Tras más de 12 horas del cierre de la Troncal del Occidente por la presencia de varias artefactos explosivos puestos en la vía, al parecer, por el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', el Ejército Nacional logró habilitar el paso de vehículos tras detonar los elementos puestos en la carretera.Sin embargo, el miedo y la tensión se apoderaron de esta zona del Norte antioqueño luego de que en pleno operativo militar y cuando expertos explosivitas hacían la detonación de uno de los artefactos, ilegales hostigaron a la Fuerza Pública.Una vez superado este impase de orden público, fue habilitado el tránsito en la vía que comunica a la ciudad de Medellín con la costa Atlántica, tras las labores de seguridad del Grupo Liviano de Caballería y la intervención oportuna de los soldados especialistas en explosivos del Grupo Marte.El brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, entregó un parte sobre la operación que mantuvo cerrada la vía por más de 12 horas."Fueron desactivados dos cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde podían haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento", aseguró el uniformado.Las acciones de la Fuerza Pública permitieron entonces la destrucción controlada de los artefactos explosivos que afectaban la movilidad en este corredor vial, contribuyendo a restablecer el paso seguro para transportadores y comunidades de la zona vital para el desarrollo del país.Por ahora, el personal militar continúa haciendo presencia en el lugar, con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las acciones terroristas de los grupos criminales que delinquen en la región del Norte antioqueño.
Tal como se evidenció en los escrutinios municipales, al término de la fase de revisión departamental tampoco hubo mayores cambios en la repartición de votos en el Caribe, con respecto al preconteo: Iván Cepeda se mantiene como ganador de esta zona del país con 651.768 votos más que el presidente electo Abelardo De La Espriella.A nivel regional, Cepeda obtuvo 206 votos más luego finalizar los escrutinios departamentales, y quedó con más de 2.350.000 sufragios, alrededor del 57.3%; mientras que De la Espriella perdió 801 votos, para un total aquí de más de 1.699.000 sufragios, equivalentes al 40,8%.En el caso del Atlántico, Iván Cepeda terminó con 251 votos más que los que le contabilizaron en el preconteo, mientras que Abelardo perdió 296 votos, manteniendo una diferencia entre ambos de más de 227 mil sufragios, a favor del candidato del Pacto Histórico.En Atlántico se presentaron tres apelaciones, de las cuales dos fueron resueltas y una más fue rechazada porque se presentó por fuera del tiempo establecido, cuando ya se habían oficializado los resultados.En el resto del CaribeEl único departamento que no registró variaciones entre el preconteo y los escrutinios fue el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Allí se mantuvieron los mismos resultados para ambos candidatos. Iván Cepeda obtuvo 12.311 votos y Abelardo de la Espriella 10.024.En Córdoba, el candidato del Pacto Histórico perdió 251 votos en los escrutinios y terminó con 498.935 sufragios, mientras que en La Guajira le fueron descontados cuatro votos. En contraste, Abelardo de la Espriella aumentó su votación en ambos departamentos: sumó 295 votos en Córdoba, para un total de 348.895, y 19 en La Guajira, donde alcanzó los 126.520 sufragios.En el departamento del Cesar, los escrutinios restaron 275 votos a Abelardo de la Espriella, quien cerró con 265.370 sufragios. Por su parte, Iván Cepeda ganó 55 votos adicionales tras la revisión y alcanzó una votación final de 281.785 sufragios.Finalmente, en Sucre, Iván Cepeda sumó 93 votos durante los escrutinios y cerró con 279.405 sufragios, mientras que Abelardo de la Espriella obtuvo nueve votos adicionales y alcanzó los 188.389. En Magdalena también se registraron ajustes al alza para ambos candidatos: Cepeda ganó 25 votos y terminó con 347.253, mientras que De la Espriella sumó 37 sufragios más, para un total de 255.135 votos.
