cobros extra por consumo de energíaBásicamente, contó Alzate, que entre las solicitudes presentadas está realizar por parte de la Creg una mejor socialización de la resolución, buscando evitar la desinformación; ampliar el periodo de prueba para que no empiece a regir a partir del mes de octubre sino de noviembre próximo, para poder revisar con más detalles el comportamiento del fenómeno del Niño y del sector; que las sanciones no se cobren a partir del 10% de mayor consumo, sino del 20%; y que los incentivos para el ahorro luz sea mayores, “ya que no es lo mismo apagar un ventilador o un aire acondicionado en una temperatura de 45 grados de sensación térmica, que en los 15 grados de ciudades del interior del país como Bogotá”.“Les pedimos que las sanciones que se van a cobrar a partir de mayores consumos sobre el 10% de nuestro propio promedio no fueran del mismo rigor que las sanciones que tienen en el interior del país. No nos pueden castigar a nosotros igual cuando las necesidades de consumo en nuestra región son de carácter vital, médico, más no de confort. Incluso, les señalamos que ese 10% de holgura que ellos manifestaron está basado en el anterior fenómeno del Niño, el del año pasado, y no puede ser que ese 10%, que fue el mayor consumo en esas épocas, vaya a ser el mismo 10% del consumo que vamos a tener ahora con el fenómeno del Niño más severo que ha tenido la historia. Entonces, también pedimos que para nosotros ese 10% de holgura se duplicara, que lo tuvieran en cuenta y que sea reconsiderado para que las sanciones no se cobren a partir del 10% de mayor consumo, sino del 20%”.Agregó el Personero de Barranquilla que, en lo que se refiere a los incentivos por el ahorro de energía, solicitaron que estos fueran mayores, ya que “no es lo mismo apagar un ventilador o un aire acondicionado en una temperatura de 45 grados de sensación térmica, que apagarlo en 15 grados en la ciudad de Bogotá”, ya que en el Caribe la cuota de sacrificio es superior.Resaltó Alzate que en la reunión también se destacaron aspectos positivos de la resolución como excluir a los municipios que fueron azotados por el terremoto; también al sector salud, de educación, el de asistencia, el de seguridad, a los usuarios electrodependientes por razones médicas, o a los que tienen lectura por estimación, muchos de ellos en sectores subnormales del Caribe colombiano.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, demandó ante el Consejo de Estado la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establece cobros extra por el consumo de energía durante el fenómeno de El Niño.De acuerdo con el alcalde Turbay, dicho programa no solo no es objetivo, sino que su diseño carece de fundamento técnico.“No se puede confundir el consumo que puede evitarse con el consumo que el clima hace inevitable. La CREG debe entender que hay realidades humanas detrás de cada porcentaje. No se le puede pedir a la gente que viva con base en porcentajes. No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, sostuvo el mandatario cartagenero, quien ha sido uno de los mayores detractores de la medida desde su anuncio.Para el mandatario, el problema no está en promover el ahorro energético, sino en cómo se distribuyen las cargas de esa política en territorios climáticos diametralmente opuestos.“Una buena intención puede producir una injusticia si no reconoce las enormes diferencias entre los territorios. Por eso, es mi obligación defender los derechos de mi gente y cuestionar que Cartagena sea medida bajo los mismos parámetros que ciudades de clima frío o territorios como Boyacá o Pasto”, enfatizó.La demanda solicita, además, una medida cautelar para que, mientras se resuelve el proceso, se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución frente a los usuarios de Cartagena, evitando que se consoliden cobros adicionales derivados del consumo de energía.
Preocupación hay en Barrancabermeja por la aplicación de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece un programa transitorio para incentivar el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño y contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo promedio histórico.La medida establece una meta individual para cada usuario, calculada con base en el comportamiento que ha tenido en el consumo de energía. Cuando el gasto supera en más de un 10 % esa referencia, se genera un cobro adicional sobre el consumo que exceda la meta establecida que puede llegar hasta el 70% más del valor habitual.En Barrancabermeja, desde Fenalco han advertido que esta disposición podría generar dificultades para hogares y establecimientos comerciales, debido a las altas temperaturas que se registran en el municipio y que hacen necesario utilizar con mayor frecuencia ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.Martín Porras, de Fenalco Barrancabermeja, pidió que se tenga en cuenta esta condición climática y que el porcentaje permitido de consumo sea mayor para los territorios donde las temperaturas son más elevadas.“Nuestros consumos son mayores con respecto a otros climas, a otras ciudades”, señaló Porras, al explicar que en Barrancabermeja se registran temperaturas de entre 38 y 40 grados.La propuesta de Fenalco es que el margen de consumo permitido pase del 120 % al 130 %, con el fin de que los usuarios de zonas de altas temperaturas tengan un mayor margen antes de que se generen cobros adicionales.Según Porras, la solicitud no busca desconocer la necesidad de ahorrar energía, sino que las condiciones particulares de cada territorio sean consideradas al momento de aplicar la medida.“Lo más justo” sería, según explicó, que el porcentaje de consumo permitido no sea igual para todas las ciudades, sino que tenga en cuenta factores como las temperaturas que enfrenta cada región.La preocupación se extiende a otras ciudades del país que, de acuerdo con Fenalco, también han planteado la necesidad de revisar la aplicación de esta medida y establecer condiciones diferenciales para los territorios donde el clima obliga a mantener un mayor consumo de energía.
