Protestas en peaje Papiros desata avalancha de demandas entre ciudadanos y autoridades

La polémica en torno al peaje Papiros de Puerto Colombia sigue escalando al plano judicial y penal por cuenta de una serie de demandas que se han interpuesto a partir de las múltiples alteraciones del orden público que se han suscitado alrededor de la caseta.Este martes se lleva a cabo una reunión entre los equipos legales y financieros de la Gobernación del Atlántico y de la Agencia Nacional de Infraestructura, para continuar el traspaso de los 12 kilómetros de la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia a la administración departamental.Pero antes hubo un Consejo de Seguridad en el que Pedro Lemus, gobernador (e) del Atlántico, hizo un llamado a la comunidad para que mantengan la calma mientras se cumple el proceso de desmonte definitivo del peaje Papiros, que se daría en menos de 60 días.El funcionario fue quien advirtió que se han interpuesto varias denuncias, tanto por parte de los manifestantes, como de la Personería de Puerto Colombia, la Alcaldía de este municipio y el Concesionario Ruta Costera.“Desde la Gobernación tenemos que ser garantistas de los derechos, tanto en un sentido, como en el otro. Recordemos que todo esto afecta a toda la ciudadanía y hoy estamos activando todas las rutas para poder garantizarles los derechos a todas las personas que se han visto afectadas de una u otra forma. Seguiremos atento a las respectivas investigaciones que se vienen adelantando”, enfatizó Lemus.Preocupa la utilización política de los peajes: GobiernoEntretanto, los ministerios de Defensa, Interior y Transporte emitieron un comunicado conjunto sobre las disputas alrededor de los peajes del país, como ha ocurrido con Papiros en Atlántico.Desde el Gobierno aseguran desconocer “el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones”.Los ministros dicen que les “preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes”, y dejan claro que “el Gobierno nacional debe responder al bien general sobre el bien particular y, a partir de ahí, con base en información de contexto territorial, tomar las decisiones pertinentes”.