En el Caribe, más de 5 millones 100 mil personas salieron a votar este domingo, en una jornada que, en términos generales, transcurrió en calma, más allá de algunas situaciones particulares, como la registrada en Valledupar, donde a una persona le impusieron un comparendo por intentar destruir una urna. Mientras tanto, en Cantagallo (Bolívar), las autoridades incautaron 114 millones de pesos que eran transportados en una camioneta.Sobre la asistencia a las urnas, esta vez participó el 57,7 % de los votantes, un 7 % más que en las votaciones de mayo, dejando como resultado una victoria consolidada de Iván Cepeda en esta región, quien no solo conservó los departamentos donde había ganado en primera vuelta, sino que amplió las diferencias frente a Abelardo de la Espriella en casi todos ellos.Iván Cepeda se impuso en los ocho departamentos de la región Caribe durante estas votaciones de segunda vuelta presidencial, en las que obtuvo 2.942.845 votos, equivalentes al 58,46 %, frente al 41,54 % que obtuvo Abelardo de la Espriella, representados en 2.090.646 sufragios. La diferencia fue de 852.199 votos.El Atlántico siguió siendo el mayor fortín electoral para Cepeda, al ser el departamento de la región que aportó la mayor votación para el candidato del petrismo. Allí obtuvo 732.403 votos (58,61 %), frente a 505.091 sufragios (40,42 %) de De la Espriella, una diferencia de 227.312 votos.Eso sí, ambos aumentaron su votación en esta contienda: Cepeda sumó más de 183.000 votos respecto de la primera vuelta, mientras que su rival incrementó su caudal electoral en 72.307 sufragios.Llama la atención que en Cesar, Bolívar y San Andrés se amplió considerablemente la diferencia entre ambos candidatos en comparación con los resultados de mayo. Por ejemplo, en Cesar, la diferencia en primera vuelta fue de apenas 617 votos a favor de Cepeda, mientras que esta vez alcanzó los 16.111 votos, consolidando allí la victoria del candidato petrista.La Guajira fue uno de los departamentos con mayor respaldo porcentual para Cepeda. Allí obtuvo 198.557 votos (60,45 %), frente a 126.501 sufragios (38,51 %) de De la Espriella.En Sucre, Cepeda obtuvo 279.312 votos (59,19 %), frente a los 188.380 de De la Espriella (39,92 %), mientras que en Magdalena alcanzó 347.228 sufragios (57,02 %), contra 255.098 (41,89 %) de su contendor.En Córdoba, Cepeda consiguió 499.149 votos (58,28 %), mientras que De la Espriella obtuvo 349.190 (40,77 %), consolidando una ventaja cercana a los 150.000 sufragios.
Pese a las acciones de las autoridades y la fuerza pública para garantizar la seguridad durante los comicios presidenciales del próximo domingo, siguen los riesgos latentes en Antioquia por cuenta de posibles acciones terroristas que podrían ejecutar grupos armados.Así quedó evidenciado en las últimas horas en la vía Medellín - Costa Caribe, luego de que tropas de Grupo Liviano de Caballería N.° 9 hallaran al menos 13 artefactos explosivos del ELN en un sector conocido como La Frisolera, entre los municipios de Yarumal y Valdivia.Tras reportarse la novedad, fue necesario el cierre preventivo del corredor por varios minutos, mientras se realizaban las respectivas labores de inspección y detonación controlada de estos elementos de bajo poder.En el lugar fueron hallados también una bandera alusiva al grupo subversivo, además de algunas municiones y material de intendencia que quedó en poder de las autoridades.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que se mantiene un seguimiento permanente a acciones de este tipo previo a las elecciones, pues precisamente con elementos de esta naturaleza buscan atentar contra la Policía y el Ejército."El principal riesgo para la fase pre, durante y post electoral de estos grupos armados ilegales de realizar acciones contra los dispositivos de la fuerza pública asignados para los comicios", afirmó el funcionario.Por cuenta de la novedad en esta importante vía hacia el Bajo Cauca y el norte del país se generaron largos trancones que fueron atendidos por parte de autoridades de movilidad para recuperar cuanto antes el tránsito habitual por esta zona.