La CREG pondrá en marcha desde este 1 de septiembre un programa de ahorro de energía, que tendrá una duración inicial de seis meses. La medida busca que hogares y pequeños comercios reduzcan su consumo ante la llegada del Fenómeno de El Niño y ayuden a proteger las reservas de agua utilizadas para generar energía.El programa establece una meta individual de consumo para cada usuario. Esta meta se calcula principalmente con el historial de consumo de los últimos 12 meses, por lo que no será igual para todos. También tiene en cuenta las condiciones de cada usuario y nunca podrá estar por debajo del consumo mínimo de subsistencia que le corresponda. Si no hay suficiente historial, se requieren al menos 180 días de consumo facturado, de lo contrario, se asignará una meta de referencia según la categoría del usuario y si vive en una zona urbana o rural.¿Y qué pasa si consume más o menos?El usuario puede superar su meta hasta en un 10 % sin cobro adicional. Si pasa ese límite, solo se cobra la energía que exceda el 110 % de la meta. Por ejemplo, si la meta es de 180 kWh, el límite es de 198 kWh. Si consume 210, el cobro adicional se calcula solamente sobre los 12 kWh que superaron ese límite.En cambio, si el usuario reduce su consumo en más de un 10 % frente a su meta, ese ahorro será tenido en cuenta para recibir un posible beneficio económico al finalizar el programa. Si la meta es de 180 kWh, debe consumir menos de 162 kWh para superar ese 10 % de ahorro. Entre 162 y 198 kWh no tendrá cobro adicional, pero tampoco genera el beneficio por ahorro superior al 10 %.Los cobros adicionales tienen un cálculo diferente según el usuario: 30 % para estratos 1, 2 y 3; 50 % para estratos 4, 5 y 6; y 70 % para pequeños comercios. Estos porcentajes no significan que la factura vaya a subir 30, 50 o 70 %. Se utilizan únicamente para calcular el cobro adicional sobre los kilovatios hora que superen el 110 % de la meta. La tarifa normal de energía no cambia.El dinero recaudado por esos cobros se acumulará en una bolsa, es decir, un fondo de recursos que tendrá cada comercializador en el mercado que atiende. Al terminar los seis meses, ese dinero se repartirá entre los usuarios que hayan ahorrado más del 10 % y cumplan las condiciones.Pero, es importante tener en cuenta que el beneficio aparecerá como saldo a favor en la factura siguiente y, si sobra dinero después de cubrir una factura, continuará aplicándose en las siguientes. El beneficio dependerá de cuánto dinero se recaude. Si en un mercado no se generan cobros adicionales, no habrá recursos para repartir.La primera factura que se emita después del primero de septiembre será pedagógica e informativa. Esto significa que, durante ese primer ciclo, aunque un usuario supere el 10 % de su meta, no tendrá todavía el cobro adicional.Diferencia por regionesEl programa tampoco compara de la misma manera a todos los usuarios del país. Por ejemplo, un hogar de la Costa no tendrá una meta fijada simplemente comparándolo con una vivienda de Bogotá. Además, no se penaliza un uso específico de la energía, como cargar un vehículo eléctrico, se tiene en cuenta el consumo total frente a la meta individual.La medida no aplica, entre otros, a usuarios con medidor prepago o servicio suspendido, hospitales, colegios y organismos de emergencia y seguridad. También quedan por fuera los usuarios de municipios que la UNGRD haya identificado oficialmente como afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.El seguimiento estará a cargo de XM, que publicará información sobre el ahorro en el país, y de la CREG, el Ministerio de Minas y Energía y la Superservicios. Además, cada usuario podrá consultar en su factura su meta, consumo, ahorro, posibles cobros y estimación del ahorro acumulado.Al finalizar los seis meses se evaluará si el programa debe continuar, según las condiciones climáticas del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 10 resoluciones en firme para combatir la llegada del fenómeno El Niño, las cuales buscan flexibilizar el sistema para contar con más energía. Según la directora ejecutiva de la Creg, Adriana Jiménez, otras cuatro están en proceso de consulta y cinco más están siendo estudiadas, con miras a su implementación durante este año.Las palabras de Adriana Jiménez fueron dichas desde el Foro Energético de Andeg que se realizó hasta este viernes en el norte de Barranquilla: “Desde el punto de vista del fenómeno del Niño, a la fecha, hemos expedido 10 resoluciones que ya están en firme. Tenemos cuatro que están en proceso de consulta y cinco que estamos estudiando. Desde el punto de vista del fenómeno del Niño a la fecha hemos expedido 10 resoluciones que ya están en firme. Tenemos cuatro que están en proceso de consulta y cinco que estamos estudiando. Dentro de estos 10 primeros paquetes de resoluciones, están asociados con la posibilidad de tener mayor generación, puntos de conexión, flexibilizar las señales para poder contar con más energía”.La directora ejecutiva de la Creg sostuvo que actualmente están en el proceso de consulta para la contratación directa de energía, “teniendo en cuenta que la cantidad de demanda que se tiene expuesta en bolsa”. Por ende, buscan facilitar flujo de caja a los comercializadores y estabilizar el precio al usuario final.Adicionalmente, habló del programa de incentivos por ahorro de energía durante seis meses en el país, del que indica que está suspendido por los efectos en la comunidad del terremoto de este mes, ya que se están evaluando efectos sobre los usuarios y el sistema eléctrico. La detención, para ella, no implica una cancelación del programa. Seguirá su etapa de socialización hasta que se le hagan los ajustes correspondientes para ser puesto en funcionamiento.