Estudiantes de tres instituciones en Barranquilla: la I.E.D. Cultural Las Malvinas, al Colegio Bolivariano del Sur y a la I. E. D. La Esperanza del Sur, estarían siendo amenazados por el grupo delincuencial ‘Los Pepes’, a través de un panfleto que difundieron en redes sociales este domingo.Advierten que varios estudiantes estarían colaborando con ‘Los Costeños’, por lo que consideran objetivo de sus ataques a cualquiera que vean portando los uniformes de estas tres instituciones.Ante esta amenaza contra el estudiantado, la Policía Metropolitana de Barranquilla reforzó la seguridad adentro y afuera de estos planteles educativos, donde hacen presencia con más uniformados desde las 5:30 de la mañana.Asimismo, comunicó la institución que “realizan labores para verificar la autenticidad de los panfletos”.En esa línea de intervención, la Policía también abordó la problemática del acoso escolar en visita a varios colegios, brindando herramientas para su prevención, detección y atención oportuna, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la sana convivencia.Como parte de este componente formativo, se contó con la participación de los talleristas de la Oficina para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.Adicionalmente, se implementó el programa “Abre tus ojos”, estrategia institucional que busca sensibilizar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que vulneran su integridad, fortaleciendo factores de protección en sus entornos.“Estas acciones están orientadas a brindar acompañamiento permanente a estudiantes, docentes y padres de familia, consolidando entornos escolares seguros, protectores y libres de violencia, a través de la cercanía institucional y la corresponsabilidad ciudadana”, explicó la Policía en un comunicado.
Yuleidis Fernanda Charris Reales, de 40 años, es la más reciente víctima mortal de un procedimiento estético practicado en lugares que no cuentan con los más mínimos estándares de salubridad. Blu Radio conoció que en la liposucción que le practicaron en una vivienda del barrio Las Nieves, habrían empleado una cánula de un diámetro muy amplio que le habría dejado unos grandes agujeros en el abdomen, cuyas heridas terminaron infectándose y generando su muerte.Así, cuando Charris Reales llegó con graves síntomas al Hospital de Santo Tomás y luego al Hospital Universidad del Norte el pasado 5 de abril, ya presentaba un shock séptico, o sea que su sistema cardiovascular ya no podía más con el estrés por la infección.Familiares de la víctima sostuvieron que la mujer se había realizado un procedimiento estético consistentes en reducción de los brazos, y retoques abdominales el día 30 de marzo del presente año en el barrio Las Nieves. Agregaron que el 5 de marzo le manifestó a su compañero sentimental sentir fuerte dolor, por lo que fue trasladada al centro asistencial de Santo Tomás. Fuentes médicas consultadas sostuvieron que estos procedimientos realizados en lugares no aptos como clínicas de garaje, suelen poner en riesgo la vida de las mujeres por la pésima asepsia y antisepsia prequirúrgicas que les practican, por lo que la infección termina generando trágicos desenlaces como en el caso de Yuleidis, quien falleció el 6 de abril, hacia las 3:00 de la tarde.Con este caso el llamado de las autoridades y los profesionales de la salud es a practicarse estos procedimientos en clínicas, hospitales y con profesionales avalados por las autoridades de salud.El funeral de Yuleidis Fernanda Charris se realizó este miércoles en el cementerio de Palmar de Varela, municipio del que era oriunda. Deja una hija y un esposo que hoy lamentan su trágico fallecimiento. La Policía y la Fiscalía ya investigan el hecho para dar con los responsables.
A consideración del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce está habilitada para retomar este cargo en la institución, pues ya cumplió la condena que le fue impuesta por el delito de abuso de confianza calificada y agravada.Como se recordará, en 2019 Gette fue condenada a 5 años y tres meses de prisión, e inhabilitada para hacer cargos durante el mismo tiempo de la privación de la libertad, por transferir un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal que poseía en Estados Unidos.No obstante, el juez Néstor Segundo Primera consideró que “una vez cumplida la pena, no se le puede cercenar” o seguir señalando por esto mismo, y llamó la atención en que en los estatutos de la universidad no figura una “inhabilidad por sentencia condenatoria”. De hecho, aseguró que, en caso de existir este tipo de inhabilidades, “se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.La decisión del juez se da en primera instancia como parte de un proceso de restablecimiento de derechos a Gette Ponce por haber sido retirada de la rectoría, cuando ella pidió una licencia para enfrentar su proceso judicial.En este caso, el togado la reconoce como víctima, pues hay indicios de que habrían sido falseadas las actas de las reuniones en las que se escogió a Ramsés Vargas como rector para asumir el reemplazo de Gette.Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación y de la Uniautónoma apelaron la decisión e, inclusive, presentarán sus argumentos el próximo 13 de abril para sustentar por qué no están de acuerdo con que Gette sea reconocida como víctima. El Ministerio insiste en que, si hubo irregularidades en el nombramiento de Ramsés Vargas, el engaño fue para esta entidad y es esta quien debe figurar como víctima.