“Lo importante también es dejar como mensaje que la Comisión está trabajando todas las horas del día y los días de la semana, para poder tener una respuesta ágil y oportuna frente al gran reto que el fenómeno del Niño nos demanda”, finalizó.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, nombró a la economista Adriana María Jiménez Delgado como nueva directora ejecutiva de la entidad para el período 2026-2027 y William Abel Mercado Redondo como director ejecutivo suplente.Adriana Jiménez releva a Antonio Jiménez Rivera, quien concluyó el segundo período consecutivo permitido por el reglamento interno de la entidad y continuará desempeñándose como experto comisionado.Jiménez aseguró que su gestión estará enfocada en garantizar un equilibrio entre tarifas eficientes para los usuarios, la sostenibilidad financiera de los agentes del sector y el fortalecimiento de la regulación energética del país.Justamente, la nueva directora asume en un momento complejo para el sistema energético del país con la responsabilidad de regular los mercados de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo y combustibles líquidos, en medio de los problemas de abastecimiento y reclamos del sector privado.A esto se le suman los pronósticos sobre el impacto del fenómeno de El Niño que va a generar reducción importante en las lluvias y los aportes hídricos a los embalses. Dado que una parte importante de la electricidad del país se genera en centrales hidroeléctricas, la disponibilidad de agua sigue siendo un factor determinante para la seguridad energética y para las decisiones regulatorias que debe adoptar la CREG.Por ello, Jiménez anticipó que entre sus prioridades estarán el fortalecimiento de la matriz energética, el desarrollo de nuevas tecnologías, el impulso a una mayor oferta de gas natural y la actualización de la regulación para el GLP y los combustibles líquidos. Asimismo, reiteró que la CREG continuará promoviendo procesos de consulta pública y diálogo técnico con los diferentes actores del sector para construir una regulación participativa.
Colombia contará por primera vez con una regulación que permite almacenar energía renovable en baterías para utilizarla cuando la demanda sea mayor. La medida, anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias.La decisión se materializa a través de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece las reglas para la instalación, conexión y operación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) dentro del Sistema Interconectado Nacional.En la práctica, la nueva regulación permitirá guardar la energía producida por fuentes como la solar durante las horas de mayor generación y utilizarla posteriormente en la noche o en momentos de alta demanda. Esto contribuirá a mejorar la estabilidad del servicio y a aprovechar mejor la infraestructura energética existente.La medida también tendrá especial importancia para regiones como la Costa Caribe, donde se concentra gran parte del potencial solar y eólico de Colombia. Además, facilitará el desarrollo de nuevos proyectos de energía limpia que incorporen sistemas de almacenamiento para garantizar un suministro más confiable.La regulación contempla diferentes modalidades de almacenamiento, tanto para respaldar las redes de transmisión y distribución como para proyectos independientes o vinculados a plantas de generación renovable que participen en el mercado eléctrico.Según el Ministerio de Minas y Energía, se trata de un cambio histórico porque, después de más de tres décadas de funcionamiento del mercado eléctrico colombiano, el país contará con reglas claras para el almacenamiento de energía, una tecnología considerada clave para expandir el uso de fuentes renovables.El anuncio lo realizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de una granja solar en Barrancabermeja, un proyecto beneficiará a cerca de 700 personas y dará origen a la primera comunidad energética de madres comunitarias del país.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció nuevas medidas para fortalecer y blindar el sistema eléctrico colombiano ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante la segunda mitad de este año.Según explicó la entidad, los análisis climáticos muestran señales de una posible temporada seca, lo que podría afectar la generación de energía y aumentar el riesgo de presiones sobre el sistema eléctrico nacional.Por eso, la CREG puso en marcha cinco medidas regulatorias orientadas a garantizar el suministro y evitar escenarios de crisis energética. “Se contemplan medidas permanentes y mecanismos temporales para atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas”, señaló William Abel Mercado, director ejecutivo encargado de la entidad.Entre las principales acciones está permitir que plantas y autogeneradores entreguen más energía al sistema de manera temporal, facilitar la entrada de nuevos proyectos de generación y flexibilizar algunas condiciones para grandes consumidores de energía.Además, la entidad contempla incentivos para que algunos usuarios reduzcan voluntariamente su consumo en momentos críticos, a cambio de recibir una remuneración. La CREG aclaró que estas medidas solo se activarán si los análisis técnicos confirman riesgos reales para el suministro energético del país.
La Superintendencia de Servicios Públicos se puso al frente de la incertidumbre que enfrenta el mercado del gas en el país tras anunciar que van a asumir una vigilancia especial para que se respete la entrega de gas contratado entre Canacol Energy y 12 empresas del país.De acuerdo con la entidad, esta actuación tiene como propósito verificar "la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista", mientras se define un escenario para Canacol tras la solicitud que hizo ante una Corte canadiense de suspender de manera unilateral los 19 contratos de entrega de gas que tiene en Colombia. "La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos", indicó la entidad en un comunicado. Para esto, la entidad estará realizando visitas técnicas y actuaciones de seguimiento a Canacol, para que se cumpla con la operación en lo relacionado con suministro de gas. Es de recordar que, una eventual salida de Canacol, pondría en jaque la entrega de más del 50% del gas domiciliario que consume la región a través de Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira. Por esto, dichas compañías, al conocer esta solicitud de terminación anticipada de los contratos, contactaron a la empresa para establecer una negociación que les permita preservar los valores contratados. Al respecto, Blu Radio conoció que habrá una audiencia el próximo 12 de mayo en la que se esperan acuerdos, al margen de lo que defina la corte de Alberta.
La solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia no solo alerta a Cerro Matoso, sino también a las empresas que comercializan gas en la región Caribe como Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira, por el riesgo de desabastecimiento o sobrecostos que se enfrentaría en caso de que no cumplan con la entrega de lo contratado. Por esta situación, Blu Radio conoció que desde estas compañías están en conversaciones diarias con las directivas de Canacol, en búsqueda de alternativas para mantener vigente la negociación y evitar afectaciones a todo el mercado de la Costa. Por lo menos se trata de más de millón y medio de usuarios de gas residencial los que se verían golpeados en el Caribe. Ante este panorama, se espera que el próximo 7 de mayo pueda conocerse un pronunciamiento oficial de Canacol, ante las reiterativas solicitudes que han sido realizadas. En caso de no lograrse la continuidad, estas empresas tendrían que salir a buscar gas con otros proveedores lo que indudablemente generará sobrecostos e incluso posibles restricciones al tener limitaciones para acceder al total de lo que se requiere. Al respecto, el ministro de Minas Edwin Palma indicó que convocó una reunión para el próximo martes con "todos los involucrados", refiriendo a Canacol y a las empresas que tienen contratos vigentes con la misma. "La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios", expuso en su cuenta de X. Además, indicó que a pesar de la solicitud realizada por Canacol ante una corte canadiense, todavía no ha sido enviada una solicitud sobre el tema a la Superintendencia de Sociedad, la cual es la que tiene "la facultad de validar si acoge o no esa medida".
Un juez le ordenó a Germán Gómez desalojar su bodega para entregársela a DMG. La defensa del empresario bogotano Gómez Camargo denunció irregularidades judiciales dentro del proceso por la propiedad de una bodega ubicada en Bogotá, bien que se solicitó para entregársela a la liquidación de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.De esta forma exigiendo que se le reconozcan sus derechos sobre el inmueble tras haberlo ocupado, trabajado y administrado como propio durante casi tres décadas de manera continua.El caso inició en 1997, según lo relatado por la defensa, cuando Germán Gómez ingresó a la bodega con un permiso temporal del Banco Ganadero para hacer arreglos mientras se tramitaba la compra. Ese negocio fracasó, y el 22 de septiembre de 1998 Gómez inició la interversión del título: dejó de actuar como ocupante autorizado, desconoció al banco como dueño y se declaró poseedor, arrendándole la bodega a su imprenta Diseñarte Impresores Ltda., ejercitando actos de señor y dueño de la misma.Para 2005, el banco sabía que Gómez era el poseedor y lo citó con su cédula a una conciliación en notaría. Pero al demandar en 2005 para recuperar el bien, el banco cometió un error procesal: demandó solo a la empresa inquilina (Diseñarte Impresores) y excluyó a Germán Gómez como persona natural. Ese juicio terminó en 2017 sin que Gómez hubiese actuado, o hubiese sido notificado o citado a tal proceso.El banco le vendió la bodega a Inversiones Guival, una empresa ligada a David Murcia Guzmán. Tras las intervenciones estatales por la captación ilegal de dinero, la Fiscalía le impuso medidas cautelares al bien y, en 2016, la propiedad fue traspasada formalmente a la masa de bienes de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.Al completar más de 24 años de posesión, Germán Gómez interpuso en 2022 una demanda de pertenencia para que se le declarara judicialmente dueño del predio. El abogado señala, que la ley exige demandar a quien aparezca como propietario inscrito en la Oficina de Registro, el pleito se dirigió contra la Liquidadora de DMG. No obstante, el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá negaron sus pretensiones, y ordenaron entregarle la bodega a la liquidación de DMG., pese a que la posesión de German Gómez era irrefutablemente anterior al título por el cual DMG adquirió tal dominio.Según lo que menciona la defensa de Gómez, los jueces crearon una maniobra jurídica, tomaron la sentencia de 2017, dictada en el pleito del banco contra la empresa inquilina, y aseguraron que ese fallo le "interrumpió" o "borró" toda su posesión previa. Con ese cálculo, dictaminaron que la posesión de Gómez no arrancó en 1998 sino en 2017, por lo que a 2022 solo sumaba 5 años de posesión, y no los 10 que exige la ley para quedarse con la propiedad.Por lo que denuncian, que, por una parte, la ley establece que las decisiones de un juicio entre dos partes no pueden perjudicar a un tercero que nunca fue parte, ni siquiera citado a tal proceso. Aunque jueces admitieron expresamente que Gómez jamás fue parte del proceso anterior, y por tanto, no se le podía aplicar los efectos de la Cosa Juzgada, en la práctica le desconocieron 19 años de trabajo y posesión material pública, pacífica e ininterrumpida de esa bodega.A parte, señaló que esta decisión tomada por la Corte afecta directamente una empresa industrial con maquinaria pesada que opera a diario en la bodega, lo que significaría la destrucción de una empresa familiar activa y la pérdida de los puestos de trabajo de varias familias.Ante este panorama acudieron a una acción de tutela como último recurso para frenar la orden de desalojo. Con este reclamo, la defensa pide que la justicia no le aplique un fallo viejo en el que él jamás participó, y que se respete su tiempo real en el predio desde 1998 y finalmente se le reconozca como el único y verdadero dueño de la bodega.Por todo esto, la defensa le exige a la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia una actuación de fondo que estudie efectivamente los cargos y “no los evada”, mientras que se decide de fondo la tutela.