La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte (Asoganorte) fue enfática en manifestar, a través de su director, Jorge Rodríguez, que la exportación de carne a mercados como el chino, no pone en riesgo el abastecimiento interno. Señaló el dirigente que la orden de frenar esas exportaciones, como lo anunció en la noche del pasado martes el presidente Gustavo Petro, se suma a otras medidas del Gobierno que vienen afectando la producción agropecuaria en el país.Rodríguez detalló que, en el 2025, el país exportó 34.000 toneladas de carne a China, y paralelamente a eso el consumo nacional aumentó, lo que evidencia que el precio no va a bajar y tampoco está en riesgo el autoabastecimiento.“En 2025 exportamos 34.000 toneladas de carne a China. Esta es una cifra importante teniendo en cuenta que se arrancó de cero, pero Brasil exportó más de 4 millones, por lo que todavía estamos muy lejos de esas cifras. Entonces, esta medida que anuncia el presidente en nada beneficia a los ganaderos, al contrario, se maltrata y se frena nuestro trabajo de incentivar la generación de ganadería de mayor calidad, tratando de sacar mejor carne para vender en el mercado nacional e internacional”.Rodríguez también fue claro al asegurar que no es cierta la afirmación del presidente acerca de que las exportaciones de ganado en pie son de vacas y terneros, porque eso va en contra de los principios básicos de autosostenimiento de los ganaderos.Añadió que las exportaciones a China se hacen con ganado en pie y la mayoría son machos.“Sí existen algunas hembras que van a sacrificio, pero eso no quiere decir que los ganaderos nos vamos a quedar sin vientres para poder producir. El ganadero en su arte diario necesita novillas y vacas para lograr el sostenimiento y crecimiento de su hato, por lo que no podemos decir que nos vamos a quedar sin vacas en el país”, comentó.Sobre el consumo de carne en el país, el director de Asoganorte destacó que los colombianos hoy comen más este producto al pasar de 16,4 kilos por persona al año a 18,4, lo que también indica que los precios se mantendrán estables y muy posiblemente su consumo siga en aumento por variables como el incremento del salario mínimo.Jorge Rodríguez también advirtió que estudian la posibilidad de sumarse a un paro nacional junto a otros sectores del campo por medidas tomadas por el Gobierno nacional como el excesivo crecimiento en el cobro del avalúo catastral, lo que generaría pérdidas que afectarían a cientos de miles de familiasSobre las medidas anunciadas por el presidente, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, dijo que el Gobierno detectó un aumento en la exportación de ganado en pie, especialmente machos entre uno y dos años, y la salida de vientres, lo que podría afectar la reposición del hato ganadero en el país. Sin embargo, la funcionaria precisó que no se puede “prohibir la exportación de carne porque hay unos contratos”, pero sí se necesita “garantizar el hato ganadero y el abastecimiento interno”.