El reporte fue realizado por pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, quienes además denunciaron una fuerte mortandad de peces registrada en el mismo complejo hídrico.Según información entregada por Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, los cuatro manatíes corresponden a dos machos y dos hembras. Los cuerpos fueron encontrados en sectores asociados a infraestructura para el transporte de hidrocarburos, situación que generó preocupación entre las comunidades.La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, adelanta las necropsias para establecer científicamente las causas de la muerte. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol, quienes participan en las primeras inspecciones.De manera preliminar, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y las comunidades han señalado una posible relación con contaminación del agua por hidrocarburos y lodos sedimentados. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ambientales a partir de los análisis correspondientes.La preocupación aumenta debido a que, además de los manatíes, habitantes de la zona han reportado la muerte de peces, garzas, babillas y patos en diferentes sectores del complejo de ciénagas.El hallazgo de cuatro ejemplares en un solo día también genera preocupación por el estado de conservación del manatí antillano, una especie amenazada. De acuerdo con las autoridades locales, durante los últimos siete años se han registrado al menos 16 muertes de manatíes en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, especialmente en San Silvestre y El Llanito.Las autoridades ambientales deberán determinar si existe una causa común detrás de la mortandad de fauna y establecer las medidas necesarias para proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
Colombia enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo, mientras las Fuerzas Militares tienen disponible para operaciones solo el 46 % de sus capacidades, según un nuevo estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).El diagnóstico señala que las dificultades no están relacionadas únicamente con la disponibilidad de equipos. También existen brechas en mantenimiento, combustible, repuestos, personal especializado, inteligencia y doctrina para utilizar las capacidades existentes.El informe fue presentado en momentos en que el Gobierno ha incrementado las operaciones militares contra grupos armados en diferentes regiones del país.Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, en diálogo con Blu Radio explicó que hablar de capacidad militar implica mucho más que contar con un determinado equipo.“La capacidad no es solamente del equipamiento, por ejemplo, del helicóptero, sino que tengamos doctrina, gente capacitada para operar ese equipamiento, el mismo equipamiento, pero también los recursos para su sostenimiento y operación”, señaló.De acuerdo con el estudio, la cifra corresponde a las capacidades de los componentes aéreo, terrestre, marítimo y fluvial que actualmente pueden ser utilizadas para realizar operaciones.La situación es particularmente preocupante en los componentes aéreo y naval-fluvial. El informe señala que el 55,5 % del inventario aéreo está fuera de servicio, mientras que en el componente naval y fluvial la cifra llega al 48,1 %.Flórez explicó que una de las principales causas está relacionada con la falta de recursos para sostener los equipos.“No hay plata para hacer mantenimiento, no hay plata para el combustible, no hay plata para los repuestos, y eso genera una falencia”, dijo.A esto se suma, la falta de personal especializado y de una doctrina que permita utilizar de manera adecuada algunas tecnologías que ya están en poder de las Fuerzas Militares.“No tenemos doctrina que nos permita utilizar los drones que hemos venido adquiriendo para poderlos utilizar en esquemas, ya sea de inteligencia o incluso esquemas ofensivos”, agregó.Para la FIP, una de las principales brechas está en los recursos destinados al mantenimiento y sostenimiento de las operaciones.El estudio señala que, entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. Además, los gastos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector Defensa en 2025, lo que reduce el margen disponible para operación, mantenimiento y modernización.Flórez advirtió que esta situación se vuelve más compleja porque el sector también debe asumir compromisos adquiridos en años anteriores. Según explicó, una parte importante de los recursos de inversión está comprometida en obligaciones relacionadas con adquisiciones previas, lo que limita la posibilidad de destinar recursos a nuevas capacidades.“Nuestra capacidad de inversión, porque la inversión es la que nos da la posibilidad de comprar equipamientos nuevos y adaptarnos a las necesidades, está demasiado limitada por las presiones de compras de años anteriores”, afirmó.La Fundación también llamó la atención sobre el peso de las obligaciones asociadas al personal retirado. De acuerdo con el estudio, el valor presente de las obligaciones reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de 50 billones de pesos.Asimismo, el estudio señala que en 2025 la fuerza pública realizó 234 acciones contra grupos armados, un incremento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos armados aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.Para Flórez, el riesgo está en que el Estado tenga la capacidad de iniciar operaciones, pero no necesariamente de mantener despliegues prolongados.“Podríamos hacer operaciones, pero no podemos sostener operaciones de profundidad y no podemos sostener la tropa de manera estratégica en los sitios donde quisiera el Estado”, concluyó.Desde la FIP plantearon diez recomendaciones para cambiar la manera en que se planean y financian las capacidades militares. Entre ellas están recuperar primero las capacidades que todavía pueden ser utilizadas, establecer el costo mínimo necesario para mantener las operaciones, garantizar financiación de largo plazo para la modernización y anticipar cuáles son las capacidades que el país no puede permitirse perder.Asimismo, plantea fortalecer áreas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comunicaciones, guerra electrónica, ciberdefensa, manejo de datos e inteligencia artificial, además de adaptar las capacidades frente al uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados.El objetivo, según la Fundación, es pasar de una planeación basada en las coyunturas a una estrategia permanente que permita definir, financiar, sostener y actualizar las capacidades que el Estado necesita para responder a las amenazas actuales.
Algunas enfermedades pueden avanzar sin presentar señales que permitan identificarlas fácilmente en sus primeras etapas. Por eso, prestar atención a cambios que parecen poco habituales y consultar a tiempo puede ser determinante para encontrar una condición de salud antes de que avance.En el caso de las mujeres, existen señales relacionadas con la salud ginecológica que no deberían normalizarse, especialmente cuando aparecen después de la menopausia o representan una modificación importante frente al comportamiento habitual del organismo.Una de ellas está relacionada con el cáncer de endometrio, una enfermedad que se origina en el revestimiento interno del útero y que representa el segundo cáncer ginecológico más frecuente después del cáncer de cuello uterino. Registra 8,8 nuevos casos y 1,8 muertes por cada 100.000 habitantes.Esta última cifra también lo ubica como el tercero con mayor mortalidad entre los cánceres ginecológicos, después del cáncer de ovario y el de cuello uterino. Aunque puede presentarse en diferentes momentos de la vida, el promedio de edad al momento del diagnóstico se encuentra alrededor de los 60 años.Una señal que puede pasar desapercibidaUno de los principales retos está en reconocer cuándo un cambio requiere una valoración médica. En este caso, existe una manifestación que aparece con especial frecuencia entre las pacientes y que puede presentarse de distintas maneras.Se trata del sangrado vaginal anormal, presente entre el 75 % y el 90 % de los casos de cáncer de endometrio. Puede aparecer después de la menopausia, entre periodos menstruales o mediante menstruaciones que se vuelven más abundantes, prolongadas o irregulares de lo habitual.Esto no significa que todo sangrado inusual sea consecuencia de un tumor. Existen otras condiciones que pueden provocar cambios similares. Sin embargo, identificar la causa es importante, particularmente cuando se trata de una mujer que ya pasó por la menopausia.“Ante la presencia de un sangrado vaginal fuera de lo habitual, especialmente después de la menopausia, es importante realizar una evaluación médica que permita establecer su causa”, explicó la doctora Adriana Flórez, gerente médica de oncología para GSK Colombia.La especialista señaló que una valoración oportuna puede determinar si son necesarios estudios adicionales y contribuir a identificar de manera temprana posibles condiciones de salud.¿Qué es el cáncer de endometrio?El endometrio es la capa que recubre la parte interna del útero. Su comportamiento cambia durante el ciclo menstrual: aumenta su grosor como preparación para un posible embarazo y, cuando este no ocurre, se desprende durante la menstruación.El cáncer de endometrio aparece cuando las células de este tejido comienzan a crecer de manera anormal.Además del sangrado vaginal, algunas mujeres pueden presentar dolor o presión persistente en la zona pélvica y pérdida de peso sin una causa aparente. Sin embargo, estos síntomas también pueden tener otros orígenes, por lo que no permiten establecer por sí solos la presencia de cáncer.¿Quiénes pueden tener mayor riesgo?La aparición de esta enfermedad puede estar relacionada con una combinación de factores genéticos, hormonales y asociados al estilo de vida.La edad es uno de los factores relacionados con el diagnóstico, aunque el cáncer de endometrio también puede presentarse antes de la menopausia. Entre los elementos asociados se encuentran la obesidad y no haber tenido embarazos.También existen factores genéticos que pueden aumentar el riesgo, entre ellos algunas condiciones hereditarias como el síndrome de Lynch. Determinados cambios hormonales también hacen parte de los factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de este tumor.Tener alguno de estos factores no significa que una mujer vaya a desarrollar necesariamente la enfermedad. Su importancia está en que pueden ser considerados por los profesionales de la salud al momento de evaluar el riesgo individual de cada paciente.¿Cómo se puede detectar?Cuando los síntomas generan sospecha, los médicos pueden recurrir a diferentes herramientas para determinar qué está ocurriendo.Entre ellas se encuentra la ecografía transvaginal y, cuando está indicada, la biopsia endometrial. Este último procedimiento permite obtener una muestra del revestimiento del útero para que sea examinada en un laboratorio.Si los resultados confirman un cáncer, se requieren estudios adicionales para conocer la extensión de la enfermedad y establecer el tratamiento que corresponda a las características de cada caso.“Si se confirma el diagnóstico, se deben realizar pruebas adicionales para establecer la extensión de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado”, afirmó la doctora Flórez.La importancia de encontrarlo a tiempoLa detección temprana es uno de los aspectos que puede marcar una diferencia frente a esta enfermedad. De acuerdo con la información disponible, cuando el cáncer de endometrio es diagnosticado en una etapa inicial, la supervivencia a cinco años alcanza el 90 %.El tratamiento no es igual para todas las pacientes. La cirugía constituye la principal alternativa para la mayoría de las mujeres, pero dependiendo del tipo de tumor, la etapa en la que se encuentre y otros factores individuales, los especialistas pueden considerar diferentes opciones terapéuticas o una combinación de ellas.Los avances científicos también han permitido conocer mejor las características moleculares de estos tumores. Esto ha contribuido a que el tratamiento pueda ajustarse cada vez más a las características particulares de la enfermedad y de cada paciente.“Colombia ya cuenta con opciones de tratamiento para diferentes tipos y estadios del cáncer de endometrio, lo que amplía las alternativas terapéuticas y permite avanzar hacia una atención cada vez más personalizada para las pacientes”, mencionó la doctora Flórez.Por eso, aunque un cambio en el sangrado no necesariamente significa la presencia de cáncer, tampoco debería ser ignorado. Especialmente después de la menopausia, consultar a un profesional de la salud permite determinar qué está ocurriendo y si son necesarios estudios para encontrar la causa.