Blu Radio conoció que primicia que el Gobierno ya tiene la hoja de ruta para avanzar hacia los diálogos de paz con la banda criminal Los Costeños y en ella se plantean acciones clave para llevar a cabo estas conversaciones y lograr el sometimiento a la justicia de esta estructura armada organizada.Es así como en el documento al que obtuvo acceso a Blu Radio se establece que, “para el desarrollo de la mesa de conversación sociojurídica, se evaluará la suspensión de las órdenes de captura de los miembros representantes” de la estructura mencionada y que, “en caso de considerarse viable, el Gobierno justificará la solicitud de la medida a la autoridad judicial competente, para que esta si lo considera, apruebe dicha solicitud”.La decisión estaría en manos de la Fiscalía que, por cierto, decidió reactivar las órdenes de captura vigentes contra 16 cabecillas de grupos delincuenciales que estaban en el proceso de Paz Total en otras zonas del país.Además, como parte de esa hoja de ruta trazada, se volverá a evaluar el traslado de cárcel de los integrantes que estén privados de la libertad, “previa solicitud de los mismos líderes de estas estructuras”.El traslado de los cabecillas de las bandas criminales a cárceles de Barranquilla se frenó en enero pasado ante la polémica que esto desató en la ciudad por el riesgo que podría implicar la llegada de esos privados de la libertad a la capital del Atlántico.Sin embargo, ahora la hoja de ruta establece condiciones frente a estos traslados, por ejemplo, entrevistas a dichos privados de la libertad para verificar su voluntad de paz, la suscripción de un acuerdo de buen comportamiento, así como la presentación de un informe mensual que registre el cumplimiento de metas por parte de los reclusos en su rol de paz.Como parte del plan de sometimiento a la justicia, el documento afirma que se podrá proponer a la Fiscalía General de la Nación el uso de preacuerdos como mecanismo principal para la terminación anticipada de los procesos, principios de oportunidad, aceptaciones de cargos y preclusiones.Vale anotar que este proceso también contaría con acompañamiento internacional: por un lado, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que podría monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa, como cese al fuego, desmovilización y desarme, y, por otro lado, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que podría aportar asistencia técnica.BLU Radio consultó al equipo jurídico de Los Costeños sobre el documento y este consideró que “el texto es muy genérico, pues no presenta metas, ni alcances ni tiempos”. Criticó que “se enfocan en otras circunstancias que no solucionan el conflicto”.
A Keyla Vargas no le queda más que llorar de indignación por la muerte de su bebé de tan solo 50 días de nacido, mientras su cuerpo aún se recupera de la cirugía de cesárea. Los dolores se mezclan, pero no se confunden, aunque uno es físico, el otro lo siente en su corazón de madre que se quedó con los brazos vacíos porque los trámites administrativos habrían sido un obstáculo para la oportunidad de vida que pedía para su hijo.Keyla, quien el 18 de marzo fue conocida en el país por bloquear una vía nacional en Bosconia, Cesar, para llamar la atención de Nueva EPS con el fin de que trasladaran a su hijo a un centro de alta complejidad, tuvo una lucha a cuenta gotas mientras se deterioraba la salud de su hijo. Después del traslado a una clínica en Cartagena, la lucha fue por conseguir una autorización para que le hicieran la cirugía de corazón que tanto necesitaba para combatir los ataques ciánoticos que le daban por falta de oxigenación en la sangre."No sé si la clínica había o no solicitado la cirugía o si fue demora de la eps, pero me lo operaron antes de ayer. Quince días después de la protesta que yo tuve que hacer en Bosconia para que me lo trasladaran", contó la mujer. Keyla, con el dolor indescriptible de haber sepultado a su primer hijo aún recién nacido, solo pide más humanidad y cero negligencia en el sistema de salud."Que se pongan la mano en el corazón los encargados de las remisiones. Tuve que pelear y tuve que hacer paro. Tuve que hacer protesta para poder tener respuesta para que mi hijo pudiera ser atendido. Así él fuera a morir, para que pudiera tener su derecho a lo que le requerían para su enfermedad", comentó la madre, quien espera respuestas. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, lamentó lo sucedido y cuestionó si las demoras en practicar esta cirugía pudieron haber incidido o no en el desenlace del menor, por lo que pidió que esto sea analizado.Por el caso, Blu Radio consultó a Nueva EPS por una respuesta sobre el manejo del caso, a lo que se está a espera de esta. Respuesta de la Nueva EPSAl respecto, la Nueva EPS informó que "en la IPS Clínica Neuro Cardiovascular- Neurodinamia, el menor fue manejado por un equipo multidisciplinario conformado por cardiólogo, intensivista, cirujano cardiovascular y hemodinamista pediátrico".En la mencionada clínica, indicó la EPS, se llevó a cabo "la realización de los estudios especializados que fueron analizados en junta médica y se definió su manejo quirúrgico, el cual fue realizado el 2 de abril". Luego se dio "continuidad de manejo en unidad de cuidado intensivo pediátrico", pero "a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, el menor falleció el 5 de abril de 2026"."Nueva EPS lamenta profundamente el fallecimiento del menor afiliado a la entidad y expresa su solidaridad y sentidas condolencias a sus padres, familiares y seres queridos en este difícil momento", manifestó la EPS.
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