La operación Horus fue desplegada en zona rural de Chaparral contra una estructura que las autoridades ubican dentro de las disidencias de las Farc asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’. Fueron incautados 11 fusiles, armas cortas, drones, explosivos, munición y equipos de comunicaciones. Las autoridades también reportaron la recuperación y aprehensión de un menor vinculado, según las primeras investigaciones, a actividades de esta estructura.La acción se desarrolló en zona rural de Chaparral, específicamente en el sector de la vereda Hato Viejo, donde tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía del Tolima y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantaron la denominada operación Horus contra integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.Y hay un dato que eleva la importancia del operativo: el adulto capturado pertenecería, según las autoridades, al esquema de seguridad de Florentino Boyocé, alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos, así lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella el 28 de agosto, durante su más reciente visita al Tolima. Las autoridades también lo señalan como presunto responsable de amenazas contra la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas.El primer anuncio sobre la dimensión del operativo lo hizo, desde muy temprano, el presidente Abelardo De La Espriella, quien informó a través de su cuenta de X que la Fuerza Pública había golpeado a esta estructura, a la que ubicó dentro de la facción de alias ‘Iván Mordisco’.Según el mandatario, durante la operación fue capturado un integrante de la organización y se recuperó un menor de edad. También reportó la incautación de 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas para ser utilizadas mediante estos dispositivos.De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno Nacional, a la estructura Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública, acciones que habrían dejado heridos a tres soldados y un policía. También se le relacionan actividades de extorsión y reclutamiento de menores.El presidente señaló, además, que la operación no había terminado y que las autoridades mantenían la ofensiva para localizar a los principales cabecillas de la estructura: “La operación continúa. Vamos tras sus cabecillas”, indicó.El pronunciamiento presidencial puso en evidencia la importancia que desde el Gobierno Nacional se le está dando a esta estructura, cuya presencia ha sido relacionada con diferentes hechos de violencia y presión sobre comunidades del sur del Tolima.La reacción de la GobernadoraPoco después del anuncio presidencial, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, entregó su propio balance y destacó la coordinación entre las instituciones de seguridad.La mandataria señaló que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto del Ejército Nacional, la Policía del Tolima y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.En el consolidado divulgado por la Gobernación aparecen 11 fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, dos drones, diez granadas improvisadas para estos dispositivos, un computador, una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, munición, proveedores y abundante material de guerra e intendencia.La información suministrada por la Gobernadora también reportó la recuperación de un menor de edad, quien habría cumplido funciones como operador de drones, y otro relacionado con actividades de explosivista. Otros reportes periodísticos también registraron la aprehensión de dos menores durante el procedimiento.Matiz destacó el trabajo de los uniformados y aseguró que la ofensiva contra las organizaciones delincuenciales continuará en el departamento. “Con seguridad todo, sin seguridad nada”, expresó la Gobernadora durante su pronunciamiento en terreno.¿Qué es la Comisión Gerónimo Galeano?La denominación GAO-r corresponde a Grupo Armado Organizado residual. Es la categoría empleada por las autoridades colombianas para identificar determinadas estructuras armadas surgidas después de la desmovilización de las Farc y que mantienen capacidad armada y actividades ilegales.En este caso, las autoridades identifican a la Comisión Gerónimo Galeano como una estructura del denominado Bloque Central Isaías Pardo y la ubican dentro de las disidencias asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’.Su área de influencia señalada por las autoridades comprende municipios del sur del Tolima, entre ellos Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.La estructura, según los organismos de seguridad, habría utilizado diferentes mecanismos para ejercer control territorial y obtener recursos, entre ellos extorsiones, amenazas y cobros ilegales a comerciantes, ganaderos, caficultores y habitantes de la región.También es señalada de obtener recursos provenientes de economías ilícitas relacionadas con la explotación de yacimientos mineros, particularmente en el municipio de Ataco.El combate y la ubicación de los integrantesEl operativo comenzó a tomar forma cuando las tropas ubicaron a varios integrantes de la estructura que se movilizaban por zona rural de Chaparral.De acuerdo con el reporte militar, durante las acciones se produjo un combate de encuentro entre las tropas y los integrantes de la Comisión Gerónimo Galeano.En medio del procedimiento fue localizada una camioneta en la que, según las autoridades, se transportaba buena parte del material utilizado por la estructura.El comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, explicó que el resultado fue posible gracias a la articulación de las capacidades militares y policiales y a información de inteligencia suministrada por la Policía del Tolima.El oficial señaló que entre los detenidos se encontraba una persona que, según la investigación preliminar, tendría funciones relacionadas con el manejo de explosivos.También indicó que otro de los menores recuperados o aprehendidos estaría relacionado con la operación de drones utilizados para ataques contra la Fuerza Pública.Once fusiles y más de dos mil cartuchosEl comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, entregó detalles adicionales sobre el material encontrado.El balance incluye 11 fusiles, armas cortas, más de 2.000 cartuchos y 56 proveedores, además de los drones y los artefactos explosivos improvisados. Las autoridades informaron que diez granadas utilizadas o acondicionadas para ataques mediante drones fueron destruidas en el lugar, debido a las condiciones de seguridad del procedimiento.También fueron incautados una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta, chalecos multipropósito, material de intendencia, pancartas alusivas a la Comisión Gerónimo Galeano, una antena Starlink y un computador que, de acuerdo con la Gobernación, contendría información considerada de interés para las investigaciones.El hallazgo de los drones y de los elementos explosivos cobra especial relevancia porque las autoridades atribuyen a esta estructura varios ataques realizados mediante estos dispositivos.Siete ataques con dronesUno de los principales antecedentes que explican el despliegue de la operación está relacionado precisamente con el uso de drones cargados con explosivos.Según el balance entregado por el Gobierno Nacional y las autoridades de seguridad, a la Comisión Gerónimo Galeano se le atribuyen siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, ocurridos en municipios del sur del Tolima y que dejaron tres soldados y un policía heridos.Para las autoridades, la incautación de los drones, las granadas improvisadas, las armas y la munición representa una afectación de las capacidades utilizadas por esta estructura para ejecutar ataques y mantener su presencia territorial.El componente más delicado: el menorPero detrás del arsenal incautado existe otro elemento que preocupa especialmente a las autoridades: la utilización de menores de edad.La información oficial señala que durante la operación fue recuperado un menor relacionado presuntamente con funciones dentro de la estructura armada. Habría sido utilizado, según las autoridades, para operar drones, mientras que otro estaría relacionado con actividades de manejo de explosivos.De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el menor recuperado habría sido víctima de reclutamiento ilícito en el departamento del Cauca.El menor recuperado fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el correspondiente restablecimiento de sus derechos.Una estructura con presión sobre el sur del TolimaEl golpe se produce en un territorio donde las autoridades han venido denunciando la presión de estructuras armadas ilegales sobre las comunidades.Según el reporte oficial, la Comisión Gerónimo Galeano estaría relacionada con extorsiones, amenazas y citaciones a comerciantes, ganaderos, caficultores y otros habitantes, principalmente en municipios del sur del departamento. A esto se suman las investigaciones por posibles actividades vinculadas con economías ilícitas y minería ilegal.Por eso, el resultado de la operación no se limita al decomiso de armas. Para la Fuerza Pública, la incautación del arsenal, los dispositivos tecnológicos, los explosivos, los vehículos y el material de intendencia busca afectar simultáneamente las capacidades armadas, logísticas, territoriales y financieras de la organización.El proceso judicialEl integrante adulto de la estructura que fue capturado quedó a disposición de las autoridades competentes.Según la información suministrada por la Fuerza Pública, deberá responder por delitos como concierto para delinquir agravado; fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y utilización ilegal de uniformes e insignias.Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar las responsabilidades individuales y la situación jurídica de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene el anuncio de continuidad de la operación en la zona.En Chaparral, el operativo deja por ahora un amplio material de guerra fuera de circulación, integrantes de la estructura en poder de las autoridades y menores que deberán entrar en procesos de restablecimiento de derechos.La advertencia de las autoridades es que la ofensiva continuará para localizar a los responsables de las acciones violentas atribuidas a la Comisión Gerónimo Galeano y, especialmente, a quienes ejercen funciones de mando dentro de esta estructura armada en el sur del Tolima.